Opinión
Recientemente CADEM dio a conocer su encuesta sobre las prioridades de la población para el Gobierno del Presidente Electo Gabriel Boric. Llama la atención el aumento significativo de 8 puntos en la preocupación por la Delincuencia, que alcanza un 52%, muy por sobre los 39% de Salud y Vivienda, 26% los relativos a temas económicos y 20% a los de la Inmigración. En el concepto priorizado se incluye la percepción de la gente sobre el Narcotráfico y el orden público, cuyo trasfondo de violencia excede el comportamiento habitual de la victimización, cuyas cifras se mantienen estructuralmente altas, sin perjuicio de bajas coyunturales en algunos tipos de delitos durante el periodo de pandemia.
En efecto, el aumento de asesinatos con una correlación territorial asociada al mercado de la droga genera una importante alerta que se debe atender con extrema celeridad, ya que la capacidad de organización y la disputa territorial indican la consolidación de Chile como un mercado por donde no sólo pasa la droga, sino que también se produce y comercializa. El cambio en las rutas tradicionales de ingreso de droga al país, como el desarrollo de la vía marítima, ha traído variedades más adictivas, dando paso paulatino a la “Cripy”, cuya incautación se ha multiplicado por diez los últimos años. Mucho más adictiva que sus predecesoras en el mercado, tiene detrás a grupos violentos organizados, tanto interna como externamente, donde se han detectado algunos casos de importación de Armas de alto calibre que han sido incautadas, dando cuenta del poder de fuego con que se están armando estos grupos para disputar los territorios.
Asimismo, aunque aún en bajas tasas se ha detectado comercialización de drogas sintéticas, la mayoría importadas, su producción -en territorio nacional- en laboratorios desarticulados, muestra que puede ser una adaptación a nuevos segmentos nacionales. Parece lógico entonces que esta mutación delictiva dominada y muchas veces necesaria para sostener el narcotráfico en su estrategia de crecimiento, esté mostrando su peor cara y la población perciba correctamente que es necesario priorizarla incluso sobre otras necesidades tan válidas como la salud o la economía. Esta alerta ciudadana sin embargo, se sitúa desde los efectos y claramente lo que se espera de un nuevo gobierno es que atienda a las causas. Sería un error considerar que las medidas deben ser meramente coyunturales y reactivas, hay un trasfondo ineludible en las bases de este desarrollo criminal y que tiene que ver con la exclusión social que permite que se ancle el delito en los territorios. Donde el Estado está ausente y la cohesión se destruye, es el espacio que arrebata el Narco, que seduce con su cultura primero y con el miedo después, para gobernar donde no hay gobierno. De allí que este es un fenómeno que debemos enfrentar todos como sociedad, cerrar las brechas, a través de prevención social con la participación de las comunidades. El Estado debe proveer de una oferta sólida, con evidencia y oportuna que comience tempranamente, cuando los factores de riesgo aún no se materializan en la Infancia, pero también cuando sea necesaria la rehabilitación y la reinserción.
Las comunidades tienen un rol importante en la construcción de una agenda local que priorice la creación de espacios protectores para la infancia, así lo hemos visto en modelos como Comunidades que se Cuidan de Fundación San Carlos de Maipo y la Universidad de Washington, donde con un trabajo articulado de los líderes locales se enfrenta la aparición de seis conductas problemáticas, entre ellas la Violencia y la Drogadicción en Niños/as y Jóvenes. La Fundación de la Sociedad del Canal de Maipo ha implementado una decena de programas preventivos con evidencia en materia de Infancia y Familia, todo con la firme convicción que la Prevención Social en sus distintas facetas es la respuesta más eficaz y sostenible a las prioridades que hoy demanda la población y que esperamos que el próximo Gobierno las entienda desde su origen y no solo de sus consecuencias dolorosas.
