Opinión
Con anterioridad a la crisis sanitaria Chile presentaba una brecha estructural en la participación laboral femenina, situación que empeoró con el COVID-19. Las mujeres madres y que ejercen labores de cuidado sufrieron más el impacto y aún continúan rezagadas en el retorno a la normalidad, debido a la contracción de la economía, la pérdida de redes de cuidado y la falta efectiva de medidas de conciliación trabajo-familia; razones que han dificultado su retorno al mercado del trabajo formal, aumentando la precarización, la informalidad y la feminización de la pobreza.
La tasa de participación femenina está cruzada por los cuidados y se ha mantenido intacto el impacto de las desigualdades en la distribución de aquellas labores, independiente de la pandemia: 1 de cada 3 mujeres no forma parte de la fuerza de trabajo por “razones familiares permanentes” (33,3%).
Mujeres chilenas excluidas del empleo redunda en hogares empobrecidos. En ese sentido, recuperar la empleabilidad femenina es una tarea urgente, que requiere de políticas públicas armónicas y coherentes entre sí o las consecuencias serán altamente regresivas. En este contexto, no se entiende que Chile Vamos declare compartir formalmente la idea de reducir la jornada laboral a 40 horas para que las trabajadoras y los trabajadores tengan más tiempo para sus familias y, al mismo tiempo, presenten indicaciones que buscan concentrar el tiempo de trabajo asalariado en jornadas extenuantes y extendidas como regla general, donde las personas trabajadoras no tienen control y conocimiento de sus tiempos.
La propuesta de la derecha consiste, en sí, en establecer jornadas de 40 horas semanales pero distribuidas en promedios mensuales o trimestrales, para que cualquier trabajador o trabajadora, aun no perteneciendo a una actividad especial, trabaje 52 horas semanales. Esta cantidad no podría efectuarse dos semanas seguidas; sin embargo, esto no obstaría a que la semana siguiente, por ejemplo, se trabajara nuevamente sobre 40 horas por la vía de horas extraordinarias, es decir, manteniendo el exceso de trabajo. Sumado a ello, la propuesta señala que es una facultad del empleador distribuir este ciclo de manera unilateral, el que solo se encuentra obligado a avisar al trabajador o trabajadora con una semana de anticipación a su inicio cuánta cantidad de horas trabajará en el respectivo ciclo.
Sin embargo, nunca considerará sus necesidades o respetará un horario fijo como una garantía de certeza que actualmente tienen trabajadores y trabajadoras. Adicionalmente, a esta forma de distribución se podría agregar tiempo de trabajo extra proveniente de bolsas de horas extraordinarias, toda vez que el tope de 52 horas estaría establecido para horas ordinarias. Ahora bien, las horas extraordinarias ya no se limitarían a 2 horas diarias, sino que el límite sería la cantidad de horas de la jornada diaria, estableciéndose en un umbral de 12 horas, siendo además a todo evento, es decir, pierden el sentido de atender situaciones excepcionales y transitorias.
¿Qué significa para las mujeres madres, por ejemplo, perder la poca certeza en los tiempos de trabajo y tener jornadas de 52 horas semanales? Significa que no tendrán posibilidad de organizarse con sus redes de cuidados familiares o tercerizando en trabajadoras de casa particular con labores de cuidado, que en general cumplen horarios fijos, a los cuales las mujeres intentan adaptar sus jornadas laborales para reemplazarlas al llegar a sus hogares, sin dejar a sus hijos e hijas solos o con sus hermanos o hermanas mayores. Se generará un impedimento efectivo para la estabilidad en el empleo de las mujeres, puesto que la incertidumbre las llevará a verse mayormente expuestas a permanentes conflictos con sus empleadores, quienes las amonestarán por ausentarse, no cumplir la jornada regular o derechamente les descontarán del salario estas horas, en que se ven obligadas a paliar las contingencias de los cuidados causadas por esta forma de jornada que solo atiende las necesidades del empleador. Otro factor de precarización, que las puede terminar expulsando del mercado laboral por despido o renuncia, relegadas por tiempo completo a los cuidados y sin remuneración.
En este contexto, cualquier esfuerzo para adecuar los tiempos de trabajo remunerado con las labores de cuidado va a depender de la voluntad del empleador, negando la soberanía a las trabajadoras y los trabajadores sobre sus tiempos para poder conciliar vida laboral, familiar y personal, siendo contradictorio incluso con los argumentos a favor de la conciliación por parte de Chile Vamos bajo el que esconden los intereses empresariales por mayor flexibilidad laboral.
Si actualmente las posibilidades de las mujeres de emplearse a tiempo completo son mucho menores por la carga de las responsabilidades de cuidados, la propuesta de Chile Vamos derechamente excluye a las mujeres del mercado laboral. Les niega su derecho al trabajo decente, entregándoles como únicas alternativas las jornadas a tiempo parcial, la informalidad mediante el autoempleo o el abandono definitivo del mercado laboral. Por el lado de los hombres, sepulta todos los esfuerzos que se han realizado por años para avanzar en corresponsabilidad familiar, sacándolos por completo de las labores domésticas y de cuidados.
Las mujeres chilenas necesitamos tener el mismo derecho al trabajo decente que los hombres, para ello las indicaciones que propone Chile Vamos deben moderarse o traerán consecuencias para el empleo femenino. La experiencia de otros países sitúa este tipo de propuestas bajo la titularidad de organizaciones sindicales -donde la participación de las mujeres es cada vez más significativa-, las que negocian condiciones especiales de trabajo para aquellas personas que lo necesitan.
Ese es el camino que debe recorrer Chile para que la reducción de jornada cumpla con sus objetivos de mejorar la calidad de vida y no se traduzca en una política antiempleo femenino.
