El fallido desembarco territorial del Gobierno de Kast: 30 seremis fuera y 14 regiones afectadas

Un seremi cada cinco días. Esa es la cadencia con la que el Gobierno de José Antonio Kast ha perdido secretarios regionales ministeriales desde que asumió, el 11 de marzo.

La cifra —30 seremis fuera de sus cargos, sobre un total de 37 autoridades salientes que incluye a dos ministras y cinco subsecretarios— ya no admite la lectura con la que La Moneda intentó explicarla en marzo, cuando el problema recién asomaba: que se trataba de un proceso normal, propio de cualquier instalación de gobierno, dado el volumen de cargos por proveer.

Ese argumento, repetido casi sin variaciones durante cinco meses, tiene un problema: no explica por qué el fenómeno se replica en 14 de las 16 regiones del país —de Arica a Magallanes, con Atacama y O’Higgins como las únicas excepciones—, ni por qué las salidas no se concentran en los primeros días de gobierno, como sería esperable, sino que se mantienen constantes hasta la última semana de julio, con nuevos casos abriéndose mientras se escribe esta nota.

No son casos aislados: son un patrón

Cuando se ordenan las 30 salidas por causa, aparece algo más inquietante que la simple mala suerte. Hay al menos cuatro  categorías de falla que se repiten región tras región:

Nombramientos que no superaron ni el filtro más básico de requisitos legales: seremis designados sin los estudios superiores exigidos, con títulos de menos semestres de los requeridos, o sin la experiencia profesional mínima acreditada, en regiones como Los Lagos, Antofagasta y Arica y Parinacota. Nombramientos con antecedentes en redes sociales que un chequeo elemental habría detectado antes —no después— de firmar el decreto, como ocurrió con el seremi de Educación fallido en Biobío o con el actor Renato Münster, designado y renunciado en Cultura de la Región Metropolitana en un lapso de 24 horas. Casos con connotación penal o de probidad, como el del ahora exseremi de Salud de Magallanes, formalizado por delitos sexuales, o el del también ahora exseremi del Trabajo de Tarapacá, que dejó el cargo con dos denuncias por acoso y maltrato laboral en curso. Y una seguidilla de renuncias por “motivos personales” sin mayor explicación pública, la categoría más numerosa y la menos transparente de todas.

El patrón territorial es, si acaso, el dato más duro de toda esta historia. La instalación de un gobierno se mide, entre otras cosas, por su capacidad de desplegar equipos competentes y estables en el territorio. Con 14 regiones afectadas, ese despliegue no falló en un punto: falló de manera sistémica. Y mientras el Ejecutivo insiste en que las secretarías regionales siguen funcionando con normalidad a través de subrogancias, la realidad territorial es otra: hay regiones completas conducidas por autoridades interinas, sin el peso político ni la proyección temporal para tomar decisiones de fondo justo en la etapa en que el Estado debería estar ejecutando sus principales políticas públicas.

¿Quién responde? La cadena que nadie quiere asumir completa

Aquí está la pregunta que el gobierno ha evitado contestar con precisión. Formalmente, cada nombramiento sigue una cadena de tres eslabones: el delegado presidencial regional propone, el ministro de la cartera respectiva designa, y el Presidente aprueba. Es un diseño institucional pensado para distribuir la responsabilidad entre 16 delegaciones regionales y 24 ministerios —lo que, en la práctica, permite que cada cartera trate cada renuncia como un “caso puntual” en lugar de reconocer un patrón de gobierno.

Pero la responsabilidad operativa de seleccionar y filtrar a los candidatos no estuvo, en los hechos, distribuida entre partidos y regiones: estuvo concentrada. El diseño y la ejecución del proceso corrieron por cuenta de un equipo armado por el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval —descrito como la figura más influyente del círculo de confianza del Presidente—, con roles específicos para negociar nombres con los partidos y revisar antecedentes de más de 600 postulantes por semana. Es ese equipo, no una abstracción llamada “el Gobierno”, el que dejó pasar tuits que se viralizaron horas después de cada nombramiento, títulos que no cumplían los semestres mínimos y ausencias laborales que nadie detectó hasta que la delegación regional dejó de poder contactar al propio seremi.

La cara pública de esta crisis ha sido, sistemáticamente, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien en las últimas semanas ha endurecido el tono: aseguró que el gobierno “no va a tolerar” faltas a la probidad ni a las buenas costumbres, y que será “intransable” con quienes incumplan los estándares básicos de la función pública.

Es un discurso de mano dura que convive, incómodamente, con la frase que circula puertas adentro del oficialismo para describir la seguidilla de bajas: la comparan con la canción infantil de los perritos, que se cuentan uno por uno sin que la lista termine nunca.

La fractura no es solo con la oposición

Lo más revelador de este ciclo no es la crítica opositora —esperable, y hasta cierto punto amortiguada por venir de quien se espera que critique—. Es que la molestia más incómoda para Kast viene de más cerca. La tensión entre Chile Vamos y el Segundo Piso de La Moneda por el control del proceso de nombramientos no nació en julio: se documentó ya a solo 14 días de asumido el gobierno, cuando dirigentes de RN y la UDI acusaron al equipo de Irarrázaval de imponer “técnicos sobre políticos” y de dejarlos en una situación de subrepresentación en los cargos de confianza.

Cinco meses después, esa misma incomodidad sigue viva: la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), advirtió que la sensación de improvisación en la ciudadanía se agrava justamente porque el oficialismo criticó con dureza episodios similares durante el gobierno anterior. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, fue más escueto: “no es una buena señal que salgan tantos seremis”.

A esa fisura se sumó, a fines de julio, un actor con peso legislativo real: la bancada del Partido de la Gente —cuyos votos son, hoy, indispensables para que el gobierno saque adelante proyectos donde no tiene mayoría propia— emplazó al Ejecutivo a explicar la salida de los seremis, calificándola de contradicción directa con la promesa de un “gobierno de emergencia preparado desde el primer día”.

Que la crítica ya no provenga solo de la izquierda tradicional, sino también de un socio parlamentario que el gobierno necesita para gobernar, dice más sobre el estado de la administración que cualquier cifra aislada.

El costo político de un Estado que no llegó

Mientras se escribía esta nota, la seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, enfrentaba una investigación por Ley Karin a raíz de cinco denuncias de maltrato presentadas por funcionarias de su propia repartición. El expediente sigue abierto. La lista, con toda probabilidad, no está cerrada.

La Moneda puede seguir explicando cada salida como un capítulo aislado. Pero la suma de esos capítulos ya no cuenta la historia de errores puntuales de selección: cuenta la historia de un gobierno que, a la hora de decidir a quién enviar a gobernar el territorio, no priorizó ni la rigurosidad del filtro ni la participación política que podría haberlo evitado. Y esa es, en último término, una decisión —no un accidente.

Los 30 nombres