Opinión
A 5 años de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Laboral, la normativa ha impulsado una reflexión y acciones decididas en muchas de las empresas chilenas, para dar oportunidades reales y en igualdad de condiciones a trabajadores y trabajadoras con discapacidad.
Sin embargo, el 53% de los contratos registrados bajo la norma ha finalizado, es decir, por cada contrato vigente 1,1 ha terminado, dejando en evidencia que no solo basta con realizar inclusiones laborales, sino que se debe asegurar la permanencia de estas.
Cuando los procesos de inclusión fallan, no solo impactan en el trabajador o trabajadora con discapacidad, su familia y los equipos involucrados, sino que también implican una pérdida de recursos humanos y financieros para todas las partes.
El último estudio, recién publicado por Fundación ConTrabajo, en relación con la Ley de Inclusión Laboral, refleja que la norma no puede suplir todas las carencias del sistema social, que respecto de personas con discapacidad se incrementan, como es el caso de la brecha de género. La población de mujeres con discapacidad adulta supera en casi 9 puntos a la población de hombres con discapacidad, sin embargo, en promedio solo alcanza un 36% de participación en el mercado regular de trabajo. Así, también, su remuneración en promedio a nivel nacional es un 8,3% más baja, llegando a ser un 24% menor en algunas regiones del país.
Por otro lado, en estos 5 años de vigencia de la Ley N°21.015, no contamos con data que determine el efectivo cumplimiento de la norma. El Estado no cuenta con sistemas integrados que permitan determinar la cantidad de empresas en obligación legal de contratación, ni cuántas de ellas realizan un efectivo cumplimiento de la cuota del 1%.
Es necesario promover con urgencia el desarrollo de políticas públicas focalizadas en personas con discapacidad, basadas en evidencia y generadas en espacios de colaboración. Las organizaciones de la sociedad civil, empresas y Estado tenemos la potencialidad de construir a través del triángulo de oportunidades, con una ruta clara de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo lema es “no dejar a nadie atrás”. Por eso, hacemos un llamado urgente a una mesa de diálogo resolutiva en favor de la población en situación de vulnerabilidad más grande de Chile.
