El número y el nombre

La semana pasada murió en París Marjane Satrapi, la dibujante a la que el régimen iraní empujó al exilio por contar, en Persépolis, la tortura que su teocracia negaba. Chile conoció esa misma operación de una forma análoga. En septiembre de 1973, fue detenido Sergio Bitar, ministro de Minería del gobierno depuesto, lo embarcó hacia el estrecho de Magallanes y le confiscó, antes que la libertad, su nombre. Durante meses, Bitar se llamó “Isla 10”.

Dawson fue el campo de prisioneros más austral de la historia y allí el régimen concentró a ministros, parlamentarios y dirigentes de la Unidad Popular, sometidos a trabajos forzados en un punto del mapa elegido principalmente por la virtud de su lejanía. De este modo, la geografía podía hacer de muro y el clima de carcelero. El caso de Bitar muestra que la tortura no comienza en el cuerpo, sino mediante una operación de lenguaje en la que el número reemplaza al nombre, la capucha sustituye al rostro y la distancia suple al domicilio.

Frente a escenarios como este, existe una advertencia de tres siglos: el individuo existe antes que el Estado, y el nombre es su primera propiedad. Cuando el poder deja de llamar a una persona por su nombre ha empezado, en ese mismo instante, a expropiarlo. Bitar servía a un gobierno hondamente disputado, y ese es justamente el punto: los derechos de un prisionero no dependen del juicio que merezca el gobierno que integró. Quien condiciona el respeto de los derechos de una persona a la ideología de la víctima, ya aceptó el principio del verdugo.

La literatura del siglo XX conoce ese instante mejor que ningún tratado. Solzhenitsyn tituló su manuscrito sobre el Gulag con el número de su protagonista (Shch-854) antes de que el mundo lo conociera como Un día en la vida de Iván Denísovich; Primo Levi escribió toda su obra contra la cifra que le tatuaron en el brazo. Bitar pertenece a ese linaje preciso: tomó el código diseñado para borrarlo y lo convirtió en la portada de un libro. El número que debía abolir al testigo terminó siendo el título del testimonio.

El cine completó la restitución. En 2009, Miguel Littín llevó el libro a la pantalla y les devolvió el rostro a los hombres de Dawson, allí donde el poder había fabricado invisibilidad deliberada. Es la otra cara del mismo oficio: donde el encierro produce números y sombras, la expresión produce nombres y caras.

La palabra no se defiende por sentimentalismo. John Stuart Mill, en el siglo XIX, lo formuló con frialdad aritmética: silenciar una opinión roba a la humanidad entera. El derecho interamericano lo hizo doctrina: la libertad de expresión del artículo 13 tiene una dimensión individual, el derecho de Bitar a contar; y una social, el derecho de todos los demás a saber. Y esa palabra cumple una función de gobierno. Si los hombres fueran ángeles, escribió James Madison, padre de la constitución de los Estados Unidos, no haría falta gobierno alguno; como no lo son, todo poder necesita controles, y ninguno opera con menos testigos que el que administra encierros. El testimonio del que estuvo dentro es el control que alcanza donde el Estado es más fuerte y el individuo más débil. Vigilar al poder no es desconfiar del Estado: es la condición para que el Estado sea legítimo.

El sistema interamericano dio dos respuestas tempranas. Una normativa: el artículo 3 de la Convención consagra el derecho de toda persona al reconocimiento de su personalidad jurídica, la disposición exacta que un sistema de números viola. La práctica: en 1974, con Dawson aún vigente, la Comisión Interamericana realizó en Chile una de las primeras visitas in loco de su historia. Vino de afuera a hacer la pregunta esencial: a pedir la lista de los nombres.

El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura convirtió esa visita excepcional en método permanente. Desde 2002, los Estados que lo ratifican (Chile lo hizo en 2008 y creó su mecanismo por la Ley 21.154, de 2019) aceptan organismos independientes facultados para entrar sin aviso a cualquier lugar de privación de libertad. Lo primero que se verifica es la nómina. Cada persona debe constar con su nombre, su fecha de ingreso, su paradero, su estado. Las Reglas Mandela lo ponen al inicio por una razón de fondo: la salvaguarda primaria contra la tortura es una lista de nombres completa y verdadera. Luego, los informes de estos mecanismos se publican, porque un hallazgo secreto reproduciría el secreto que vino a romper.

El principio es ciego al signo del régimen, y esa ceguera es su fuerza. La misma letra que condena Dawson condena las celdas de La Habana y de Caracas. No por azar Cuba jamás ha firmado el Protocolo y Venezuela jamás lo ha ratificado. El mismo mecanismo que hoy puede cruzar la reja de una cárcel chilena habría servido contra Villa Grimaldi y serviría hoy contra las de Ortega: no mira el color del gobierno que vigila, ni siquiera el del que lo creó.

Hoy el mandato preventivo chileno cubre cárceles y comisarías, pero también establecimientos psiquiátricos, residencias de niños y centros que cobijan a adultos mayores: todo lugar donde el Estado administra puertas que otros no pueden abrir. Conviene decirlo cuando la seguridad se ha vuelto la primera promesa de casi todos los sectores. Una política de orden seria exige custodia impecable, porque la tortura vicia pruebas, anula juicios y convierte condenas seguras en absoluciones. El Estado que castiga con la ley no puede parecerse a quienes castiga.

Quien cree en el orden, debería ver en el mecanismo que audita los encierros no a un adversario, sino a su propia tesis fundacional hecha institución: ningún poder, ni siquiera el propio, merece operar sin testigos. La vigilancia no fabrica virtud, solo encarece el abuso. No se trata de construir ángeles, sino de atar al poder a su propia ley. El imperio de la ley vale poco si se detiene en la puerta de la celda.

Bitar volvió del número: fue senador y dos veces ministro desde el retorno a la democracia. El Estado le dio una cifra para quitarle el nombre y él convirtió la cifra en el nombre de un libro. Una república se reconoce en esa aritmética inversa. La prevención de la tortura y la libertad de expresión, reducidas a su gesto esencial, son una misma obligación: llamar por su nombre a cada persona que se encierra, y no impedirle jamás contar lo esta que vio.