Opinión
Esta semana se dio un paso histórico y se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Integral Contra la Violencia, fruto del liderazgo comprometido de autoridades en distintos momentos y de parlamentarias que transversalmente apoyaron esta iniciativa.
Las mujeres –solo por el hecho de ser mujeres– vivimos diversas formas de violencia, sin embargo, cuando esta retrocede, el país avanza. En el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, decretado por la ONU y que tiene un trágico origen, desde nuestro quehacer ministerial también queremos relevar la autonomía económica de las mujeres de Chile, uno de los principales lineamientos del Gobierno del Presidente Gabriel Boric para terminar con todas las formas de violencia hacia nosotras.
Esta semana se dio un paso histórico y se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Integral Contra la Violencia, fruto del liderazgo comprometido de autoridades en distintos momentos y de parlamentarias que transversalmente apoyaron esta iniciativa. El cual refuerza las medidas cautelares y las amplía a delitos de violencia de género y agresiones que ocurran fuera de relaciones afectivas o de convivencia. Incorpora a hijas e hijos como víctimas directas de la violencia que viven sus madres o cuidadoras. Crea un sistema integrado de gestión y seguimiento de casos, evitando revictimización. Fortalece la obligación del Estado de velar por el debido acceso a la justicia y la protección de las víctimas en todo el proceso y garantiza asistencia y representación judicial a las víctimas de violencia de género.
La violencia contra las mujeres es un problema social y cultural, deteriora familias y comunidades completas, casi el 50% de las víctimas de violencia sexual en Chile son menores de edad y, entre 2022 y 2023, 84 mujeres fueron víctimas de femicidio.
Conscientes de esta problemática, desde el Ministerio de Bienes Nacionales estamos construyendo un Chile Para Todas y en el actual periodo presidencial hemos potenciado la focalización de la regularización de la pequeña propiedad raíz para mujeres, de la mano con acciones informativas y, en esa línea, hemos entregado más de 18 mil títulos de dominio donde el 53% de estos corresponden a mujeres, especialmente a mujeres rurales y jefas de hogar.
Asimismo, queremos potenciar el fortalecimiento a la institucionalidad de género disponiendo de inmuebles para aquello, fomentando la asociatividad de mujeres mediante la asignación de 30 inmuebles a organizaciones sociales de mujeres, y nos hemos comprometido con el trabajo y lucha por la memoria histórica, recuperando 11 Sitios de Memoria, cuyas organizaciones que están detrás de estas demandas son lideradas principalmente por mujeres.
Estas acciones en su conjunto recogen el llamado del Gobierno a trabajar transversalmente desde la política pública por la disminución de las brechas de género y la erradicación de la violencia de género hacia niñas y mujeres. Porque cuando la violencia contra las niñas y mujeres disminuye, el país avanza.
