Reflexiones y desafíos sobre el “plan de seguridad”

A 10 días del cambio de gabinete parece un buen momento para reflexionar sobre los desafíos del nuevo ministro de Seguridad Pública. Uno central, que ha sido discutido, ha tenido que ver con la necesidad de desarrollar un plan de seguridad y las orientaciones básicas que debieran guiarlo. Quisiera presentar algunas reflexiones en esta materia, que me parece no ha sido abordada con la profundidad adecuada en el debate público y político reciente.

Como punto de partida, hay que recordar que estamos en presencia de un ministerio de reciente creación, cuya instalación lleva un poco más de un año. En este período se ha avanzado en la construcción de una nueva institucionalidad en seguridad pública, la que probablemente tomará años en consolidarse.

Una tarea central del nuevo ministro será entregarle continuidad a este proceso, reconociendo los avances realizados. Uno de ellos es que, desde octubre de 2025, contamos con una Política Nacional de Seguridad Pública para el período 2025-2031 (publicada en el Diario Oficial en enero de 2026). Su desarrollo no ha sido un capricho de la administración anterior, sino el cumplimiento del mandato legal explícitamente establecido en la ley que creó al ministerio (n.° 21.730) que, vale la pena recordar, contó con amplia aprobación y consenso político.

En este contexto, llamaba la atención que en el debate público y político no se hubiera adoptado como punto de partida el constatar la existencia de esta Política. También, que la actual administración no se hubiera pronunciado claramente acerca de ella y que más bien pareciera ignorarla, lo que afortunadamente ha sido subsanado en días pasados por el ministro Arrau.

Cualquier plan y estrategia que se elabore en materia de seguridad debiera construirse y estar alineado a la Política, como lo establece el propio artículo 27 de la Ley n.° 21.730. Se trata de un deber legal y no una mera cuestión de discrecionalidad política. La idea del legislador, al exigirla, fue precisamente ayudar a contar con una estrategia que pudiera proyectarse en el tiempo más allá de las contingencias políticas de cada momento y así contribuir a construir una política de Estado en el área. Es positivo entonces que el nuevo ministro Arrau haya dado un giro sobre este punto y nos informe que habrá continuidad institucional en esta materia.

Esto, por cierto, no impide a la autoridad actual darle una impronta propia a su gestión en seguridad, lo que se puede realizar a través de diversas vías que la propia ley establece. Tampoco exime al Ministerio de Seguridad Pública de su deber de desarrollar la estrategia para su implementación y evaluación, la que debe formularse cada dos años y debe ser coherente con los objetivos de la Política como ella misma establece.

Esto resulta clave, ya que sin ellos se dificulta la rendición de cuentas y el control público sobre el avance y cumplimiento de compromisos asumidos por la autoridad en el ámbito de la seguridad. Por eso la Política establece también la necesidad de que esa estrategia identifique indicadores, metas, responsables y plazos. El ministerio, además, debe avanzar también en el desarrollo de las políticas sectoriales que la ley le mandata elaborar y que aún se encuentran pendientes (terrorismo, ciberseguridad, etc.).

En consecuencia, el paso positivo del ministro Arrau debe ser complementado con la profundización y la “bajada” de la Política a compromisos más específicos y concretos de implementación y evaluación. También, en el desarrollo de varios otros instrumentos que es necesario elaborar en este proceso de instalación de esta nueva institucionalidad en seguridad.

En segundo lugar, un desafío importante en este proceso es que hay que tener cuidado de no hacer equivalente un plan o estrategia con la existencia de una agenda extensa (robusta como se ha mencionado) de reformas legales. Esto es problemático en dos sentidos.

Primero, desde una perspectiva de fondo, porque se deposita una confianza excesiva en la ley para resolver problemas que más bien son de gestión, coordinación y de deficiencias a nivel de capacidad profesional y estratégica. Una de las ventajas de haber creado al ministerio es precisamente el contar con una arquitectura institucional que puede hacerse cargo de este tipo de problemas, los que no requieren necesariamente de iniciativas legislativas para ser superados.

