Niños y adolescentes en la vida delictual: el primer frente de batalla del Estado

Un niño de catorce años murió de un balazo mientras participaba en el asalto rebautizado mediáticamente como “turbazo” a la casa del ex presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. A la hora en que debía estar preparando su mochila para ir al liceo, integraba una banda armada que irrumpió en un domicilio de San Miguel. La imagen condensa, con una crudeza difícil de soslayar, el fenómeno del que debieras ocuparnos: la creciente incorporación temprana de niños y adolescentes a la vida delictual y, sobre todo, el valor cultural que esa incorporación ha adquirido en nuestro país.

No es un caso aislado. Días después, cuatro menores de edad participaron en el atroz asesinato de Isabel Contreras, una mujer de 65 años, en Coronel. Y durante el verano, una banda de adolescentes que se desplazaba en autos de alta gama asaltó a mano armada un local de telefonía en el sector sur de Santiago; en lugar de procurar la huida y el silencio, se dedicaron a jactarse del golpe en videos de redes sociales. Esa conducta —difundir el delito en vez de ocultarlo— no es un factor anecdótico es la punta visible de un cambio cultural profundo.

¿Por qué jóvenes y precoces asaltantes valoran más el reconocimiento social en redes que proteger su propia libertad? Responder bien esa pregunta es de la más alta importancia si queremos comprender las dinámicas actuales de la criminalidad y diseñar políticas de Estado que prevengan carreras delictuales y abran un mejor horizonte a la niñez y la juventud, lejos de la cultura de la cárcel y la muerte.

Hace algunas semanas, el sociólogo Carlos Álvarez Sanhueza, en una excelente columna, describió con acierto cómo la cultura de lo ilícito se ha enquistado en sectores de la sociedad, potenciada por las redes sociales, y subrayó la variable cultural que hoy tiene la criminalidad. Sobre esa base, es recomendable aportar algunos elementos complementarios desde la mirada del trabajo de campo en America Latina.

El primero: la cultura delictual está en expansión y se ha vuelto hegemónica en sectores juveniles populares. El lenguaje del hampa ha permeado incluso el debate político en redes. Términos del habla carcelaria como “perkin” o “perro” circulan con naturalidad entre los jóvenes, aparecen en discusiones y se leen como consignas en los rayados callejeros. Está a la vista de todos, e incluso la hemos visto en discusiones de nuestros representantes políticos.

Por eso, conviene dimensionar lo que está en juego. La cultura criminal es uno de los mayores desafíos que enfrenta el Estado y quizá la fuerza con mayor capacidad de erosionar el Estado de derecho desde abajo: tiene anclaje social en los sectores populares juveniles, un poder material creciente y armado, y una notable capacidad de mutar y adaptarse, sostenida por un sistema de valores, códigos y símbolos de aceptación social en aumento. El componente cultural, por tanto, no puede quedar fuera del diseño de las políticas de prevención.

Y aquí llegamos al punto central. Uno de los rasgos definitorios de esta cultura es la valoración del involucramiento delictual a temprana edad. Conviene precisar: no se trata solo de que delincuentes adultos utilicen a menores —aunque eso también ocurre—, sino de que “ser de menor”, la jerga que se utiliza y que involucra tempranas pasadas por el sistema judicial y penal, constituye en sí mismo un valor dentro de la carrera del delincuente.

Y no es un valor caprichoso: responde a una lógica. La inimputabilidad o la responsabilidad penal atenuada del menor es un recurso. En la cadena de valor del delito, ese estatus legal opera como una ventaja explotable —un verdadero arbitraje de la impunidad— que quienes organizan y administran las rutas criminales incorporan de manera deliberada. El joven que “cae de menor” y regresa pronto a la calle no acumula un estigma, al contrario: en muchos casos es una credencial. “Ser de menor” es, por eso, un factor de reproducción de la cultura criminal.

Esto obliga a mirar con cuidado un reflejo recurrente. Cada vez que un delito cometido por niños o adolescentes provoca conmoción pública, reaparece la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal. Desde la perspectiva de lo observado en la región, al plantearla, no se calibra bien la presión que impone a un sistema penal ya sobrecargado, ni el hecho de que con ella prácticamente aseguramos la carrera criminal de esos jóvenes. Pero hay algo más sutil y más grave: una medida así puede terminar potenciando aquello que dice combatir, al elevar todavía más el “valor” de la pasada penal temprana dentro de la cultura criminal. Las políticas frente al delito no pueden limitarse a sonar bien en la galería: requieren sustento técnico y deben evitar que terminemos amplificando el problema que pretendíamos enfrentar.

Queda una variable de enorme complejidad, que exige una respuesta de Estado y un compromiso de toda la sociedad: la expansión de la cultura delictual ha ido de la mano con la pérdida de la valoración social de la educación como vía de movilidad. Nuestro sistema educativo, deteriorado, se ha mostrado incapaz de retener a los jóvenes y de ofrecerles un futuro deseable a través del estudio y el esfuerzo, frente al éxito inmediato, el dinero y la ostentación que promete el delito.

Y así se cierra la pregunta del comienzo. El adolescente que difunde su asalto en redes no actúa de manera irracional, pues la verdad es que muchas veces actúa conforme a una jerarquía de valores en la que el reconocimiento dentro de su mundo —el prestigio, el estatus, la pertenencia— pesa más que el riesgo de perder una libertad que, además, el propio sistema le devuelve pronto. No exhibe el delito a pesar de la cultura criminal, sino gracias a ella. Mientras esa jerarquía permanezca intacta, ningún endurecimiento penal, por sí solo, la modificará.

Ahora que parece haber consenso en que lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado debe abordarse con perspectiva de Estado, más allá de los gobiernos de turno, vale subrayar estos elementos para el diseño de políticas preventivas orientadas a cortar tempranamente las carreras criminales.

Como lo plantee en mi libro Un Virus entre sombras, estoy cada vez más convencido que la batalla crucial contra el narcotráfico y el crimen organizado se debe dar en las aulas y no en las calles, para  ser capaces de ofrecer un horizonte de esperanza a miles de niños y jóvenes, y a evitar que su futuro se malogre entre las balas, las drogas y la cárcel.