El costo alternativo de que las FFAA cumplan funciones de orden y seguridad

Una revisión del nivel e intensidad del empleo de las Fuerzas Armadas en el continente americano en tareas de orden y seguridad pública evidencia una tendencia sostenida hacia su utilización en el ámbito interno. Este fenómeno ha dejado de responder a un criterio estrictamente excepcional para instalarse en una dinámica de creciente normalización, transversal a países de distinta escala, orientación política y desarrollo económico.

Chile no ha estado ajeno a esta realidad. Desde octubre de 2019, con ocasión del denominado “estallido social”, se ha configurado una prolongada secuencia de declaraciones de estados de excepción constitucional de emergencia, particularmente en la macrozona sur, lo que ha implicado el despliegue sostenido de medios militares. A ello se suman las medidas adoptadas en la macrozona norte, donde la participación de las Fuerzas Armadas se ha intensificado en el control de la inmigración irregular, incluyendo la implementación del plan “Escudo Fronterizo”, con despliegue de efectivos, control territorial y obras de infraestructura en sectores críticos de la frontera.

Este conjunto de misiones ha supuesto una reconfiguración significativa de la planificación y ejecución de las operaciones militares, obligando a priorizar tareas de seguridad interior en desmedro de aquellas que constituyen su función principal. En efecto, las Fuerzas Armadas existen primordialmente para la defensa de la soberanía e integridad territorial frente a amenazas externas, mandato que exige niveles permanentes y exigentes de preparación, entrenamiento y alistamiento operativo.

En este contexto, adquiere especial relevancia el concepto de “costo alternativo”, entendido como el valor de la mejor opción sacrificada al optar por un determinado curso de acción. En el caso analizado, dicho costo no se expresa en términos presupuestarios directos, sino en la disminución de capacidades estratégicas: horas de entrenamiento no realizadas, ejercicios operacionales postergados, ciclos de alistamiento interrumpidos y, en definitiva, una merma en la disponibilidad efectiva de las fuerzas para cumplir su misión constitucional principal.

Por ello, el empleo prolongado de las Fuerzas Armadas en funciones de orden público, seguridad interna e inmigración irregular debe ser evaluado con especial rigurosidad, ponderando no solo su eficacia inmediata, sino también sus efectos acumulativos sobre la capacidad de defensa nacional. La excepcionalidad que justifica su intervención en el ámbito interno no puede derivar en una sustitución permanente de las instituciones naturalmente encargadas de dichas funciones, como son las fuerzas de orden y seguridad.

Bajo esta lógica se comprende el planteamiento del Ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros Tocornal, orientado a un desescalamiento gradual del empleo de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur. Esta decisión se sustenta en una premisa fundamental: el control del orden público no forma parte del núcleo de competencias permanentes del instrumento militar, y su prolongación en estas tareas erosiona su preparación para escenarios de mayor exigencia estratégica.

El desescalamiento propuesto no implica una renuncia a la seguridad, sino una transición hacia su institucionalidad natural, fortaleciendo las capacidades de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, a fin de restablecer la normalidad funcional del sistema de seguridad pública. Asimismo, esta gradualidad se encuentra condicionada a la evolución de las condiciones de seguridad en las zonas afectadas, tanto en la macrozona sur como en la frontera norte.

Lo anterior, no obstante, encuentra un matiz no menor, y tiene que ver con el aporte que, tal como lo realizan la Armada en el mar territorial y patrimonial y la Fuerza Aérea en el espacio aéreo soberano, debiera realizar el Ejército en el ámbito de la protección de fronteras terrestres. Somos un país que debe aprovechar al máximo sus capacidades y, por lo mismo, es posible encontrar formas en las cuales, sin abandonar las etapas de instrucción y entrenamiento, se asignen medios militares en forma rotativa para que participen en el cuidado y protección de estas fronteras.

En definitiva, la medida busca restituir el equilibrio entre las necesidades inmediatas de seguridad interna y la preservación de la capacidad estratégica del Estado, permitiendo que las Fuerzas Armadas retornen progresivamente a sus funciones propias de entrenamiento, preparación y defensa, asegurando así el cumplimiento eficaz de su rol principal en la protección de la soberanía nacional. Por último, desde la perspectiva política, el regreso a la normalidad constitucional en esta materia será el hecho sobre el cual se medirá el éxito del Gobierno al término de su administración.