Fundaciones: no es solo un problema de marco jurídico

En las últimas semanas, el caso Convenios ha remecido la opinión pública, poniendo el foco de atención en las instituciones privadas sin fines de lucro que reciben fondos del Estado. Los hechos están siendo investigados por los organismos competentes y, en caso de acreditarse responsabilidades administrativas y/o penales, los ilícitos deben ser sancionados conforme a la ley.

Esto además ha llevado a discutir lo ocurrido en diferentes espacios, incluyendo el nombramiento hace unos días de una Comisión Presidencial ad hoc. En este sentido, sería interesante que se pudiera complementar el trabajo de la Comisión con el aporte que puedan hacer expertos en temas complementarios, por ejemplo, desde el ámbito de las operaciones y tecnologías de información, que puedan indicar medidas de implementación más rápidas, usando procesos que hoy ya existen.

Un buen ejercicio a la hora de analizar estas situaciones es observar la entrega y uso de fondos a estas organizaciones privadas por parte del Estado como un proceso con varias etapas. El referido proceso, en términos simplificados, tiene tres grandes etapas: en primer lugar, registro e inscripción de estos organismos; luego, la transferencia de fondos por parte del Estado; y, finalmente, la ejecución de los fondos en los productos y/o servicios comprometidos por parte del organismo.

En cada una de estas etapas, se pueden establecer mecanismos y tecnologías que permitan un mayor control y transparencia, tal como lo indicamos en un reciente informe elaborado en Espacio Público:

i) Registro de las organizaciones, debiera contar con un procedimiento y mecanismo registral que permita identificarlas adecuadamente, con toda su información relevante (socios, patrimonio, giro, actividades, direcciones, documentos de constitución, situación tributaria, etc.); además la mayoría de esa información, si no toda, debiera ser de acceso público, en un portal de datos de libre acceso. Un buen ejemplo a mirar en esto, es el Registro Nacional de Proveedores que se utiliza en el mercado de la Contratación Pública – ChileCompra.

ii) Asignación y entrega de fondos públicos, estos debieran quedar registrados en forma transaccional (fechas, montos, procedencia, descripción y categorías de uso, entre otros) y cada transacción debería quedar asociada a contraprestaciones comprometidas, tanto en términos contractuales como de datos que puedan ser registrados. Hoy existe el portal Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, el cual, dicho sea de paso, tiene serios problemas de usabilidad, experiencia usuaria y con funcionalidades bastante limitadas.  Ese portal debería permitir la búsqueda, seguimiento y análisis de la información de todas las transacciones de transferencia, permitiendo hacer agregaciones, cruces y visualizaciones de los datos allí contenidos. Otra modernización en esta etapa puede ser la definición de acuerdos contractuales estandarizados al menos respecto de los mecanismos de seguimiento y validación de los compromisos.

iii) Proceso de ejecución, debiera existir un registro de las diferentes etapas, con la lógica de ejecución de un proyecto, esto es, pagos asociados a la recepción conforme de los productos/servicios comprometidos, y que esta información sea de carácter público.

Como se aprecia, varias de estas medidas no requieren de un largo proceso de discusión legal, sino más bien de mejoramiento de plataformas existentes y registros de los datos asociados en cada una de las etapas (registro, transferencia y ejecución).

Hoy existen plataformas que debieran potenciarse para apoyar el proceso, como los portales de los ministerios del Interior y de Hacienda, el Registro de Colaboradores y el portal de la Dirección de Presupuestos, Presupuesto Abierto, los que claramente requieren incorporar funcionalidades que apoyen el proceso de fiscalización y control de estas organizaciones, tanto por parte de los organismos contralores del Estado, como el control social que la ciudadanía puede y debe ejercer, en pos de una mejor y más sana democracia.

Desde Espacio Público esperamos que este caso en particular no nos haga olvidar otras deudas pendientes en materia de probidad en nuestro país, como aquellas ocurridas en el ámbito municipal, donde han existido múltiples casos de corrupción con elevados montos de fondos públicos.

Para mejorar la confianza ciudadana en nuestras instituciones es imprescindible seguir avanzando para mejorar la probidad y transparencia. Solo así lograremos un verdadero desarrollo que mejore la vida de todas las personas.