Opinión
Cada 10 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Día en que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se proclama que todas las personas tenemos derechos inherentes solo por el hecho de ser humanos, derechos que todas y todos estamos llamados a ejercer, independientemente de nuestra raza, nivel social o económico, sexo u orientación sexual, opinión política o cualquier otro factor que potencialmente genere discriminación. Siendo base fundamental de esta declaración de 1948 el reconocimiento de la dignidad humana, la libertad y el valor de la democracia para su resguardo y protección.
Entre los principios que guían esta declaración se establece que son universales, por lo cual deben resguardarse en todas las culturas y sociedades, no implicando prácticas y comprensiones totalizadoras u homogeneizantes, sino que respetuosas y situadas en el valor de la diferencia. Además, que son inalienables, es decir, intrínsecos o inherentes a la persona humana; e indivisibles o interdependientes, lo que quiere decir que no hay derechos más importantes que otros, sino que todos se encuentran estrechamente vinculados. Así, el ejercicio o vulneración de derechos de uno de los derechos, tiene un impacto en el ejercicio de uno u otros derechos en consecuencia. De la misma manera que el ejercicio y disfrute de uno depende del ejercicio de otros relacionados de igual manera.
A esto se suma, finalmente, el principio de la progresividad, que reconoce que es el Estado tiene la obligación en cada momento histórico de generar acciones tendientes a su garantía y mejora. Declaración que solo cobra sentido si estos derechos son realmente resguardados, promovidos y protegidos en nuestra constitución, legislación, en nuestras instituciones y en nuestras propias prácticas cotidianas. Si bien hay avances, aún nos falta mucho por hacer sin duda, requiriendo para ello un activo rol del Estado como garante principal y al conjunto de la sociedad toda.
