Planificación estratégica en seguridad pública: dos instrumentos, un sistema

El debate sobre si Chile cuenta con un plan de seguridad ha tomado nuevo impulso con el ministro Arrau, quien señaló que la Política Nacional de Seguridad Pública (PNSP), elaborada mediante un proceso largo y participativo y promulgada por el gobierno del expresidente Boric, es “suficiente como base de un plan para la materia”.

Este debate importa por razones concretas. La Ley 21.730, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, y el Decreto Supremo 55 de 2025, que reglamenta el Sistema de Seguridad Pública, establecen con precisión qué instrumentos de planificación estratégica debe producir el Estado. No es una opción. Es un mandato legal que la ciudadanía debe conocer.

El contexto que justifica esa arquitectura normativa es conocido. Durante la pandemia, Chile transitó hacia una criminalidad de mayor complejidad, más violenta, más organizada y articulada en redes que operan en múltiples mercados ilícitos. Ante ello, el Estado respondió correctamente con la creación del Ministerio de Seguridad, cuya función central es coordinar un Sistema de más de 40 instituciones públicas hacia objetivos comunes. El principio es claro: los problemas complejos requieren soluciones igualmente complejas.

La PNSP es el primer instrumento. Con vigencia 2025–2031, fija los objetivos estratégicos del Estado y los medios para alcanzarlos, como exige la Ley 21.730. Organiza la acción del Sistema en seis ámbitos: prevención en niñez y juventud, prevención territorial, control del delito, persecución penal, sanción y reinserción y atención a víctimas. Su diseño incluye un diagnóstico basado en evidencia de la última década, objetivos de impacto por ámbito, lo que permite transitar de una gestión por procesos a una gestión por resultados, y 99 líneas de acción concretas. Su objetivo general es reducir los delitos violentos y el temor ciudadano.

La PNSP es integral. El ministro Arrau tiene razón al considerarla suficiente como política marco. El problema es que no basta con tenerla: hay que operacionalizarla.

Allí entra el segundo instrumento, la estrategia bienal. El reglamento del Sistema exige que el Ministro apruebe, mediante resolución, una estrategia que incluya objetivos de proceso e impacto, líneas de acción prioritarias e indicadores y metas para cada período, en conformidad con la PNSP. A ello, el mecanismo de mejora continua que está en la PNSP agrega la definición de responsables y plazos.

Es este instrumento el que el ministro Arrau debería explicar próximamente. Después de todo, uno de los propósitos de crear un ministerio especializado fue precisamente elevar los estándares de gestión pública en seguridad, mediante instrumentos formales de planificación, seguimiento y evaluación que permitan articular al Sistema y exigir resultados.

La lógica de este instrumento responde a dos necesidades. La primera es normativa, pues la ley obliga a evaluar y actualizar periódicamente la PNSP, y la estrategia bienal es el mecanismo de seguimiento y aprendizaje institucional que hace posible esa mejora continua. La segunda es pragmática, ya que implementar las 99 líneas de acción de la PNSP desde el primer día es inviable. La estrategia bienal es, por tanto, un instrumento de focalización que establece prioridades para cada período de gobierno y que permite que dicha priorización esté en sintonía con los desafíos que enfrenta cada período.

Lo que Chile necesita hoy no es principalmente un nuevo paquete legislativo en seguridad, sino convertir al Sistema de Seguridad Pública en un modelo de gestión integrado, basado en evidencia y orientado a resultados. La PNSP y la estrategia bienal son los instrumentos de planificación que contribuyen a ese objetivo.