Opinión
Hemos escuchado diversas voces que relevan la necesidad de diálogo entre los convencionales durante el proceso constituyente, ¿pero a qué nos estamos refiriendo exactamente? ¿Basta con la posibilidad de que exista un debate, un intercambio de posiciones, argumentos y contrargumentos?
Un proceso de diálogo supone una disposición entre los interlocutores a escuchar posturas u opiniones que son diferentes a las propias, haciendo un esfuerzo por comprender las experiencias y valores que sustentan sus convicciones, aceptándolas como válidas a pesar de que no se compartan. El diálogo se caracteriza por su cualidad generativa, implica comunicarse con una actitud de apertura que nos permite escuchar y considerar que es posible integrar visiones distintas y transformar las propias percepciones para construir algo en común, algo nuevo que no estaba allí antes de la interacción comunicativa.
En el Congreso el proceso de deliberación normalmente está precedido de un debate, en el cual los discursos tienen por objeto convencer a otros que la propia postura es la correcta, descalificando la contraria, ya sea por estimar que son producto de un error o, bien, juzgando las verdaderas intenciones de quienes las sostienen. En este contexto, los acuerdos responden a una lógica transaccional, en la cual los diferentes grupos ceden en parte sus posiciones para alcanzar en parte sus intereses, dividiendo o compensando las diferencias. El debate que se da en los escenarios políticos suele tener poco de dialogante y mucho de posicional, es decir, se estructura en función de discursos rígidos, que se repiten constantemente, y que presentan la realidad de manera excluyente, no permitiendo por definición lograr acuerdos, a menos que una de las partes ceda.
Dicho esto, no visualizar la necesidad prioritaria de construir una metodología de diálogo entre los convencionales, trae aparejado el riesgo de que los intercambios comunicacionales entre los convencionales sean vistos por la ciudadanía como el espacio tradicional de confrontación política que muchas veces ha resultado estéril para construir soluciones a los problemas sociales del país.
El proceso constituyente representa una oportunidad única para construir en nuestro país un nuevo ethos social, el cual necesariamente debe emerger desde la diversidad de visiones, percepciones, convicciones, y valores que están representados en la Convención Constituyente. Por ello, estimamos necesario hablar sobre los modos de conversar que adoptarán los convencionales, y pensar en las estructuras, los procesos y las metodologías para incorporar la participación efectiva de los ciudadanos en la Convención y abrir espacios al diálogo en el proceso constituyente, donde todas las voces pueden escucharse, y cada convencional puede manifestar sus ideas y convicciones en un espacio de respeto que permita integrar diversos intereses mediante un consenso para alcanzar los quórums necesarios de la nueva Constitución.
La gestión constructiva de conflictos como disciplina, ha tenido importantes desarrollos desde que se asentara en la década del setenta, mediante la institucionalización de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los sistemas judiciales. Su avance se evidencia principalmente en la consolidación de metodologías que permiten abordar, por medio del diálogo, conflictos cada vez más complejos, ya sea por la multiplicidad de actores involucrados, por la naturaleza política o colectiva de los intereses presentes, o por la intensidad de la dinámica de escalamiento que ha cursado la disputa.
Las metodologías de construcción colaborativa de consensos, o también llamadas de diálogo democrático, tienen como objetivo el abordaje de los conflictos públicos o sociales que involucran a un gran número de personas y organizaciones, o bien a la comunidad toda, con representación de diversos intereses sociales, siendo posible en estos casos diseñar un proceso que asegure la participación plena, el diálogo, la comprensión mutua entre todos los actores involucrados, y la orientación hacia el logro de soluciones inclusivas en las cuales prime el interés común.
Asimismo, dentro del movimiento que promueve la cultura de la paz, encontramos las propuestas metodológicas que abordan los conflictos estructurales en sociedades altamente polarizadas o que están viviendo procesos de violencia explícita, llamados procesos de construcción de paz, los cuales tienen por objeto crear una plataforma de cambio social con los propios actores para construir una transformación de las relaciones conflictivas que tenga sustentabilidad, a partir de los recursos existentes en las comunidades afectadas.
El desarrollo y avance de nuestra disciplina, nos permite tener la convicción de que el proceso constituyente se beneficiará con la incorporación de metodologías que aseguren que la nueva Constitución será producto de un diálogo participativo, democrático e inclusivo.
Finalmente, es posible que este desafío requiera sumar esfuerzos, destinar recursos, incorporar apoyos técnicos e integrar facilitadores, que diseñen y sostengan una metodología de diálogo y construcción de consensos en la dinámica de la Convención. Como profesionales que trabajamos en el manejo constructivo de las diferencias, creemos que, siendo esta la primera vez que una Constitución se escribirá en Chile por constituyentes electos, vale la pena el esfuerzo.
Benjamín Astete Heimpell, profesor del Programa de Negociación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Paula Correa Camus, profesora de Mediación y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.
Marcela Fernández Saldías, profesora de Resolución Alternativa de Conflictos y Mediación de la Facultad de Derecho la Universidad de Valparaíso.
M. Soledad Lagos Ochoa, profesora de Solución Alternativa de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Marcela Le Roy Barria, profesora de Negociación y Mediación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
