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La seguridad ciudadana de Gabriel: prioridades del nuevo Gobierno

por 21 diciembre, 2021

La seguridad ciudadana de Gabriel: prioridades del nuevo Gobierno
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Hoy las plazas de Chile están llenas de gente. Así resumía en su discurso de victoria el ahora Presidente electo, Gabriel Boric, el sustrato de las que serán sus políticas de gobierno. Participativas y pensadas desde los territorios. Pero con esto también nos demostraba que entendió un hecho fundamental: que él no fue necesariamente el candidato de los muchos que le dieron su voto. Y esto lejos de ser funesto, constata una realidad que Gabriel asumió y bajo la cual entiende deben diseñarse e implementarse sus compromisos presidenciales. Nuevamente, con todos y todas, horizontalmente, apegado a las necesidades cotidianas. 

Políticamente serán unos primeros meses del 2022 afrontados a una exigencia y a una incertidumbre. Aquella estará marcada necesariamente por la búsqueda de consensos en el Congreso que para esta legislatura presentará bancadas tradicionales erosionadas, la consolidación de otras fuerzas políticas y el surgimiento de nuevos actores. Mientras que la incertidumbre descansará en la reestructuración normativa y administrativa del Estado –y del poder– que traerá la nueva Constitución, de la cual aún no sabemos mucho. 

En este contexto, es la agenda de seguridad ciudadana la que ocupará un lugar preponderante en la nueva gestión, junto a la agenda económica/social. Considerando el hecho que este ítem ocupó parte principal de los programas de prácticamente todos los candidatos presidenciales, resulta inevitable comenzar a sopesar las primeras postas a alcanzar.

Ante ello, se vislumbran 5 prioridades y 9 desafíos.

PRIORIDAD N° 1: Reformar las fuerzas policiales. El programa de Boric entendió la legitimidad no solo como el resultado de la eficacia, sino también como una consecuencia natural de una policía transparente, democrática y cercana a la comunidad. 

Primer desafío: Conjugar la urgencia con la prudencia, entendiendo que lo comprometido es una reforma a 10 años plazo. Se deberá propender a un justo equilibrio entre cambios de corto y largo plazo con efectividad de las medidas. Mientras aquellos hacen referencia a modificaciones en la formación y en la carrera profesional del contingente, estos ponen foco en el cambio cultural requerido por las policías a objeto de permear su gestión con los nuevos principios introducidos.

Segundo desafío: Reconstruir la legitimidad de las instituciones. Es decir, recomponer las confianzas, la credibilidad y la autoridad. Esto viene de la mano con un férreo control civil de lo operativo, financiero y administrativo, con una base en el respecto de los DD.HH., y evidentemente con la capacidad profesional de cumplir eficazmente sus labores de prevención, control e investigación del delito.

PRIORIDAD N°2: Mejorar la política de control de armas. Por un lado, tenemos la actual normativa, y por otro, la política en la cual se deberá enmarcar. Se debe asumir que la deficiencia de la actual ley y la laxitud de su eficacia tienen directa relación con el aumento del poder de fuego del crimen organizado en territorios vulnerables. 

Tercer desafío: Separar la burocracia que regula y controla las armas de aquella que las utiliza. Esto no quiere decir otra cosa que traspasar la supervigilancia y control de armas desde la DGMN, al nuevo ministerio encargado de la seguridad pública. En esto subyace lo más importante: también mayor control al uso que le dan las fuerzas policiales a su armamento. 

Cuarto desafío: Diseñar una política de desarme de la población civil, con el fin de eliminar los baches perversos de la actual regulación que hacen relativamente sencillo la adquisición de armas por civiles, el uso de testaferros y, en general, el traspaso de armas desde la legalidad a la ilegalidad. 

PRIORIDAD N° 3: Perseguir al crimen organizado. La línea base consiste en entender que el problema de fondo es el crimen organizado, del cual el narcotráfico es una expresión igualmente perniciosa. Por lo tanto, se debe considerar el fenómeno de manera integral. 

Quinto desafío: Ampliar la persecución penal a toda la cadena logística, esto es, a pequeñas y grandes asociaciones criminales, nacionales e internacionales. Integrar a las políticas en la materia la persecución del tráfico al menudeo en poblaciones, la importación de drogas, y también el lavado de activos del mediano y gran narco. Con esto, potenciar a la Unidad de Análisis Financiero, o crear mecanismos de inteligencia financiera, tal cual ya se planteaba en el programa. 

Sexto desafío: Potenciar el trabajo en los barrios y comunas,  procurando como objetivo recomponer la cohesión social a través de mecanismos preventivos contra el consumo problemático de droga, la violencia o los conflictos comunitarios. Así también, crear ciudades más amigables. Todas variables que inciden en un incremento de la inseguridad.

PRIORIDAD N° 4: Instalar una mirada de la seguridad anclada en las necesidades del territorio, bajo el paraguas de la gestión de los conflictos con foco desde lo comunitario. 

Séptimo desafío: Emprender las reformas que aumenten las atribuciones de los Gobiernos Regionales, los municipios y los Consejos Comunales para una efectiva gestión de la prevención y del control, lo que se traduce en una priorización de acciones según necesidades de contexto.

PRIORIDAD N° 5: Traspasar el relato del proyecto político al Congreso. Una cosa es la agenda legislativa del Gobierno, y otra muy diferente es cómo se puede cuajar en un Legislativo equilibrado, como le han llamado algunos. 

Octavo desafío: Ante la nueva correlación de fuerzas políticas, el nuevo Gobierno deberá concretar consensos para avanzar en el programa. Y estos consensos no se producen ingresando proyectos de ley sin antes intentar convencer de la urgencia y la necesidad de cambios de fondo a parlamentarios de todo el progresismo, a los nuevos y a los desbandados del oficialismo. 

Noveno desafío: Se deberá analizar si se activan, mejoran, patrocinan, congelan o retiran los proyectos de ley que actualmente conforman las cuatro agendas de seguridad en tramitación, que tratan sobre la persecución al narcotráfico, la modernización de las policías, los ámbitos relacionados con el “estallido social” y el conflicto en la Macrozona Sur. Alrededor de 40 proyectos en total. En principio, necesariamente hay que retirar la reforma al Sistema de Inteligencia, mejorar la propuesta del nuevo Ministerio de Seguridad y los cambios a la Ley de Control de Armas, y evaluar a fondo el fortaleciendo del rol preventivo de las municipalidades en materia de seguridad ciudadana.

Prioridades y desafíos a sortear, a pasos cortos, pero firmes. 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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