Opinión
Después de tres meses de negociaciones entre distintas fuerzas políticas, finalmente el 12 de diciembre se ha pactado un acuerdo. Lo esencial del acuerdo recae en 50 escaños que serán votados, y 24 asientos destinados a expertos que designará el congreso, 12 designados por el Senado y 12 designados por la cámara baja. Pero la focalización de la discusión constitucional estará orientada únicamente a lo que “expertos” planteen, no asegura en ningún caso el éxito de una Constitución, y deja un margen muy amplio de interpretación respecto de quienes son expertos.
Si nos remontamos a la Convención Constitucional, mantenía un componente importante de escaños ocupados por movimientos sociales, o personas con un amplio historial político que pasaron incluso por el mismo congreso antes de ser constituyentes. Pero por otro lado, habían varios escaños ocupados por personas provenientes del mundo académico, y que justamente cumplían con los requisitos actuales del “Acuerdo por Chile”, para ser categorizados como expertos: personas con “indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica”. En ese sentido se puede destacar a Bárbara Sepúlveda, Jaime Bassa, Constanza Hube, Fernando Atria, Elisa Loncón, Rosa Catrileo o Agustín Squella, entre algunas de las personas que en la anterior convención, cumplieron con los requisitos actuales para ser considerados “expertos”. Pero como ya es sabido, lo anterior no asegura un texto que sea aprobado en el plebiscito de salida.
Además, al haber un amplio margen interpretativo respecto de quiénes son los expertos, y ser designados por el congreso, como consecuencia es posible que esta Comisión Experta se condicione respecto de la cercanía a los partidos o movimientos políticos presentes en el congreso. Y es que además de una trayectoria académica, tomará mucho peso la aproximación ideológica a las fuerzas que designan al grupo de los 24. Otro de los puntos importantes acerca del congreso, es que según el itinerario publicado en el acuerdo, esta Comisión Experta debe estar instalada para enero del 2023, es decir, en los próximos días se debe comenzar con la discusión parlamentaria respecto de quiénes son expertos.
En síntesis, la Comisión Experta, por ahora, en su amplia ambigüedad posiblemente traiga consigo personas que tengan un manejo técnico, y también una cercanía importante con el congreso y los actores que lo conforman. Pero, es preciso volver a recalcar que, un grupo selecto de personas con trayectoria académica no asegura necesariamente el éxito de una propuesta constitucional, ni que esta responda a las demandas y necesidades de la ciudadanía.
