“Misión cumplida”: los circuitos extrainstitucionales del poder

Impacto en la opinión pública han tenido los hechos dados a conocer por el Ministerio Público, a propósito de una investigación que lleva adelante la Fiscalía, y que terminaron con la renuncia y formalización del exdirector general de la PDI. Sin embargo, lo que estamos observando en este caso son los efectos o síntomas de una enfermedad. Para pensar en la acción terapéutica es necesario remitirnos a las causas, para no equivocar el diagnóstico y la solución.

Lo que vemos con hechos de los últimos días corresponde a la punta del iceberg. En la base, lo que debemos observar es la captura del Estado por los circuitos no formales del poder. Nuestra democracia viene mostrando la persistencia de lo que Antonio Cortés Terzi llamó “El circuito extrainstitucional del poder”. Este implica una serie de prácticas, fenómenos y estructuras que operan en paralelo a la institucionalidad democrática. La constatación de Cortés Terzi tenía que ver con que los mecanismos formales para la toma de decisiones públicas son sorteados –cuando no reemplazados– por redes informales o circuitos “extrainstitucionales” que se dan en un marco de opacidad y en los cuales se toman, en definitiva, las decisiones relevantes del país.

Estos circuitos operan cuando determinadas élites políticas, económicas y/o sociales actúan sin necesariamente violar de modo ostensible la ley, pero terminan ejerciendo una influencia o control determinante en los poderes del Estado y en el contenido de medidas o políticas públicas que son de su interés.

Diversas investigaciones periodísticas y, aunque con mayor rezago, las investigaciones judiciales, muestran algunos nombres que se repiten, como los del abogado Luis Hermosilla o el empresario Julio Ponce Lerou, a quienes en el imaginario colectivo asociamos con los circuitos extrainstitucionales del poder.

Hermosilla era, hasta antes del escándalo político del caso Audios, el más influyente penalista de la plaza. Con conexiones transversales con la elite del poder y empresarial, había tejido una amplia red de influencias. Sus numerosos clientes eran los nexos con la élite. La investigación por soborno y pago de coimas en el SII y CMF destapó ahora vínculos del abogado, ya no solo con actores políticos, medios de comunicación y empresarios, sino también con un exdirector de la PDI, quien debió renunciar a su cargo y será formalizado por revelación de secreto en causas que investiga el Ministerio Público.

Luego de que asumiera su cargo el exdirector general, en 2021 –según consta en el intercambio de mensajes obtenido del dispositivo telefónico del abogado–, recibió el saludo de este, quien, junto con felicitarlo, agregó “misión cumplida”. Se da por entendido el rol que pudo haber tenido el abogado en la designación de la exautoridad policial.

Recordemos que Luis Hermosilla fungió como abogado asesor del Ministerio del Interior en materias judiciales desde marzo de 2018, cuando asumió la Presidencia de la República por segunda vez Sebastián Piñera. Según información de La Segunda, en una filtración referida a la investigación sobre la minera Dominga que le habría entregado el exjefe de la policía a Hermosilla, este le reenvió la información a Andrés Chadwick, exministro del Interior de Piñera. No queda claro el propósito y la investigación tendrá que aclararlo.

Conocida es también la historia de Julio Ponce Lerou al frente de SQM. Fue por más de dos décadas accionista controlador y presidente del directorio de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM o Soquimich). En ese rol se vio involucrado en casos de delitos tributarios y corrupción en temas de financiamiento irregular de la política.

Su nombre representa una suerte de epítome de cómo operan los circuitos extrainstitucionales del poder. La crítica de líderes del FA y el PC por las prácticas de Ponce Lerou son públicas. Paradójicamente, hoy es el aliado de Codelco para la explotación del litio, de conformidad con el acuerdo preliminar que se dio a conocer en diciembre de 2023 entre Codelco y SQM, destinado a establecer una alianza público-privada para la explotación del litio.

Este acuerdo preliminar parece haber sido una salida intermedia que permitió mostrar un avance en el tema de la modalidad elegida para la explotación de dicho mineral, pero que evidenció las dificultades de alcanzar el acuerdo completo en un plazo tan breve como el autoimpuesto por Máximo Pacheco, presidente del directorio de la cuprífera estatal.

La jugada de SQM obligó a exponer al Presidente Boric a dar a conocer este compromiso por cadena nacional, generándose la falsa idea de que una demora en el cierre de este complejo acuerdo implicaría un fracaso de la estrategia gubernamental o del acuerdo en sí mismo. El contrasentido es que el Gobierno piensa que negocia con SQM, cuando en realidad negocia solo con los representantes de Ponce Lerou. En este escenario, de concretarse el acuerdo en el plazo comprometido por Pacheco, el 31 de marzo próximo, este se efectuará en la más absoluta opacidad y sin la participación de los demás accionistas de la empresa, entre los cuales se encuentran también los fondos de pensiones. Todo a espaldas de los chilenos.

¿Qué une a Hermosilla y Ponce Lerou en clave círculos no formales del poder? El elemento común a estos actores es el intento por obtener beneficios por parte del Estado, y el ambiente de opacidad en que sus movimientos y redes operan.

Los actos de corrupción dados a conocer en los últimos años en Chile, junto con la evidencia de una serie de ilícitos, están dando cuenta del espacio y peso que han ido ganando las instituciones informales en la política chilena. Estas están amenazando y erosionando el efecto de las formales.

Una de las lecciones que nos dejan las prácticas vinculadas con el peso de los circuitos extrainstitucionales del poder, es que debemos mejorar la institucionalidad del sector público para evitar la “captura del Estado” por grupos de interés o corporativos. Esta tarea está aún pendiente.