Los Niños Primero: en sufrir los recortes

Desde la campaña presidencial de José Antonio Kast, el debate sobre el recorte de 6 mil millones de dólares en el presupuesto nacional ha generado una interrogante constante. El mandatario insistió reiteradamente en que no se afectaría el gasto social; sin embargo, a solo un mes de asumir el cargo, la realidad administrativa dicta lo contrario. Los primeros oficios y circulares internas revelan un ajuste que, paradójicamente, golpea con fuerza el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de nuestra patria.

Resulta incoherente que quienes levantaron banderas como “con mis hijos no te metas” o “los niños primero”, inicien su gestión con recortes significativos en el presupuesto de la niñez. Las alertas saltaron cuando esta semana fuimos testigos de la incertidumbre creada por la DIPRES, sobre la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y otros, afectando a 2 millones de niños y niñas que dependen de esta comida. A esto se suma la revisión del Programa de Apoyo al Recién Nacido (el famoso ajuar) del programa Chile Crece Contigo (ahora Chile Crece Más) por razones de baja natalidad y ejecución presupuestaria. 

Más allá de las rectificaciones comunicacionales, los decretos firmados por el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, son categóricos: se establece una reducción de $32.721 millones para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Asimismo, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia sufre una reducción de más de $12.748 millones, afectando directamente al ítem de “Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia”, paso crítico para reducir las listas de espera en un sistema ya descrito como colapsado por la Mesa por la Niñez de la Cámara de Diputados.

Mientras los recursos se revisan, el número de niños y adolescentes atendidos en programas de protección ha escalado de 171.404 en 2021 a 229.005 en 2024. El ajuste estatal omite esta presión creciente, recortando además $3.359 millones a la Subsecretaría de la Niñez y $359 millones en la Implementación de las Oficinas Locales de Niñez junto a otros programas. Todas estas medidas suman un estrés extra sobre un sistema altamente demandado bajo la justificación de “subejecución presupuestaria o desalineación con la demanda”. 

A esta fragilidad financiera se suma la regresión institucional. La Circular N°14 del Registro Civil, que ordena inscribir a hijos de extranjeros como “hijos de extranjero transeúnte”, contraviene la Ley 21.430 de Garantías de la Niñez. Como advierte la Defensoría de la Niñez, esta medida ignora el “interés superior del niño” y los acuerdos internacionales firmados por Chile, arriesgando situaciones de apatridia y dificultando el acceso a salud y educación para niños nacidos en nuestro territorio que ya se encuentran en situaciones sumamente vulnerables. 

Es imperativo recordar que el resguardo de la niñez en Chile constituye un mandato internacional que trasciende la voluntad de cualquier administración de turno. Bajo el principio de progresividad de los derechos, el Estado está obligado a expandir su oferta social para responder a las crecientes necesidades de este sector. Las políticas nacionales impulsadas entre 2015 hasta 2032 —desde las gestiones de Bachelet y Piñera hasta la de Boric— evidencian un consenso de Estado alineado con la Convención de los Derechos de la Niñez.

En este marco, estas políticas de largo aliento deberían tener recursos priorizados para garantizar su ejecución. Organismos como UNICEF, en su informe SITAN 2025, y la Fundación Nodo XXI, subrayan la urgencia de consolidar las Oficinas Locales de Niñez, integrar la atención primaria de salud con la protección especializada mediante plataformas como la Gestión Social Local (GSL), y fortalecer el sistema de familias de acogida. Estas mejoras requieren, necesariamente, una inversión mayor y más eficiente, lo que contradice las señales iniciales de este gobierno orientadas al recorte de recursos y la disminución de servicios.

Es legítimo que una administración busque eficiencia fiscal, pero es peligroso cuadrar la caja recortando del sistema de protección construido colectivamente durante 30 años, desde la ratificación de la Convención hasta nuestros días. Disminuir estos gastos, sin una propuesta de reemplazo que mejore las coberturas, es un retroceso administrativo que juega con el futuro de miles de chilenos y chilenas. El gobierno debe entender que una agenda política no puede sustentarse en la erosión de los derechos básicos de quienes más protección requieren: con el presente y el futuro de los niños, niñas y adolescentes de Chile, simplemente, no se juega.