Gobierno defiende a Rabat: admite falencias políticas, pero descarta irregularidades

El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, respaldó este lunes al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la controversia por las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Aunque descartó irregularidades jurídicas o administrativas en la actuación del secretario de Estado, reconoció que existieron falencias humanas y políticas, particularmente por no haber considerado la situación de las víctimas.

Las declaraciones se producen luego de que el Presidente José Antonio Kast reconociera un error de su Gobierno en la tramitación de 56 decretos de reducción de penas, aunque decidiera mantener a Rabat en su cargo.

Consultado por sus declaraciones anteriores, en las que había defendido el procedimiento utilizado para otorgar las rebajas, Arenas descartó que existieran contradicciones entre su postura y el reconocimiento de errores realizado por el Mandatario. “No hay ninguna discrepancia”, aseguró.

El subsecretario explicó que su respaldo al titular de Justicia se refería exclusivamente al cumplimiento de los requisitos legales y administrativos para la dictación de los decretos.

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“Lo que yo quise manifestar es que el ministro de Justicia con esos decretos había cumplido la ley, había cumplido con la Constitución, no existía ninguna irregularidad y, por lo tanto, en ese sentido, en el sentido jurídico, administrativo, no hay ningún reproche que hacer al ministro de Justicia”, afirmó.

Sin embargo, Arenas reconoció que la legalidad de las resoluciones no elimina los cuestionamientos relacionados con sus consecuencias para las víctimas de los delitos.

“A lo que se refiere el presidente de la República y nos hemos referido también nosotros es que humanamente, sin dudas, hubo falencias importantes y, en lo humano, lo más grave es no haber incorporado la opinión y la situación de las víctimas”, sostuvo.

En esa línea, el subsecretario distinguió entre el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y las responsabilidades humanas y políticas asociadas a las decisiones del Ministerio de Justicia.

Según explicó, el Ejecutivo pretende abordar esas deficiencias mediante un proyecto de ley que permita incorporar la participación de las víctimas en los procedimientos de reducción de condenas.

“Esto es lo que el presidente quiere solucionar con el proyecto de ley; es uno de los temas fundamentales, que las víctimas participen de este proceso. Y, además, también reconocer que no tiene ninguna relación con que administrativamente, legalmente y constitucionalmente los decretos están cumpliendo con toda la normativa correspondiente”, señaló.

El subsecretario también admitió que la controversia pudo haberse abordado de otra manera si hubiese existido una evaluación política más amplia de las consecuencias de las resoluciones.

“Decir que también faltó quizás una visión más política para que el presidente de la República pudiese haber tomado decisiones distintas. Y, en ese sentido, el propio ministro Rabat ha reconocido que se pudo haber pensado más políticamente en este tema y es un tema que también acogemos”, agregó.

Otro de los aspectos abordados por Arenas fue el conocimiento que tenía el Presidente Kast sobre las rebajas de condena antes de que se conociera públicamente la controversia.

Al respecto, confirmó que el Mandatario “no tenía conocimiento de esos decretos” antes de que surgiera la polémica.

Pese a ello, el Ejecutivo mantiene su respaldo al ministro Rabat, quien tendrá la responsabilidad de impulsar las medidas destinadas a corregir las falencias identificadas por el propio Gobierno.

Entre esas iniciativas figura la búsqueda de mecanismos legales para dejar sin efecto o suspender los decretos de reducción de penas que actualmente se encuentran vigentes.

Arenas precisó que la revisión no se limitará a los 56 decretos otorgados durante la actual administración, sino que también incluirá más de 250 resoluciones dictadas durante el gobierno anterior.

“Sobre qué va a pasar con los decretos ya otorgados, también el presidente nos pidió, y le pidió especialmente al ministro Rabat, que en el proyecto de ley se considerara la forma de anular o suspender los decretos que están actualmente vigentes, no solamente los 56 de este gobierno, sino que también los más de 250 del gobierno anterior”, detalló.

No obstante, reconoció que el objetivo enfrenta dificultades jurídicas, debido a que se trata de resoluciones que ya fueron otorgadas y cuya eventual modificación requiere analizar sus consecuencias legales.

“Vamos a buscar la fórmula; es difícil porque hay temas legales importantes. Pero el ministro Rabat se comprometió a buscar esas fórmulas, a impulsarlas y tratar de dar una respuesta lo antes posible”, concluyó.