Opinión
La elección democrática de los gobernadores regionales es el último eslabón de un prolongado proceso de reformas que comenzaron en la década del setenta, con antecedentes en la década del sesenta y en otras incitativas que no pasaron del borrador. El régimen regional quedó plasmado en la Constitución de 1980 y, tras la recuperación de la democracia, fue gradualmente democratizando sus órganos; primero, con la elección democrática de los consejeros regionales (antes elegidos por los concejales de los municipios) y ahora con la elección popular de los gobernadores regionales.
El proceso de instalación de las nuevas autoridades ha estado marcado por las desinteligencias del gobierno que, teniendo tiempo suficiente para hacerlo de mejor manera, no ha acondicionado las instalaciones de las futuras autoridades regionales, ha mantenido las dependencias de los intendentes para los delegados presidenciales en lugar de destinarlas a los gobernadores electos.
Como guinda de la torta, promovió un recorte del presupuesto de instalación/operación de las nuevas autoridades para trasladar esos recursos a los delegados presidenciales. El reclamo unánime de los gobernadores terminó por revertir esa decisión, pero pone en evidencia tres aspectos significativos a considerar: la deficitaria capacidad de gestión de un gobierno para atender los requerimientos del proceso de instalación; algo semejante a lo observado con la Convencían Constitucional; la deficiente lectura del escenario por parte del gobierno considerando que la demanda de autonomía y equidad territorial es una de las banderas del estallido social y de los procesos de cambio que serán motivo de debate en el proceso constituyente; más allá de las débiles competencias de las nuevas autoridades y de los interrogantes que surgen en torno a la relación con los delegados presidenciales, los gobernadores serán actores políticamente relevantes en el nuevo escenario.
Con todo, estos problemas no pueden opacar lo que, sin dudas, es una muy buena noticia que nos pone a la altura no solo de la mayoría de los países desarrollados sino de muchos países de América Latina que, con una estructura unitaria, han avanzado en la democratización del régimen político territorial y en descentralización fiscal. Tal es el caso de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador.
No obstante, se trata del inicio de un proceso que abre oportunidades, pero en el que su aprovechamiento depende de futuras iniciativas. En tal sentido, hay tres focos que se pueden destacar.
En primer lugar, es necesario dotar a los gobiernos regionales de más recursos. Es sólida la evidencia que vincula positivamente al proceso de descentralización con el mayor desarrollo y equidad territorial. Ello porque una de las ventajas del proceso de descentralización es que permite un mayor alineamiento entre las necesidades de los territorios y el diseño e implementación de las políticas públicas. Tanto porque permite que existan políticas específicas en los territorios como por la posibilidad de ajuste de políticas nacionales en función de las particularidades territoriales.
El despliegue de políticas territoriales requiere de dotar con más recursos a los gobiernos regionales y con más capacidad de incidencia a las autoridades territoriales en la asignación de los recursos del gobierno nacional en los territorios. Tal como destaca el informe “Más allá de Santiago: descentralización fiscal en Chile”, nuestro país cuenta con un gasto público altamente centralizado, pues el 14,5 por ciento del gasto es ejecutado por gobiernos subnacionales versus el 27,4 por ciento promedio en la OCDE. Algo similar se verifica para la recaudación fiscal, ya que 16,5 por ciento es a nivel subnacional versus 28,9 por ciento promedio en la OCDE.
En segundo lugar, la disminución de las brechas de desigualdad territorial. En el contexto del estallido social, han abundado los ejemplos y datos sobre la magnitud de esas desigualdades que grafican cómo las posibilidades de desarrollo se ven dramáticamente afectadas por el territorio donde nacemos. El Índice de Calidad de Vida Urbana deja en evidencia las diferencias en relación a la cantidad de áreas verdes urbana por habitante (en este aspecto, lo recomendable es que cada existan 10m2 por habitante; en Chile, el promedio es 3,3 m2 por habitante con diferencias muy marcada: mientras en la Región Metropolitana existen 3,6 m2 por habitante, en las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota hay solo 1,5), o la limitada cantidad de servicios disponibles (como bancos, farmacias, notarias, supermercados) o la inequitativa distribución de la dotación de Carabineros. El informe del PNUD “Desigualdad regional en Chile” identifica, entre otros aspectos, brechas significativas en acceso a la salud y a la educación superior: “los datos muestran que, mientras las regiones Metropolitana y de Magallanes se benefician de una alta densidad de médicos especialistas, otras como el Maule, Tarapacá, O´Higgins y Coquimbo presentan una baja tasa de estos profesionales, que se acompaña de deficiencias en infraestructura de salud”.
Desde este punto de vista es fundamental que el proyecto de Ley de Rentas Regionales (ingresado al congreso en septiembre del año pasado) avance rápidamente y que las iniciativas que considere se orienten no solo a incrementar los recursos regionales sino a disminuir las brechas entre los territorios.
El tercer foco es el traspaso de competencias. Inicialmente, este mecanismo establecía la posibilidad que, a solicitud del Presidente, se podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, de forma temporal o definitiva, una o más competencias de los ministerios y de los servicios públicos en materia de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural. Posteriormente, se ampliaron a competencias radicadas en otros ministerios y servicios. A partir del próximo año, se abre la posibilidad que sean los gobiernos regionales los que soliciten la transferencia de la competencia.
La institucionalidad que regula dicho proceso está conformada por el Comité Interministerial de Descentralización, de carácter asesor, integrada por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Hacienda, el Ministro Secretario General de la Presidencia, el ministro concerniente y el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva, la Comisión de estudios (conformada de manera paritaria por equipos designados por el gobierno central y regional) y un tercer experto. Todavía quedan varios asuntos que resolver en esta materia: el cuestionado “silencio administrativo” -que establece que si, ante una solicitud de transferencia por parte del gobierno regional, no hay respuesta en un plazo de seis meses, ésta se entiende como rechazada-, el rol de la Contraloría como entre dirimente en caso de desacuerdo entre el Gobierno regional y los Delegados presidenciales así como el deber de la autoridad regional de coordinarse con el Delegado y el órgano responsable de la materia en el gobierno central.
El mecanismo de traspaso de competencias abre la posibilidad de reconocer las diversidades regionales y la importancia de la agenda regional y cómo está se traslada al campo de las facultades que tenga el gobierno regional para hacerse cargo de asuntos relevantes de la sociedad regional. Se rompería, de ese modo, una perspectiva uniforme y homogeneizadora en donde todas las regiones tienen que ocuparse de aquellos mismos asuntos que han sido predefinidos por el gobierno central.
La elección democrática del gobernador regional es una gran noticia al democratizar el régimen del gobierno regional. Por sí sola no constituye una solución, pero contribuye a la construcción de un camino que permitirá impulsar nuevas reformas que reconozcan la diversidad social, cultural y territorial y a generar un entorno en el que las preocupaciones y sueños de las ciudadanías regionales se puedan materializar. Quizás, el desafío más relevante de este proceso es avanzar en la consolidación de las capacidades regionales para la construcción de un proyecto colectivo.
