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Operación Rabat: oficialismo tiritando por desmarcados y el capítulo sobre las mentiras del ministro PAÍS Agencia Uno
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Operación Rabat: oficialismo tiritando por desmarcados y el capítulo sobre las mentiras del ministro

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En RN reconocen que el tercer capítulo sobre una eventual falta a la verdad es el flanco más complejo de Rabat. En Chile Vamos por ahora seis diputados no ven una votación alineada del bloque. Los legisladores creen que supeditarán su decisión a la revisión del texto e informes de juristas externos.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El tercer capítulo de la acusación constitucional sostiene que el ministro Fernando Rabat mintió ante la Cámara este 28 de octubre para eludir su responsabilidad en las rebajas de condena a abusadores de menores. La oposición e informes oficiales desmienten que la Suprema lo obligara a firmar o que careciera de atribuciones resolutivas. Este flanco sobre probidad e información falsa abre fundadas dudas en Chile Vamos y descarta un voto oficialista alineado.
Desarrollado por El Mostrador

La presentación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abrió un escenario de cautela procesal y distancia crítica en un sector del oficialismo. Lejos de un cierre de filas automático, parlamentarios de Renovación Nacional (RN) confirman que en la bancada no existe una postura consensuada hasta ahora y descartan de plano que el Gobierno tenga asegurado un voto disciplinado de Chile Vamos en la Cámara de Diputadas y Diputados en favor del secretario de Estado.

Según explicaron fuentes legislativas del sector, el proceso de análisis en RN y en la UDI se encuentra aún en una fase “muy inicial”. Varios diputados oficialistas están recién empezando a examinar el texto del libelo acusatorio, de un total de 4.052 páginas, subrayando que al interior de las bancadas “todavía no se ha hablado del fondo”, porque la tramitación legislativa acaba de partir.

En RN a los menos dos legisladores sostienen que “no corresponde precipitar definiciones colectivas”, advirtiendo que aún “queda mucho por escuchar” antes de adoptar una determinación jurídica definitiva.

Respecto a la votación en el hemiciclo, en el oficialismo transmiten una aspiración clara: el objetivo deseable es que acudan todos los parlamentarios y que todos voten en la Sala.

Sin embargo, esa pretensión de pleno quorum no garantiza, hasta ahora, un respaldo corporativo hacia La Moneda en Chile Vamos. Desde RN reconocen de manera explícita que no pueden asegurar una votación en bloque, planteando que “el realismo indica que podrían no votar alineados” cuando el libelo llegue a su instancia decisiva.

Un elemento determinante para forjar convicción en las filas de Chile Vamos será la ronda de audiencias técnicas. Los legisladores supeditaron su pronunciamiento final a los antecedentes y a la voz de los expertos constitucionales ante la comisión revisora.

En el sector existe especial expectativa por escuchar el criterio de juristas no afines al Gobierno, particularmente expertos vinculados a la centroizquierda, cuya opinión técnica servirá como insumo para evaluar si la presentación posee un mérito sustantivo o meramente político.

En el análisis preliminar de los tres capítulos que componen el libelo, en Renovación Nacional marcan una nítida distinción. A partir de los primeros sondeos en el sector, existe coincidencia en que los dos primeros acápites carecen de asidero, puntualizando que “no tienen nada que ver” con una causal de destitución.

Por el contrario, la preocupación se concentra en el tercer capítulo, calificado de forma transversal como el flanco más complicado y delicado para la continuidad del ministro.

La eventual debilidad de la defensa de Rabat radica en dilucidar si existió o no una entrega de información falsa por parte de la autoridad durante sus intervenciones y respuestas en la sesión especial de la Cámara del pasado 28 de octubre y en la Comisión de Constitución el día anterior.

En dicha jornada, el ministro expuso los fundamentos de su cartera y defendió la legalidad de los decretos sobre rebajas de penas a agresores sexuales. Para los diputados resulta imperativo revisar en detalle cómo se desarrollaron aquellas sesiones para aclarar si el ministro “mintió” ante el Congreso.

Las apuestas de la oposición en el capítulo tercero

La acusación constitucional de la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se estructura en tres capítulos que denuncian infracciones legales, quebrantamiento de tratados internacionales y supuestas falsedades entregadas ante el Congreso.

El primer capítulo acusa a Rabat de infringir la ley al dictar 56 decretos que rebajaron condenas a reos por delitos sexuales contra menores, desoyendo la Ley 21.421 de 2022 que prohibía este beneficio a abusadores y violadores. Acusadores afirman que las normas de beneficios carcelarios son administrativas y rigen de inmediato, desestimando la tesis de no retroactividad del Ejecutivo y vulnerando el interés superior del niño.

El segundo, imputa la vulneración de tratados internacionales de derechos humanos por conceder rebajas a condenados por crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar, omitiendo exigencias como el arrepentimiento, reparación y cooperación eficaz que consagra el Estatuto de Roma.

El tercer capítulo de la acusación constitucional contra Rabat, constituye el eje de la ofensiva opositora: “Haber faltado a la verdad” y al deber de probidad ante la Cámara de Diputadas y Diputados en la sesión del 28 de octubre de 2026. Según sostiene el libelo, el secretario de Estado articuló un relato engañoso para eludir su responsabilidad en la concesión de rebajas de condena a abusadores sexuales de menores.

La oposición cita y desmiente en el texto el argumento del ministro de que la Corte Suprema lo obligaba a firmar tras reproches judiciales. Los registros que presenta el texto mencionan que Rabat ocultó fallos favorables: entre marzo y junio de 2026, la justicia respaldó en seis casos la negativa ministerial a otorgar rebajas invocando la Ley 21.421, como en el caso de Fidel Jaramillo del 31 de marzo.

Además, el máximo tribunal carecía de doctrina uniforme, manteniendo fallos divididos (3-2) en su Segunda Sala, a lo que se suma el desmentido de la presidenta de la Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien aclaró que los decretos respondieron a atribuciones del Ejecutivo y no a órdenes judiciales.

Asimismo, se refuta la afirmación ministerial de que la cartera carecía de facultades evaluativas y solo formalizaba lo resuelto por las comisiones de rebaja. Los antecedentes demuestran que el ministerio sí decidió sobre el fondo: en 11 decretos aprobó rebajas desoyendo advertencias escritas de las Seremis sobre la prohibición legal expresa para agresores infantiles –como en el caso de Luis Caamaño en el Biobío–.

No obstante, en la oposición reconocen que “por ahora están lejos de llegar a los 78 votos”, en caso de que la Sala de la Cámara estuviera con asistencia completa, para aprobar la herramienta constitucional.

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