¿Es la subcontratación la política científico-tecnológica que Chile necesita?

El debate público sobre la agenda científica y tecnológica ha girado en torno a una serie de episodios que aumentan la desconfianza en la institucionalidad y la incertidumbre para el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Esto ha generado un serio problema al interior de un ministerio joven, pero crucial para el futuro de Chile: no tenemos hoy una política de ciencia, tecnología e innovación (CTI) coherente con la posición que el país ha ido construyendo en los últimos años.

El plan Choose Chile, es correcto en su diagnóstico inicial. Chile necesita infraestructura tecnológica y digital, necesita capacidades en inteligencia artificial y necesita conectar al sector público y privado con las transformaciones tecnológicas del presente. Sin embargo, el modelo que se propone para alcanzarlo es uno que atrae inversión extranjera en centros de datos, pero a costa de liberar datos públicos a grandes empresas tecnológicas y de formar usuarios de tecnologías que otros desarrollan. Esto es un modelo de crecimiento económico, sí, pero dependiente y con baja capacidad de desarrollo soberano.

Esta diferencia importa, y vale la pena recordar por qué.

En septiembre de 2025, Chile —como parte de la alianza CELAC-UE— adscribió en Bruselas una declaración ministerial conjunta con la Unión Europea sobre investigación e innovación. Este compromiso político y multilateral, que se sostiene en un amplio consenso construido durante décadas, se traduce en orientar una política pública de CTI hacia mecanismos que aseguren el impacto de la generación de conocimiento en un aumento de la productividad industrial, que habilite un crecimiento económico, pero basado en el conocimiento al servicio de un modelo de desarrollo sostenible.

Así las cosas, en dicha declaración, se establecen valores que deben guiar la cooperación bilateral: la excelencia científica, la libertad académica, la ciencia abierta, la integridad en la investigación y, de manera especialmente relevante, las alianzas equitativas que aseguren respeto mutuo, propiedad compartida y reconocimiento de las asimetrías entre sistemas de investigación.

Este último principio es el reconocimiento explícito de que cooperar con economías más grandes y sistemas científicos más consolidados requiere condiciones habilitantes y no simple subordinación. La declaración señala que la valorización del conocimiento debe transformar los resultados de investigación en soluciones, políticas y servicios que mejoren la vida de los ciudadanos, reconociendo además el valor del conocimiento tradicional, ancestral y local como fuente de innovación y resiliencia. Chile adscribió esta Declaración, entre otras cosas, porque su sistema nacional de CTCI tiene la madurez y el potencial suficiente para asumir ese desafío.

Lo que ha ocurrido en las últimas semanas, en cambio, va en dirección contraria. El artículo 8 del Plan de Reconstrucción Nacional, que buscaba liberar datos nacionales a empresas tecnológicas extranjeras —retirado ante la controversia, pero revelador de una lógica subyacente— es un síntoma claro de cómo se está conceptualizando la relación entre el Estado chileno y la industria tecnológica global. En esta relación, al parecer, no existe un vínculo estratégico entre partes con intereses propios, sino una operación de facilitación donde Chile pone el territorio, los datos y la mano de obra, y otros ponen la tecnología.

La declaración CELAC-UE reconoce que la cooperación en investigación e innovación requiere movilizar recursos, incluida experiencia y apoyo a políticas públicas, y que la movilidad de investigadores debe sustentarse en instrumentos justos y sostenibles. Chile tiene capacidades para ello: contamos con comunidades científicas activas, instituciones con trayectoria internacional y una posición geopolítica que nos permite articular agendas propias en foros multilaterales. Y estas capacidades se construyeron con inversión sistemática, con programas de formación de largo aliento y con políticas que entendieron que el conocimiento no es un insumo importable, sino una condición de autonomía. Y todo esto se logró a cuestas: con una baja inversión histórica en ciencia y tecnología, pero una inversión constantemente preocupada por dar sostenibilidad a un sistema propio, dinámico y coherente con nuestra realidad.

En este escenario, la pregunta que debe plantearse no es cómo atraer más centros de datos (para ello, existe incluso un Plan Nacional), sino cómo Chile produce, controla y valoriza su propio conocimiento, en un mundo donde la inteligencia artificial se está convirtiendo en infraestructura crítica. Esa pregunta tiene respuesta. Pero requiere una agenda distinta a la que se está ejecutando.