La ley puede ser una solución de política pública si va de la mano de una estrategia más compleja que trascienda al mismo texto legal y, en todo caso, incluya diagnósticos bien fundados, propuestas basadas en evidencia, un plan de implementación adecuado y un programa de seguimiento y evaluación posterior.

Se trata de elementos muchas veces ausentes en los debates legislativos en al área de seguridad y que, por lo mismo, explican el escaso impacto de diversas reformas legales adoptadas en años recientes. Insistir en que los proyectos de ley son la vía principal para enfrentar problemas de seguridad, sin contar con una estrategia que se haga cargo de las diversas dimensiones que presentan, no parece algo sensato.

En segundo lugar, desde el punto de vista cuantitativo, la actividad legislativa en seguridad ha sido especialmente intensa en años recientes. Estamos bastante alejados de la imagen de “sequía” que algunos han pretendido instalar. Basta observar algunos números básicos en esta materia que facilitan esta conclusión.

De acuerdo con datos proporcionados por la Fundación Piensa, entre los años 2016 y 2025 se presentaron 1.014 proyectos de ley en el área (635 entre 2022-2025, es decir, un promedio algo superior a 158 anuales en los últimos cuatro años), habiéndose aprobado 111 en el período (76 entre 2022-2025, es decir, 19 anuales). Estos números, además, reflejan una producción legislativa muy superior (dos a tres veces más, dependiendo de cómo se cuente) a las décadas previas en materia de seguridad (desde 1990 en adelante).

En el escenario descrito, la falta de iniciativas legislativas no parece ser el problema en el área de la seguridad. Por otra parte, su proliferación no puede confundirse con una estrategia ni menos reemplazar la existencia de planes que articulen dichas reformas en un sentido coherente con un marco de acción más estructural y profundo y con capacidad de producir impacto.

Lo esperable del ministerio es que defina una carta de navegación clara, capaz de mirar el problema desde una perspectiva más amplia y utilizar diversas herramientas en su ejecución, donde la reforma legal ocupe solo un lugar más, articulándose con el resto de las medidas y políticas públicas en el área.

Un último desafío para considerar requiere que no se confunda una estrategia o plan de seguridad con un conjunto de acciones aisladas que se ejecutan cotidianamente por distintas agencias estatales. Hemos visto que personeros de distinto tipo señalaron estas semanas, frente a la poca claridad que existía sobre la existencia o no del plan, que más importante que los planes o estrategias era la realización de acciones.

La ausencia de un plan se justificaba o “compensaba” con la enumeración de un listado de operativos policiales o de otro tipo (acciones). Se trata de una mirada incorrecta y que nos pone en presencia de un dilema o una dicotomía que es falsa, pues acciones que no se enmarquen en una estrategia más compleja corren el riesgo de ser voladores de luces que no produzcan cambios de ningún tipo.

En el otro extremo, estrategias que no dispongan de acciones concretas tampoco tienen posibilidades de cambiar la realidad. Las acciones, como las piezas de un puzle, deben encajar en un marco más general para poder construir una imagen coherente y que haga sentido. Piezas de distintos puzles pueden ser utilizadas y eventualmente calzar, pero no construirán una imagen armónica, sino probablemente un adefesio.

Todo lo anterior supone que el Ministerio de Seguridad Pública asuma una función centrada en la conducción estratégica de la política pública en seguridad y la coordinación sectorial e intersectorial como señala la ley que lo creó. Esto ha sido uno de los grandes aportes al crearse esta nueva institucionalidad, la que surgió como consecuencia del diagnóstico compartido de que el Estado chileno carecía precisamente de una capacidad de esta naturaleza.

El riesgo es que la extrema contingencia de los problemas de seguridad haga que el ministerio se deje seducir por la tentación de invertir su tiempo y energía en acciones de corto alcance. Por ejemplo, aparecer en los medios encabezando operativos policiales o de investigación o en liderar acciones judiciales (querellas) para las cuales el Estado dispone de otros organismos responsables de tales labores y no se necesitaba un nuevo ministerio. Esperemos que las señales positivas entregadas por el ministro Arrau de darle continuidad a la Política se mantengan y profundicen en el tiempo.