¿De verdad quieren la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda?

Lo informado apunta a instrucciones a sus equipos jurídicos en causas donde el Estado actúa como querellante en la búsqueda de los responsables de la desaparición de personas detenidas desaparecidas y de ejecutados políticos cuyos cuerpos nunca fueron entregados durante la dictadura.

El Plan constituye una política pública destinada a establecer la trayectoria de desaparición de las víctimas y a consolidar un archivo con la información judicial acumulada durante más de cincuenta años de búsqueda de verdad, justicia y memoria. Se trata de una tarea titánica que llegó tardíamente, pero que resulta fundamental para asegurar un verdadero “nunca más”. No es simplemente un programa de memoria ni una medida orientada únicamente a otorgar tranquilidad a los familiares; busca, en cambio, remediar una de las tragedias más profundas de la historia reciente de Chile: la tortura y la desaparición forzada de personas.

Las autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos y el ministro de Justicia han reiterado públicamente que el Plan continuará. Sin embargo, los hechos y las señales recientes parecen revelar una voluntad política distinta, lo que no debiera causar sorpresa si se consideran los mensajes emitidos durante la campaña presidencial hacia sectores políticos que han promovido el indulto de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos.

En la sesión del Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional, celebrada el pasado 17 de abril, se informó cómo se adoptó la decisión de no apelar una resolución de una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel que declaró al condenado César Manríquez en estado de enajenación mental, impidiendo así su ingreso al penal de Punta Peuco para cumplir su condena por secuestro calificado y desaparición forzada. En este caso existen dos informes periciales con conclusiones contradictorias: uno que sostiene la existencia de enajenación mental y otro que la descarta. César Manríquez fue jefe de Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, jefe de Villa Grimaldi y jefe de Rinconada de Maipú.

La decisión de no recurrir en un caso de esta naturaleza no es una cuestión menor. Como ha quedado demostrado en otros procesos —entre ellos el del propio Augusto Pinochet y el de otros condenados por crímenes de lesa humanidad como el caso paradigmático es el de Edwin Dimter Bianchi—, la simulación de deterioro cognitivo ha sido utilizada para eludir el cumplimiento efectivo de las penas.

Además, el protocolo aplicado de manera ininterrumpida por el Programa de Derechos Humanos desde 2017 establecía criterios claros para enfrentar la litigación estas situaciones u otras. La gravedad del caso llevó al Comité a solicitar formalmente información sobre el protocolo que regirá las futuras actuaciones del Programa.

Posterior a la reunión, se conoció que los profesionales habrían sido instruidos para no apelar —e incluso eventualmente desistirse— en causas relacionadas con solicitudes de beneficios penitenciarios de los condenados. Aunque el ministro Rabat negó categóricamente la existencia de tales instrucciones, los antecedentes posteriores parecen contradecir esa versión, especialmente tras la difusión de un correo electrónico emanado de la nueva jefatura del Programa de Derechos Humanos y en un escrito de la jefa del Programa en la causa en contra de Jorge Mandiola ante la Corte de Apelaciones de Concepción, también hecho público.

A esto se suma un oficio del Ministerio de Hacienda que plantea la eventual discontinuidad, hacia 2027, de programas clave: el propio Programa de Derechos Humanos, becas de reparación, el PRAIS (Programa de Reparación y Asistencia en Salud) y beneficios asociados a pensiones. Ello abre interrogantes inevitables: ¿acaso en la revisión presupuestaria no participan los ministerios sectoriales y sin diálogo con los incumbentes? En este escenario, cuál fue el rol del ministro Rabat o del subsecretario de Derechos Humanos. ¿O debemos pensar que la propuesta de la Dirección de Presupuesto se trata simplemente de una lógica tecnocrática-política que propone recortes sin consideración del impacto político, jurídico y humano que tales decisiones implican?

Los hechos parecen desmentir a las actuales autoridades. Y esta situación va más allá del propio Programa de Derechos Humanos cuyo rol es central en el Plan Nacional de Búsqueda, pues también compromete otras políticas de reparación y programas sociales. Lo que está en juego no es solo la memoria —como parece sugerir la nueva semántica oficial—, sino también la verdad y la justicia. Lo que emerge es un nuevo ciclo político de impunidad y de renovadas afectaciones a las víctimas y a sus familias, quienes durante décadas han debido enfrentar las consecuencias de la violencia dictatorial.