Infancia en riesgo: graves retrocesos bajo el abandono estatal

Durante la última semana, hemos sido testigos de una serie de medidas impulsadas por el Estado chileno que afectan directamente los derechos fundamentales de guaguas, niñas, niños y adolescentes. No se trata de decisiones aisladas, sino de un conjunto de acciones que, en distintos ámbitos, configuran un escenario preocupante de retroceso en materia de derechos de la infancia.

Lo que está en juego no es menor. Nos encontramos ante un momento crítico, donde se precarizan las condiciones de vida de la niñez, se profundizan las desigualdades sociales y se consolidan brechas estructurales. Estas medidas no solo omiten el enfoque de derechos, sino que lo contradicen abiertamente.

Un primer ejemplo es la reciente publicación de la Circular N° 014 del Servicio de Registro Civil e Identificación. Según lo informado por organizaciones especializadas en migración, esta instruye a registrar como “hijo/a de extranjero transeúnte” a niñas y niños nacidos en Chile cuyos padres no cuenten con un permiso de residencia vigente. Este cambio administrativo no es neutro: implica condicionar el acceso a la nacionalidad al estatus migratorio de los padres, abriendo un riesgo concreto de apatridia. Con ello, se vulnera no solo el derecho a la nacionalidad y a la identidad, sino también el acceso a derechos sociales básicos como la educación y la salud. En términos simples, se instala una barrera de origen que marca a ciertos niños y niñas desde el nacimiento, reproduciendo exclusión y desprotección.

En paralelo, en el ámbito educativo, se observa una tendencia igualmente alarmante. El proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, actualmente en tramitación en el Senado, propone fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales mediante medidas de carácter punitivo: revisión de mochilas por parte de docentes, aumento de facultades disciplinarias y sanciones como la pérdida de gratuidad para estudiantes que participen en movilizaciones. Este enfoque no solo desconoce la complejidad de la convivencia escolar, sino que desplaza el sentido educativo de la escuela hacia una lógica de control. Se instala así una peligrosa transformación: las escuelas dejan de ser espacios de formación y encuentro, para asemejarse a dispositivos de vigilancia, donde el rol docente se desdibuja y se tensiona hacia funciones de fiscalización. Las escuelas pasan a ser cárceles y las y los profesores lo más parecido a gendarmes. Lejos de disminuir la violencia, este tipo de medidas tiende a reproducirla, reforzando dinámicas autoritarias que erosionan el vínculo pedagógico.

A ello se suma una tercera señal igualmente inquietante: el anuncio de congelamiento del presupuesto fiscal hasta el año 2031 y sus consecuencias en el ámbito educativo y social. Entre las medidas propuestas se encuentra la eliminación o reducción de programas clave como el Programa de Alimentación Escolar de JUNAEB, la Beca de Apoyo a la Vocación de Profesor, la Beca Indígena, la entrega de útiles escolares, los servicios médicos y el financiamiento de hogares estudiantiles. Estas decisiones impactan directamente en las condiciones materiales que hacen posible el ejercicio del derecho a la educación. La alimentación escolar, por ejemplo, no es un beneficio adicional meramente: es una condición básica para el aprendizaje y un pilar histórico de la política social en Chile. Su debilitamiento no solo afecta la asistencia y el rendimiento, sino que golpea con mayor fuerza a quienes ya se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

En Chile, la promulgación de la Ley N° 21.430, que establece el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, consagra el deber del Estado de actuar como garante activo en la promoción, protección y restitución de derechos, bajo principios como el interés superior del niño, la no discriminación y el desarrollo integral. Sin embargo, las medidas recientemente impulsadas contravienen estos principios, evidenciando una preocupante inconsistencia entre el discurso legal y la acción política. Se configura así un escenario en el que, pese a contar con un marco jurídico robusto, las decisiones gubernamentales terminan debilitando la arquitectura de protección que el propio Estado ha construido. El marco normativo, por tanto, queda vacío, sin sentido alguno.

El problema de fondo es aún más grave. No estamos únicamente frente a un Estado que omite o invisibiliza a la infancia, sino ante decisiones que activamente debilitan su protección. Esto resulta especialmente crítico si consideramos que el Estado chileno, en tanto garante principal de derechos, tiene la obligación de proteger, promover y asegurar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tal como lo establece tal como lo establece la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990.

De esta manera, la infancia aparece no como sujeto de derechos, sino como objeto de regulación, control y ajuste presupuestario. Se profundiza así una lógica de desigualdad estructural, donde las condiciones de vida de niñas y niños se precarizan mientras se resguardan otros intereses.