Opinión
Este polémico negocio ha sido muy publicitado porque contempla una inversión de los US$ 300 millones, el cual estuvo paralizado administrativamente por unos cuantos meses, como consecuencia de reclamos de la comunidad y de la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, también dirigente de RD, en atención a los impactos negativos que producía esa intervención en el sector. Hubo un fallo de marzo pasado de la Corte Suprema, dándole el vamos al megaproyecto, pero sin pronunciarse sobre la falta de luminosidad que perjudica a ciertas existentes casas adyacentes a las torres.
En el oscuro episodio ocurrido en la Seremi Minvu de Antofagasta, detectado y denunciado por la asociación de funcionarios del Serviu de esa región, noticia divulgada oportunamente por un medio de prensa regional, intervinieron como buenos y solidarios amigos el titular de esa dependencia pública y el novio de la diputada de esa región, Catalina Pérez, una de las creadoras de Revolución Democrática (RD), para que esa denominada “fundación” sin fines de lucro, radicada en una vivienda de la comuna de Ñuñoa, obtuviera sin los trámites exigidos por la ley, más de $420 millones. Así se confirma lo que estamos denunciando desde hace años, en este medio de prensa, en cuanto a que en el Minvu es fácil cometer pillerías que favorecen a los frescos de siempre.
Carece de sentido que el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de ese “revolucionario” partido político, haya querido comprometer al actual ministro del ramo, Carlos Montes (PS), por quien tenemos una muy buena opinión, en este caso de descomposición en el ejercicio del poder, tratando de ayudar a la Subsecretaria del Minvu, Tatiana Rojas, también dirigenta de RD, a quien Gabriel Boric, por la gravedad de los hechos, tuvo que pedirle la renuncia.
Recordemos que ella tenía conocimiento del arreglín, sin comunicárselo a Montes, y se evidencia que el caso se está poniendo espinoso debido a que recientemente se supo que los diestros activistas comerciales adscritos a Democracia Viva se desenvolvían en esa oficina pública de Antofagasta, gracias a lo cual disponían de información privilegiada que les iba a ser útil en sus propósitos.
Ahora la tarea investigativa la tiene el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, suponiendo que pronto se conocerán otras prácticas impúdicas cometidas por estos jóvenes miembros de ese partido político de gobierno, cuyos dirigentes están utilizando las mismas herramientas de sus antecesores en la Administración del Estado.
Ya que estamos hablando de RD, es propicia la ocasión para dar cuenta de una situación asaz irregular no investigada por nadie, en el ámbito de los negocios inmobiliarios, que compromete a otros dilectos miembros de RD. En efecto, hay ausencia de un Estudio de los Conos de Sombra para un proyecto de cuatro torres de 32 pisos cada una en la comuna de Ñuñoa, requisito sine qua non para que las empresas Plaza Egaña SpA y Metro S.A obtuvieran el permiso de edificación N° 296 del 12/10/2018 por parte del director de obras municipales (DOM) de Ñuñoa.
Este polémico negocio ha sido muy publicitado porque contempla una inversión de los US$ 300 millones, el cual estuvo paralizado administrativamente por unos cuantos meses, como consecuencia de reclamos de la comunidad y de la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, también dirigente de RD, en atención a los impactos negativos que producía esa intervención en el sector. Hubo un fallo de marzo pasado de la Corte Suprema, dándole el vamos al megaproyecto, pero sin pronunciarse sobre la falta de luminosidad que perjudica a ciertas existentes casas adyacentes a las torres, razón por la cual la fundación Defendamos la Ciudad, conforme a la Ley N° 20.285, de Transparecia, le solicitó dicho estudio a esa municipalidad para revisarlo.
El municipio nos lo entregó por mail, concluyendo nuestros especialistas que el documento recibido oficialmente era incompleto, entre otras cosas (siendo la más determinante) porque faltaba la información ligada al volumen teórico. En vista de ello el mismo se le envió al jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, abogado Vicente Burgos, también RD, solicitándole su opinión técnica al respecto, contestación sospechosamente nunca recibida. ¿Le habrá dado vergüenza testimoniar que el estudio carecía de valor?
Por lo anterior, nos llama la atención que esa municipalidad haya otorgado el permiso respectivo sin que el mencionado estudio de sombras se haya elaborado correctamente por parte del titular del proyecto. Si no queremos un nuevo hecho ilegal consumado, de los miles que existen en nuestro país, el camino a seguir ahora es representarle a la autoridad del gobierno, en este caso, al Comité de Ministros para la Sustentabilidad, esta bochornosa situación, quedando la duda si el privado interesado le pasó un gol al funcionario municipal que debía revisarlo o bien éste sabía que tal estudio era trucho, creyendo que nadie se percataría.
Así las cosas, esperamos que los inexpertos y frescolines funcionarios públicos de RD nunca más traten de obtener platas fáciles e ilícitas del Estado y que, teniendo presente la situación de Ñuñoa, desearíamos que a partir de ahora sus funcionarios procedan siempre con probidad, no solo cuando cursen permisos de edificación, sino en todas sus actuaciones. Este columnista, en diferentes fechas, por mails, le ha informado a la alcaldesa Ríos que el acto administrativo municipal cursado a la dupla Plaza Egaña SpA-Metro S.A. carecía de un idóneo estudio de sombras, pero ella se ha mantenido en un sepulcral silencio. Por lo relatado, nos preguntamos si en este discutible episodio ¿tendrá opinión el locuaz senador Latorre, en su condición de presidente de RD?
Finalmente, para ir terminando con la corrupción, es urgente eliminar pronto las corporaciones municipales, las que, por ser privadas, nadie fiscaliza y aprovechándose de ello se realizan infinidad de operaciones mercatiles que benefician a los alcaldes y a sus compadres. Llama la atención que, por la compra de un terreno para un consultorio, por parte de la Municipalidad de Las Condes, en el doble del precio que tenía 30 días antes, su alcaldesa Daniela Peñaloza, distorsionando lo acontecido, hábilmente comunicó a la prensa que un privado experto investigó, concluyendo que se trataba de un simple “error administrativo” (sic), lo que fue muy bien cubierto por varios medios, en circunstancias de que esa operación irregular está en poder de la Fiscalía.
