Injuv: una decisión que no se puede seguir postergando

El gobierno anunció un recorte para este año del 47,7% al presupuesto del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) —cerca de 3.860 millones de pesos— y se mandató al ministerio a presentar, antes de junio, una propuesta de rediseño institucional. La autoridad adelantó un “reordenamiento hacia un organismo técnico, enfocado en diseñar políticas públicas, mientras que su implementación quedaría en manos del propio ministerio de Desarrollo Social y Familia”.

Sin embargo, reformar no es lo mismo que recortar 47,7% antes de definir qué institucionalidad pública se quiere establecer para las juventudes. Primero el diseño, después el presupuesto. La autoridad propone que la implementación quede dentro del Ministerio de Desarrollo Social, pero debe mantenerse como una institucionalidad propia con peso institucional y no diluirse dentro del ministerio.

Esta situación actual no es nueva. Es una definición que se viene postergando hace muchos años, tal vez desde la crisis de 1997. El resultado ha sido el sistemático debilitamiento de esta institucionalidad, sin una conversación profunda respecto del rol de este Servicio y a una revisión de la Ley que lo crea. Por ello, este no es un problema del Instituto: es un problema del Estado, que nunca terminó de definir qué quería de esta institucionalidad. Casi 30 años después estamos volviendo a esta misma conversación, pero con el agravante de que hoy ya no se discute cómo hacer mejor el trabajo del Instituto Nacional de la Juventud o cuál debiera ser su foco central, sino si vale la pena que siga existiendo.

En su momento, propuse que el Injuv debiera ser un órgano asesor y coordinador de una política nacional de juventudes, con un comité interministerial donde Educación, Trabajo, Salud, Deporte, Desarrollo Social y otros sectores trabajen el tema juventud en torno a un eje común. Por otra parte, en el ámbito programático —que no puede eliminarse—, ser un laboratorio de innovación que diseñe y desarrolle programas que después se traspasan al sector público correspondiente, tal como ocurrió en su momento.

Es necesario tomar una decisión con diálogo respecto a la mejor institucionalidad para las políticas públicas dirigida a las juventudes de nuestro país, así como escuchar a distintos actores y a los propios jóvenes. ¿Puede hacerse eso en dos meses?