Cuando la educación superior se gobierna en lengua ajena

En sus primeras semanas, el nuevo gobierno ha presentado decisiones de peso en educación superior: limitación de la gratuidad para postulantes mayores de 30 años, luego puesta en pausa; suspensión por cuatro años del ingreso de nuevas instituciones a la gratuidad; cierre de las becas de magíster y posdoctorado en el extranjero; congelamiento del Financiamiento para la Educación Superior (FES); y anuncio de cobro forzoso del Crédito con Aval del Estado (CAE). Cada medida, aisladamente, admite una defensa razonable en términos de responsabilidad fiscal.

Tomadas en conjunto, configuran una política cuyo único principio organizador visible es el balance presupuestario. La gratuidad se recorta en el marco del Plan de Reconstrucción; las becas internacionales caen por el ajuste del 3% al Ministerio de Ciencia; el FES se posterga por la fragilidad de sus supuestos fiscales; el CAE busca recuperar cuatro billones pendientes. Falta un marco que permita evaluar estas decisiones como política educativa, más allá de la caja fiscal.

La señal más reciente confirma la tendencia. El 21 de abril, Hacienda remitió a las carteras los lineamientos para el Presupuesto 2027 y la Programación Financiera 2028-2031, anunciando “un cambio de paradigma en la gestión de los recursos públicos”. Para Educación, las recomendaciones incluyen descontinuar quince iniciativas y reducir al menos 15% el presupuesto de cuarenta y dos programas. Entre los afectados figuran piezas centrales del sistema: Aporte Fiscal Directo, Aporte Institucional a las Universidades Estatales, Aporte Basal por Desempeño, Aporte para Fomento de la Investigación, el programa PACE y las principales becas de arancel. El “cambio de paradigma” anunciado consiste en consolidar la contabilidad como lenguaje único del sistema.

A esta lógica se ha sumado otra externa: la del orden público. Tras la agresión a la ministra Ximena Lincolao en la Universidad Austral, hecho grave que la justicia y la propia universidad están procesando, se introdujo una indicación al proyecto Escuelas Protegidas, que inhabilita por cinco años el acceso a la gratuidad para condenados por ciertos delitos. Diseñado para el ámbito escolar, regula un beneficio exclusivo de la educación superior y altera la relación entre Estado y autonomía institucional.

El patrón es el mismo: las decisiones se formulan en lenguajes que provienen de fuera de la educación superior. Un sistema que matricula a más de 1,3 millones de estudiantes, con capacidades de investigación construidas en décadas, no puede gobernarse únicamente desde la caja fiscal o desde la reacción al último incidente. Preguntas relativas a qué formación avanzada necesita el país, qué rol cumple la investigación en su desarrollo y cómo se vincula la universidad con las transformaciones productivas y territoriales en curso quedan por tanto relegadas.

Cuando un sistema pierde la capacidad de producir sus propias distinciones, queda a merced de las distinciones de otros. Lo que se resiente son programas de investigación que tardan años en consolidarse y se desmantelan en un ciclo presupuestario, trayectorias formativas interrumpidas por decisiones ajenas a toda lógica educativa y comunidades académicas que pierden la confianza en que las reglas del sistema responden a una visión país. Esas pérdidas no aparecen en la planilla de ajuste, pero el país las paga.