Un experimento social sin evidencia: el registro de incivilidades y sus consecuencias

El Presidente Kast presentó durante la Cuenta Pública la propuesta de implementar un Registro Único de Vándalos e Incivilidades. Este registro cubriría dos cuestiones diversas: a quienes cometan algunos delitos (se menciona como ejemplo atentados en contra de carabineros) y a los que realicen conductas que no necesariamente son “constitutivos de delito” pero que se identifican como incivilidades (categoría bastante poco clara aún en la propuesta y ejemplos entregados). En esta columna nos referimos preferentemente a esta segunda dimensión del Registro.

Si bien existen aún muchas dudas sobre los detalles de esta propuesta debido a que ella no se ha hecho pública, la lógica que se encuentra a la base del registro de incivilidades es simple: quien dañe el espacio público perderá derechos sociales y quedará en un registro (sin que quede aún claro si este registro será público o no). Así, acciones tan disímiles como tomar alcohol en la vía pública, hacer un graffiti o dañar bienes comunitarios podrían llevar a perder beneficios sociales que van desde la la Tarjeta Nacional Estudiantil, hasta la gratuidad universitaria o la pensión garantizada universal (PGU).

Nadie discute que las incivilidades existen, que afectan la vida en común y que el Estado debe buscar formas de intervenir para reducirlas. De hecho, muchos de los ejemplos que mencionó el Presidente en su cuenta como incivilidades ya son reguladas como delitos en el país y pueden generar responsabilidad penal de quienes las cometen, incluyendo la aplicación de penas privativas de libertad en casos más graves. Sin embargo, en este contexto, la pregunta relevante es otra: ¿puede esta medida efectivamente reducir incivilidades o, incluso, la delincuencia? Recordemos que el principal argumento esgrimido por la autoridad en su favor ha sido un supuesto efecto disuasivo de este registro.

Desde la evidencia científica, hoy no hay antecedentes que muestren este efecto ni en Chile ni en el mundo. Cuesta encontrar ejemplos de países que hayan implementado medidas similares. Incluso en algunos en que se ha planteado debate sobre la materia, esta medida no ha prosperado debido a que, por regla general, se la ha considerado muy problemática desde diversas perspectivas.

Si bien hay países que han quitado algunos beneficios sociales a personas con condenas penales —principalmente a nivel estatal en los Estados de los Estados Unidos—, no existen casos en que esa pérdida sea consecuencia directa de una incivilidad. El Registro sería, en ese sentido, un experimento social sin precedente ni evidencia.

Es más, la evidencia con la que sí contamos apunta en una dirección clara, y sugiere que este registro podría producir exactamente lo que busca combatir. La evidencia apunta a los efectos negativos de quitar beneficios sociales, así como de generar un registro.

Lo que sabemos es que la protección social reduce el delito. Una revisión de decenas de estudios publicada este año concluyó que los programas de bienestar —subsidios alimentarios, asistencia en efectivo, seguro médico— producen lo que el autor del artículo llama un “dividendo de prevención del delito”: un retorno en seguridad pública que llega como desborde del gasto social.

Lo que también sabemos es que retirar beneficios sociales como castigo de determinados delitos aumenta la reincidencia, no la reduce. Una ley estadounidense, aplicada en algunos Estados, prohíben de por vida el acceso a beneficios sociales a quienes hayan sido condenados por delitos de drogas. Los estudios muestran que el resultado de esta ley ha sido paradójico: la probabilidad de reincidir es mayor entre quienes han perdido sus beneficios sociales, en parte motivados por recuperar los ingresos económicos perdidos.

Con respecto a la creación de un registro, la evidencia es mixta. Por un lado, un registro de uso administrativo podría aportar al trabajo de las fuerzas del orden. Pero aún en este caso, la evidencia disponible se refiere a delitos graves y no a incivilidades como en esta propuesta. En el caso de registros que se hacen públicos, un estudio que recoge la evidencia de 18 investigaciones sobre el efecto de los registros públicos en la reincidencia encuentra que tal relación no se sostiene en los datos.

Por otra parte, en varios estudios, la existencia de registros ha estado asociada efectos negativos para los ex convictos y sus familias, incluyendo en el desempleo, acceso a vivienda y estigmatización, así como depresión y ansiedad entre hijos de los ex convictos.  Un mecanismo claro se relaciona a la estigmatización experimentada por aquellos que están en el registro: el Estado y la sociedad los categorizan como antisociales y su integración se dificulta. Y si los mismos ex condenados luego se auto categorizan como antisociales, aumentan las probabilidades de acercarse a círculos delictivos.

Esto es particularmente complejo en el caso de adolescentes. Muchos estudios muestran que intervenciones estatales en jóvenes, como por ejemplo los controles de identidad, que los etiquetan formalmente y los excluyen de sus vínculos y relaciones sociales habituales, producen el efecto contrario a la disuasión, aumentando el porcentaje que participa en hechos delictivos futuros y también el resentimiento y actitudes negativas en contra de las policías.

En este escenario, antes de avanzar en la aprobación de esta propuesta, vale detenerse en una pregunta simple: ¿puede efectivamente el quitarle beneficios sociales y construir un registro de quien cometió una incivilidad producir menos paredes rayadas o, incluso, menos delincuencia? ¿Cuáles son los correlatos negativos que esta medida podría traer? No son preguntas retóricas. Son preguntas que cualquier política pública seria debe estar en condiciones de responder antes de implementarse y que, hasta ahora, tiene escasa evidencia en el mundo (y nula en el caso chileno y latinoamericano). De hecho, la poca evidencia que sí existe apunta a efectos opuestos a los buscados por esta propuesta.