Opinión
Es probable que la sociedad demande profundos cambios sin darse cuenta de los avances de los últimos años, por esta razón, el debate en cualquier ámbito educativo debe cuidar lo hecho y permitir amplias discusiones sobre los temas de fondo.
Frente a la mejora del sistema de educación escolar, Chile ha tenido una respuesta reformista, con la voluntad de fortalecer la gestión, la administración y el liderazgo de equipos directivos y docentes. Diversas reformas en el área curricular, en la formación profesional docente, en la jornada escolar completa, en los Servicios Locales de Educación (SLEP), entre otras, han movido el interés de los actores políticos.
Cada cambio ha sido producto de una política pública fundada en la ley, colocando en juego el interés de toda una nación. Sin embargo, aún no logramos romper con la percepción de crisis permanente en educación. Se observa una disconformidad y tensión que nos hace volver permanentemente a fojas cero.
Es probable que la sociedad demande profundos cambios sin darse cuenta de los avances de los últimos años, por esta razón, el debate en cualquier ámbito educativo debe cuidar lo hecho y permitir amplias discusiones sobre los temas de fondo. Colocando el interés común por sobre el interés de los grupos de poder.
Lo anterior nos debiese permitir tomar acuerdos y avanzar en las prioridades de manera concreta, en escenarios de co-construcción, valorando lo diseñado en el sistema escolar y repensando el desarrollo del país a partir de una educación de calidad en todos los niveles educativos. Desde esta perspectiva, es necesario construir un marco que nos permita plantear algunas de las siguientes prioridades.
En primer lugar, para formular cambios son fundamentales los actores que toman decisiones en el país, sean estos parlamentarios, líderes de la sociedad civil o ministros. Ellos tienen una responsabilidad que ha pasado inadvertida en nuestro sistema, lo cual implica restablecer discursos que permitan diversos análisis desde la armonía comunicacional y no desde el caos, puesto que la incertidumbre y la desvaloración (social) no permite enfocarnos y resolver los problemas que hoy observamos como urgentes.
Una segunda prioridad es establecer un plan de infraestructura y financiamiento a corto, mediano y largo plazo con un sentido geográfico-territorial. De tal forma que las unidades educativas pueden potenciar sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI). Lo anterior incorpora resolver el modelo de pago de subvenciones, fortalecer la carrera profesional docente y dar garantías materiales del sistema educativo. Aquello permitirá dar continuidad a las decisiones estratégicas de los establecimientos y generar confianzas respecto de la gestión de los equipos directivos.
Otra prioridad, en su conjunto debe tenerla la educación pública, a través de los SLEP, puesto que, la mayoría de nuestros estudiantes asisten a las escuelas públicas en ambientes complejos, con características de vulnerabilidad y altas demandas sociales. Por lo tanto, se requiere un modelo educativo público que no permita fragmentar las trayectorias formativas, que incluyen aprendizaje, respuestas sociales, alimenticias y afectivas, de tal forma de instalar un enfoque protegido de los procesos que deben desarrollar nuestros estudiantes. No nos podemos dar el lujo de descuidar la cadena de progresión integral a la cual tiene derecho todo niño o niña de nuestro país.
También es prioridad mejorar y ajustar procesos instalados en el sistema educativo y que desde una perspectiva armónica (en ningún caso ingenua) son requerimientos de lo ya aprendido. En este sentido, avanzar en el Sistema de Admisión Escolar (SAE) con la finalidad de que se adapte a los requerimientos de las familias desde una perspectiva territorial y facilitadora. Mantener y elevar la asistencia a clases como un inexcusable social, porque es en el aula donde se producen los procesos de interacción formativa. La asistencia permite fortalecer procesos formativos de aprendizaje como hasta acá se ha llevado a cabo y lo evidencia la evaluación DIA (Diagnóstico Integral de los Aprendizajes) que aplica y retroalimenta la Agencia de Calidad de la Educación.
Efectivamente faltan otros temas, no obstante, se debe seguir profundizando con acciones que avancen en las prioridades de nuestro sistema educativo, pero sin dejar de lado un enfoque armónico, multisectorial, de responsabilidad política y académica, comprendiendo que hay una alta demanda social por resolver estas prioridades con una mirada de Estado.
