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Presupuesto 2027: universidades presionan al Senado para revertir recorte de $36 mil millones PAÍS
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Presupuesto 2027: universidades presionan al Senado para revertir recorte de $36 mil millones

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Tras el rechazo de la partida de Educación, las autoridades universitarias buscan revertir los recortes del proyecto original durante el segundo trámite presupuestario. El CRUCH presentó una propuesta a Hacienda y esperan constituir una mesa de trabajo “cuanto antes”.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La partida de Educación entra en una negociación clave en el Senado luego de que la Cámara rechazara sus gastos variables. Las universidades buscan revertir una reducción superior a $36 mil millones en aportes basales respecto de 2026. El CRUCH propuso a Hacienda una agenda de largo plazo y una mesa sobre financiamiento, mientras universidades estatales y regionales advierten que los ajustes afectarían docencia, investigación y proyectos ya comprometidos. El Gobierno reconoce la baja, pero la atribuye al ajuste fiscal.
Desarrollado por El Mostrador

Este miércoles y el jueves serán jornadas clave para la negociación de la partida del Ministerio de Educación durante el segundo trámite de la Ley de Presupuestos 2027 en el Senado. Esto, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara los recursos de la cartera, obligando al Gobierno a abrir nuevamente el debate parlamentario y buscar acuerdos para reponer los recursos.

Uno de los principales puntos de controversia será el financiamiento de la educación superior, donde las autoridades universitarias han desplegado una serie de gestiones para intentar revertir los ajustes incorporados por el Ejecutivo en su propuesta original. Desde el Consejo de Rectoras y Rectores (CRUCH) valoraron el rechazo de las partidas, al considerar que representa una nueva oportunidad para discutir la necesidad de restituir los recursos.

La preocupación de las autoridades universitarias apunta especialmente a la reducción de los aportes basales, que –según los cálculos– disminuyen en más de $36 mil millones respecto de la Ley de Presupuestos 2026 ajustada. El recorte alcanza cuatro instrumentos de financiamiento institucional, relacionados con el Aporte Institucional a las Universidades Estatales, el Aporte Fiscal Directo, el Plan de Fortalecimiento de las Universidades Estatales y el Fondo Basal por Desempeño de las universidades del G9.

En medio de esta discusión, el vicepresidente ejecutivo del CRUCH y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, encabezó las gestiones del Consejo para abrir un espacio de diálogo con el Ejecutivo y el Congreso. Durante la tramitación, el organismo llamó a rechazar la propuesta presupuestaria y solicitó que los aportes institucionales se mantuvieran, al menos, en los niveles reales de 2026.

A esto se sumó una propuesta formal enviada al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el pasado 9 de noviembre, en la que el CRUCH planteó tres ejes de trabajo: acordar una agenda de largo plazo para el desarrollo de la educación superior, constituir una mesa que estudie la duración de las carreras y avanzar hacia un sistema de financiamiento fiscalmente responsable y sostenible.

Corrales valoró que el titular de Hacienda acogiera la propuesta de conformar una mesa de trabajo, aunque insistió en que el primer paso debe ser revertir los ajustes presupuestarios. “Esperamos que esa mesa pueda constituirse cuanto antes, pero sobre todo esperamos que los recortes que se han anunciado en esta materia a los aportes basales de la universidad y también al Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación se reviertan en la discusión parlamentaria”, sostuvo.

En conversación con El Mostrador, el rector reiteró que las disminuciones no resuelven los problemas estructurales del financiamiento público y, por el contrario, pueden afectar capacidades construidas durante décadas. “Contribuyen a erosionar las capacidades que nuestro sistema ha tardado décadas en construir y que son muy necesarias para que el país pueda alcanzar el desarrollo económico al que aspira”, recalcó.

“Necesitamos enfatizar que es muy difícil que un país como Chile recupere el empuje y el crecimiento si no es sobre la base de agregar mayor complejidad a su sistema productivo,  y eso solo es posible –la experiencia internacional así lo acredita– por medio de la innovación y la transferencia tecnológica que vienen de la mano del desarrollo científico y que son producidos mayoritariamente por las universidades”, sentenció.

Desde el Gobierno, el ministro Jorge Quiroz reconoció durante la discusión en la Cámara la disposición de los rectores a abordar los problemas estructurales del sistema. “Las universidades reconocen las restricciones fiscales y proponen una mirada de largo plazo”, afirmó. Asimismo, defendió que el proyecto contempla $46.761 millones para los aportes basales, lo que –según explicó– los deja en niveles reales similares a 2023. “Efectivamente hay una baja, pero eso después de fuertes años de altas alzas”, argumentó.

El ministro también manifestó que el Ejecutivo comparte la necesidad de avanzar en una agenda de largo plazo que considere, entre otros aspectos, la duración de las carreras, la nivelación de conocimientos y un financiamiento sostenible frente a la caída demográfica.

En tanto, este martes, durante la discusión general del Presupuesto en el Senado, la senadora DC Yasna Provoste llamó al Gobierno a escuchar los planteamientos de los distintos sectores y advirtió que las preocupaciones en materia educacional se han reiterado en las distintas etapas de la tramitación. “Los acuerdos no son el triunfo de unos sobre otros”, planteó.

