¿Y si la “pausa” a los SLEP cuesta y perjudica más?

La discusión sobre la Nueva Educación Pública ha hecho olvidar a muchos el apego a los datos y a la evidencia para tomar decisiones. Por ejemplo, no hace mención a la Ley N.º 21.819 (publicada recientemente, después de años de tramitación en el Congreso y meses en la CGR), Una norma que recoge aprendizajes, corrige nudos de implementación y entrega herramientas para enfrentar problemas usados para detener el proceso. La pregunta ya no es si hay que pausar el traspaso, sino si el Estado aplicará la ley que acaba de aprobar y si somos capaces de ser honestos con la evidencia y los datos.

En 2017, cuando se promulgó la Ley N.º 21.040 que crea los SLEP y desmunicipaliza la educación pública, ésta era administrada por 345 sostenedores municipales, sin conducción nacional especializada, con matrícula en descenso sostenido durante décadas y con gigantescos déficit financieros, previsionales, administrativos y de infraestructura (con las honrosas excepciones de algunas comunas que tenían las cuentas ordenadas).

Ocho años después de comenzar ese proceso, 58 de los 70 Servicios Locales de Educación Pública están constituidos y 36 se encuentran en régimen administrando establecimientos y encargándose de la educación de más de 640 mil estudiantes y párvulos. La reforma ha cruzado tres gobiernos de distinto signo. No ha sido lineal ni exenta de dificultades, pero ya no es una promesa, sino un sistema en funcionamiento.

Los resultados tampoco admiten caricaturas. Hay avances en asistencia, revinculación, permanencia y aprendizajes, considerando años de operación, condiciones heredadas y vulnerabilidad territorial. Persisten brechas de gestión, rigideces financieras, coordinación insuficiente y tensión entre urgencias administrativas y foco pedagógico y eso comenzamos a corregir y hay que seguir corrigiendo, pero ateniéndose a la evidencia científica.

Eso hace la reciente Ley N.º 21.819: en base a evidencia fortalece la conducción estratégica de la Dirección de Educación Pública; hace obligatorio el Plan de Transición entre el municipio y el SLEP; crea un Fondo para la Infraestructura Escolar; extiende el Fondo de Apoyo a la Educación Pública hasta 2029; establece seguimiento, fiscalización y sanciones; crea un Comité de Ministros, y permite postergar traspasos regulados hasta 2035. La ley no niega los problemas: los enfrenta y da alternativas de solución para que la ejecuten los gobiernos preocupados por la educación pública y que no buscan su desaparición.

Para la “pausa” también se ha invocado el costo fiscal. Pero postergar no elimina costos en ningún caso: prolonga deudas municipales, mantiene duplicidades entre sostenedores locales y nueva institucionalidad, posterga infraestructura y demora economías de escala que la Ley N.º 21.040 buscó construir.

Parte del debate confunde traspasar funciones existentes con crear gasto nuevo. Los municipios también son parte del Estado y buena parte del personal ya existe antes del traspaso. La Nueva Educación Pública no inventa una burocracia paralela: reorganiza una función estatal fragmentada en 345 administraciones municipales, con capacidades desiguales y sin conducción nacional.

Pausar no deja las cosas como están sin costo. Significa mantener un modelo fragmentado, con deudas que presionan al Fisco y comunidades expuestas a capacidades municipales dispares. En muchos casos, pausar puede costar más.

Continuar y ajustar son la misma tarea. El Consejo de Evaluación, la Agencia de Calidad, las evaluaciones externas, los SLEP en régimen y las crisis territoriales entregan una agenda clara: liderazgo pedagógico, apoyo técnico, gestión de personas, coordinación interinstitucional, anticipación financiera e infraestructura. No se hace suspendiendo el sistema, sino conduciéndolo mejor.

A los más de 640 mil estudiantes y párvulos de este sistema y a las comunidades que esperan su incorporación, les debemos continuidad, mejoras y aplicar la ley.

Continuar no es fe en la reforma. Es atenerse a los datos y la evidencia y responsabilidad pública con la educación del país.