La banca biométrica y la nueva frontera de la exclusión digital

La transformación digital del sistema financiero chileno avanza rápido. Aplicaciones móviles, validación biométrica y sistemas de autentificación reforzada comienzan a reemplazar mecanismos considerados inseguros o antiguos, como las tradicionales tarjetas de coordenadas. El problema es que, una vez más, la velocidad de la innovación parece ir varios pasos por delante de la capacidad del sistema para garantizar accesibilidad universal.

A partir del 1 de agosto de 2026, la banca deberá adoptar nuevos mecanismos de validación de identidad impulsados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El objetivo es legítimo: disminuir fraudes y fortalecer la seguridad de las transferencias electrónicas. Para ello, la normativa considera tres factores de autentificación: algo que el usuario conoce, algo que posee y algo que es. En esta última categoría aparece la biometría mediante reconocimiento facial o huella digital.

El problema del usuario estándar

Desde una perspectiva técnica, el cambio parece razonable. Desde la experiencia cotidiana de miles de personas, no necesariamente.

El error de muchos procesos tecnológicos actuales es que continúan diseñándose sobre la idea de un usuario estándar: alguien que ve, escucha, sostiene un teléfono con facilidad, comprende rápidamente interfaces digitales y posee conectividad estable. Cuando una persona se sale de ese molde, la experiencia comienza a deteriorarse rápidamente.

En Chile, según el Censo 2024, más del 16% de la población supera los 60 años, mientras miles de personas continúan enfrentando barreras de acceso digital asociadas a discapacidad, conectividad o alfabetización tecnológica. En ese contexto, avanzar hacia sistemas completamente biométricos sin garantizar accesibilidad universal no es solamente un desafío técnico: es una discusión de ciudadanía.

En el caso de las personas con discapacidad visual, por ejemplo, los procesos de reconocimiento facial todavía presentan enormes barreras de autonomía. Algo tan aparentemente simple como ubicar el rostro dentro del círculo que aparece en pantalla puede transformarse en una experiencia profundamente frustrante cuando el usuario no puede ver las instrucciones visuales del sistema.

La paradoja de la seguridad

La propia CMF parece haber advertido parcialmente este riesgo. Por eso abrió excepciones para ciertos grupos considerados en situación de vulnerabilidad digital. Entre ellos aparecen personas mayores, usuarios sin acceso adecuado a dispositivos tecnológicos y clientes que podrían quedar fuera del sistema financiero producto de estas nuevas exigencias de validación.

La medida parece prudente, pero también abre una contradicción difícil de ignorar. Si el nuevo sistema biométrico existe precisamente porque las coordenadas y claves tradicionales son consideradas menos seguras, entonces mantener a ciertos grupos operando bajo mecanismos antiguos implica también dejarlos expuestos a estándares de seguridad inferiores.

El problema es que las excepciones no necesariamente corrigen exclusión: muchas veces simplemente la administran.

Y ahí aparece una pregunta compleja: ¿la inclusión financiera puede sostenerse sobre sistemas “especiales” que, en la práctica, terminan ofreciendo menor protección? Porque el riesgo no es solamente quedar fuera del sistema financiero. El riesgo también es permanecer dentro de él, pero bajo condiciones más frágiles que el resto de la población.

Diseñar accesibilidad o administrar exclusión

El problema de fondo no es la biometría. Tampoco la necesidad de fortalecer la seguridad bancaria. El verdadero problema aparece cuando accesibilidad e inclusión continúan siendo consideradas adaptaciones posteriores y no principios estructurales del diseño tecnológico.

La discusión resulta especialmente relevante en un país donde la digitalización de servicios avanza mucho más rápido que la alfabetización digital o la adaptación accesible de las plataformas. Hoy realizar trámites bancarios, validar identidad o incluso portar un número telefónico depende crecientemente de herramientas biométricas que no siempre consideran adecuadamente la diversidad de usuarios existentes.

Y eso tiene consecuencias concretas. Porque cuando una persona necesita pedir ayuda para validar su rostro, acceder a su cuenta o completar una transferencia, la autonomía prometida por la transformación digital comienza a desdibujarse.

La Ley 21.422 establece que el Estado debe promover condiciones que garanticen autonomía e igualdad de oportunidades para todas las personas con discapacidad. Sin embargo, esa promesa pierde fuerza cuando los sistemas tecnológicos comienzan a construirse sobre lógicas que excluyen precisamente a quienes requieren mayor accesibilidad para participar plenamente de la vida económica y social.

La verdadera discusión entonces ya no es solamente tecnológica. Es política, económica y social. ¿Puede existir verdadera inclusión financiera si los mecanismos de acceso al sistema excluyen precisamente a quienes más necesitan acompañamiento? ¿No debiésemos estar discutiendo estándares universales de accesibilidad antes de implementar masivamente estas tecnologías?

La verdadera innovación

Muchas veces se presenta la innovación como una carrera permanente hacia sistemas más sofisticados. Pero sofisticación no siempre significa inclusión. Y modernización no necesariamente implica autonomía.

La verdadera innovación no consiste únicamente en digitalizar procesos. Consiste en garantizar que todas las personas puedan utilizarlos en igualdad de condiciones y bajo los mismos estándares de seguridad.

Porque cuando la tecnología avanza dejando grupos atrás, lo que falla no es la capacidad de adaptación de las personas. Lo que falla es la capacidad del sistema para diseñar innovación verdaderamente universal.