CIT 114: Las deudas del trabajo decente en Chile

Mientras Chile vive un debate laboral crispado por las tensiones políticas derivadas de una megarreforma, en Ginebra arrancó un hito clave. Este 1 de junio comenzó la 114.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la OIT. Se trata de la cita más relevante para el mundo del trabajo, donde el tripartismo, el diálogo social y el diseño de políticas globales de trabajo decente se vuelven el centro de la discusión mundial. 

Para nuestro país, lejos de ser un mero compromiso diplomático, este encuentro internacional opera como un espejo incómodo de nuestras propias deudas legislativas, sociales y de modelo laboral que queremos construir.

Una de las grandes prioridades que la OIT ha fijado para este año es el impulso de un programa transformador para lograr la igualdad de género en el mundo del trabajo. En Chile, la detección de las mayores barreras para la incorporación femenina al mercado laboral apunta con el dedo a uno de los culpables históricos: la ausencia durante mucho tiempo de una mirada hacia los cuidados y, específicamente, la postergada reforma al sistema de sala cuna.

El Artículo 203 del Código del Trabajo chileno sigue siendo discriminatorio. Al imponer la obligación de costear sala cuna únicamente a las empresas que contratan a 20 o más mujeres, la ley transformó un derecho social en un costo encubierto a la contratación femenina. Quienes legislaron en el pasado pensaron que protegían a la madre trabajadora, o simplemente la legislación no distinguía entre hombres y mujeres; lo que hicieron, en la práctica, fue amarrarle una mochila de costos exclusivos que frena su empleabilidad y castiga sus salarios. Esto sin contar los problemas laborales “por defecto” que trae consigo ser mujer trabajadora; lagunas previsionales, carreras truncadas y la vetusta discusión de género: igual remuneración a trabajo de igual valor. 

Sin embargo, el examen que Chile rinde ante la CIT 114 va mucho más allá de la urgencia de la sala cuna. El verdadero desafío político y social del país no se agota en la tasa de empleo, sino en la naturaleza misma de ese trabajo. Hablar de modernización laboral nos obliga a discutir directamente el trabajo decente, la justicia y el respeto irrestricto por los derechos de los trabajadores; esto incorpora desafíos cotidianos en la agenda laboral chilena que ha sido preocupación permanente de la Organización Internacional del Trabajo, tales como el espacio de crecimiento y cumplimiento de las políticas públicas, por ejemplo tras la ratificación del Convenio 190, la Ley Karin y la protección de los espacios laborales libres de acoso y violencia. 

Hoy nos encontramos en plena implementación de la ley de reducción de la jornada laboral, habitando el hito de las 42 horas en miras a la meta definitiva de las 40 horas en 2028. Este proceso no es un mero ejercicio de restar minutos al reloj; es una oportunidad histórica para rediseñar cómo vivimos, para asegurar una conciliación real de la vida familiar y laboral, y para garantizar jornadas que permitan un mejor vivir. A esto se debe sumar una preocupación ineludible por la seguridad y salud en el trabajo, entendiendo que ningún crecimiento económico es sostenible si se pone en riesgo la fuerza laboral.

Como Estado miembro de la OIT, Chile debe entender que las grandes transformaciones no se imponen mañosamente, ni vía recortes presupuestarios, ni amenazas de reducir los derechos sociales, debilitar el Estado o socavar el empleo público. El único camino con legitimidad democrática es el diálogo social efectivo, ese donde trabajadores y empleadores dejen de ser antagonistas y se convierten en coautores de las políticas públicas del país. La cita en Ginebra alude a ese propósito. El trabajo decente no es una ilusión internacional; es la brújula que Chile necesita para construir un futuro laboral más justo, seguro y profundamente humano.