Opinión
La reciente aprobación en el Pleno del segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, marca un antes y un después en la historia constitucional no solo de Chile, sino también de la región y del mundo, en lo que respecta a la incorporación de nuevos derechos
Lo planteo, ya que no solo seremos el segundo país en el mundo, después de Ecuador, en incorporar los Derechos de la Naturaleza en una Constitución, sino también en ser pioneros en reconocer Derechos de los Animales (no humanos) en la nueva Carta Magna, en el caso de aprobarse en el plebiscito de salida.
De ahí que estas normas aprobadas por el Pleno sean solo el punto de partida de un proceso amplio de transición socioecológica global, del cual Chile tendrá que liderar internacionalmente, a través de una nueva legislación y políticas biocéntricas, en donde el respeto, protección, regeneración y restauración de los ciclos naturales, ecosistemas y de la biodiversidad, sean el piso del nuevo Estado Regional, Plurinacional e Intercultural.
Por supuesto, como toda transición, no será de un día a otro, pero las nuevas leyes que se tendrán que aprobar en Chile y los sistemas de vida que busquen promoverse, necesariamente tendrán que repensar lo que se ha entendido sobre la idea misma de desarrollo, desde la posguerra en adelante, la cual siempre ha estado subordinada a un delirio moderno y capitalista, como lo es un crecimiento económico infinito.
De esta crítica al discurso del desarrollo, mucho se ha dicho y escrito a nivel mundial sobre sus nefastas consecuencias, como quedó de manifiesto en el Diccionario del Desarrollo (1992), destacando lo planteado por el recién fallecido Gustavo Esteva, al decir que “nada hay en la mentalidad moderna que pueda comparársele como fuerza conductora del pensamiento y del comportamiento. Al mismo tiempo, muy pocas palabras son tan tenues, frágiles e incapaces de dar sustancia y significado al pensamiento y la acción como ésta”.
En consecuencia, el desarrollo ha sido parte de un discurso racista y colonizador, heredero de la noción iluminista de progreso, que ha servido para dividir y clasificar al mundo jerárquicamente, entre países desarrollados y subdesarrollados o de primer o tercer mundo, a partir de ciertos indicadores políticos, económicos y sociales.
Por eso, servirá de poco que se tengan Derechos de la Naturaleza mientras los futuros gobernantes y legisladores sigan hablando de nociones reduccionistas como desarrollo sostenible, economía verde y ciudad Inteligente, y sigan viéndonos como un país en vías de algo que nunca llega, como lo es el desarrollo, al vivir en un sistema completamente desigual y con centros de poder imperial que imposibilitan democratizar las relaciones entre los países.
No ver aquello, es seguir concibiendo de manera antropocéntrica y eurocéntrica los Derechos de Naturaleza, como meros Derechos Humanos ambientales de tercera generación, lo que hace que la Naturaleza sea una dimensión más a trabajar por los Estados, así como el medio ambiente, en vez de ser lo que sostiene la vida en toda su amplitud y pluralidad.
En otras palabras, no queremos que los Derechos de la Naturaleza sean recolonizados por el discurso del desarrollo, creando solamente una institucionalidad específica gubernamental (ministerial) y jurídica (tribunales), sin tocar un modelo económico insostenible que depende casi exclusivamente de los mal llamados recursos naturales o materias primas.
Asimismo, los Derechos de la Naturaleza no son compatibles con la mirada lineal, teleológica, evolucionista y por etapas a que nos tienen mal acostumbrado las distintas estrategias desarrollistas, las cuales de manera doctrinaria nos venden un mundo mejor, tanto por izquierda como por derecha, en donde es posible un mundo sostenible para la vida, junto a la expansión de ciertos negocios extractivos, tanto privados como estatales.
Por lo mismo, preocupa que en el borrador de la nueva Constitución que se lleva hasta ahora, aparezca en reiteradas ocasiones la noción de desarrollo, pero en ningún lado aparecen nociones alternativas como buen vivir, agroecología, decrecimiento, soberanía alimentaria, permacultura y muchas otras alternativas al desarrollo, como aparecen, por ejemplo, en el libro colectivo Pluriverso. Un Diccionario del Posdesarrollo (2019).
También preocupa que en el borrador no se menciona en ninguna parte que somos parte de América Latina y el Caribe, imposibilitando ver los Derechos de la Naturaleza más allá de las fronteras nacionales y lo planteado por los pueblos originarios en Chile, desde una plurinacionalidad más amplia de carácter regional.
Si bien se celebra el incluir el pluralismo jurídico en la nueva Constitución de Chile, también debiera estar el pluralismo económico, epistémico y ontológico, ya que es fundamental para descolonizar, despatriarcalizar y desmercantilizar la relación que tenemos con la Naturaleza.
Por otro lado, revisando lo planteado en la Convención Constitucional, para la aprobación del segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente, llama la atención que los sectores más conservadores del país se hayan opuesto a los Derechos de la Naturaleza, diciendo que, de aprobarse, no se podrán financiar los derechos sociales por falta de recursos.
Es decir, no solo es llamativo que la derecha neoliberal hable ahora de derechos sociales, después de tantos años, sino que utilice argumentos idénticos a los llamados gobiernos progresistas de la región, como ha pasado en Bolivia y Ecuador, los cuales han vulnerado los Derechos de la Naturaleza, apelando a los mismos argumentos desarrollistas para profundizar el extractivismo.
Por eso que la nacionalización de los bienes comunes naturales, como proponen todavía algunas izquierdas estadocéntricas, no es mejor que su privatización, ya que ambos discursos son herederos del desarrollismo moderno, opuesto a los Derechos de la Naturaleza.
Con esto no quiero decir que la naturaleza no deba ser tocada ni intervenida por los seres humanos, ni mucho menos que tengamos que vivir como hace miles de años, como buscan caricaturizar algunos sectores, sino entender que los modelos económicos y sistemas de vida que se generen, deban tener ciertos límites y ser compatibles con los ciclos de la naturaleza.
No verlo así, en plena crisis climática y civilizatoria, es vivir literalmente en otro planeta.