En educación superior, la parlamentaria pidió permitir que las universidades amplíen el uso de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario, además de restituir el Aporte Fiscal Directo y los recursos destinados al equipamiento científico del Ministerio de Ciencia, cuya asignación registra una caída del 79%. “Cortar hoy el equipamiento científico sale más caro que no hacerlo”, advirtió.

El impacto en las universidades estatales

Una de las principales preocupaciones de las instituciones públicas está en la magnitud de los ajustes a los instrumentos que sostienen su funcionamiento. La rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana y presidenta del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), Marisol Durán, sostuvo que las universidades estatales esperan que el Senado siga el camino abierto por la Subcomisión Mixta y la Cámara de Diputadas y Diputados, y que el Ejecutivo presente indicaciones concretas para recuperar los recursos.

“Se entiende la necesidad del ajuste fiscal, pero debe ser compartido. El esfuerzo no puede recaer de manera desproporcionada sobre las universidades estatales y públicas, que es lo que se establece en el proyecto de ley original”, indicó.

Durán apuntó a las reducciones en los instrumentos de financiamiento institucional, como el Aporte Institucional a Universidades Estatales que registra una disminución de 11,4%, mientras que los planes de fortalecimiento caen alrededor de un 35%. A su juicio, se trata de recortes que afectan directamente las herramientas destinadas a sostener el desarrollo de las instituciones públicas.

“El rechazo de las parlamentarias y los parlamentarios nos dio una luz de esperanza, ya que el Gobierno podría reponer recursos. Esperemos que ello se materialice con indicaciones concretas, expresadas con montos y glosas, antes de que se vuelva a someter a votación en la Sala. Sigo siendo optimista sobre la posibilidad de un acuerdo”, expresó a El Mostrador.

La presidenta del CUECH agregó que las universidades estatales han presentado propuestas técnicas para enfrentar las restricciones presupuestarias, algunas de las cuales no implican un mayor gasto fiscal. Entre ellas, plantean restituir el Aporte Institucional al menos al nivel de 2026, considerando que esos recursos permiten sostener la docencia, la investigación y la vinculación territorial.

“Introducir recortes implicaría postergar proyectos que ya están comprometidos y debilitar la capacidad del Estado de tener universidades propias de calidad”, advirtió.

La propuesta del consorcio también considera modificaciones administrativas para mejorar la disponibilidad de los recursos. En particular, solicita que al menos el 80% del Aporte Institucional sea transferido durante el primer semestre, desde enero, y que se permita reasignar hasta un 30% de esos fondos desde inversión a gasto corriente, con información trimestral a la Subsecretaría de Educación Superior.

La realidad en regiones

Las consecuencias de los ajustes también preocupan a las universidades regionales, particularmente a aquellas que cumplen funciones públicas y reciben una alta proporción de estudiantes financiados mediante gratuidad. El rector de la Universidad Austral de Chile, Egon Montecinos, advirtió que la propuesta presupuestaria contempla una reducción real de los aportes basales y del Aporte Fiscal Directo para las universidades del G9, lo que tendría un impacto directo en la institución que dirige.

De acuerdo con las proyecciones de la Universidad Austral, y considerando los compromisos institucionales y las exigencias regulatorias para 2027, la disminución de recursos significaría una merma aproximada de $1.840 millones durante el próximo año, concentrada principalmente en el aporte basal y acompañada de menores recursos para investigación, desarrollo e innovación.

En una columna publicada este martes en El Mostrador, Montecinos profundizó en las particularidades de las instituciones fuera de Santiago y sostuvo que los ajustes no afectan a todas las universidades de la misma manera.

El rector recordó que la Universidad Austral, pese a no ser estatal, cumple una función pública y territorial en el sur del país. La mayoría de sus estudiantes proviene de establecimientos municipales y particulares subvencionados, mientras que cerca de dos tercios de su matrícula de pregrado estudia con gratuidad.

En ese contexto, advirtió que la brecha entre los aranceles regulados de la gratuidad y el costo real de impartir las carreras es financiada, en parte importante, mediante los aportes basales que el Gobierno propone reducir. “El recorte propuesto, además, no afecta a todas las instituciones por igual: recae con mayor fuerza en las universidades regionales que reciben mayoritariamente a estudiantes con gratuidad, como la nuestra”, planteó.

Montecinos también alertó sobre el riesgo de que las restricciones presupuestarias obliguen a las instituciones a privilegiar determinadas funciones por sobre otras, comprometiendo la calidad de la formación y sus capacidades académicas, científicas y culturales.

Por ello, respaldó la propuesta presentada por el CRUCH a Hacienda y llamó a reponer los recursos correspondientes, “ya que estas instituciones cumplen un rol público esencial en formación de capital humano avanzado, investigación aplicada, desarrollo territorial y apoyo a sectores productivos clave para el país”. A su juicio, la restitución no representa un gasto adicional de expansión, sino que permite resguardar capacidades construidas durante décadas y sostener el aporte de las universidades al desarrollo de sus territorios.

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