Educación superior: el financiamiento que Chile sigue postergando

La Cuenta Pública volvió a dejar en evidencia una ausencia incómoda: Chile sigue sin una definición clara sobre el financiamiento de la educación superior. El debate sobre el financiamiento se ha presentado como una oposición entre gratuidad y deuda. El CAE terminó acumulando una morosidad superior al 70%, en parte por sus problemas de diseño y en un contexto de señales políticas ambiguas respecto de su condonación y cobranza. El FES, que intentó reemplazarlo, quedó entrampado no logró transformarse en ley antes del término del gobierno de Boric. Hoy, el gobierno de Kast propone ir en la dirección opuesta: limitar la gratuidad, frenar su extensión hacia nuevos deciles y fortalecer el cobro del CAE. En este caos de señales contradictorias, quizás valga la pena detenerse a mirar cómo resolvió esto el resto del mundo.

No existe un modelo único. Pero sí hay tres familias de soluciones con lógicas coherentes.

El modelo nórdico es el que más sedujo al movimiento estudiantil de 2011. En Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suecia, los aranceles son bajos o nulos, el Estado financia ampliamente el sistema y también apoya a los estudiantes en sus costos de vida. Pero lo hacen sobre la base de una fuerte capacidad fiscal y una carga tributaria significativamente mayor. En esos casos, la educación superior no es “gratis” en términos económicos: se financia colectivamente a través de impuestos generales y apoyo público permanente. La contrapartida es una carga fiscal elevada que Chile, con un déficit estructural en torno al 3,6% del PIB, simplemente no puede replicar, al menos hoy.

El modelo anglosajón, representado por Australia, Inglaterra y Nueva Zelandia, tomó otra ruta: aranceles altos, pero financiados mediante préstamos contingentes al ingreso. El egresado devuelve su deuda solo si supera un umbral salarial, y el saldo que no alcanza a pagar, en algunos sistemas, se condona tras un plazo determinado. La OCDE identifica estos mecanismos como una forma de compatibilizar acceso y distribución de costos, aunque también advierte que deben diseñarse cuidadosamente para evitar deudas excesivas o costos fiscales diferidos. Eso fue, en Chile, precisamente, uno de los dilemas del FES.

El modelo mixto continental, donde se ubican Alemania, Francia, España o Bélgica, tiende a mantener aranceles bajos o moderados, con financiamiento estatal relevante hacia las universidades. En estos casos, el Estado financia de manera importante a las instituciones, mientras que las ayudas directas se orientan principalmente a quienes más las necesitan. 

¿Dónde está Chile hoy? En una zona incómoda. En la práctica, combina piezas de distintos modelos sin completar ninguno: aranceles altos como en los sistemas anglosajones, gratuidad inspirada en una promesa de acceso amplio, créditos con tasas, morosidad y legitimidad erosionada, y un financiamiento institucional débil en comparación con los modelos donde, por ejemplo, los aranceles regulados se sostienen con aporte público basal. Esa mezcla explica buena parte del problema: se amplió el acceso, pero sin resolver de manera estable quién financia la calidad, quién contribuye según capacidad de pago y cómo se protege la sostenibilidad fiscal del sistema.

La discusión no puede reducirse a cuánto paga el estudiante o cuánto subsidia el Estado. También debe preguntarse qué tipo de instituciones quiere sostener el país. No todas las universidades cumplen la misma función, no todas tienen la misma complejidad y no todas enfrentan los mismos costos.

El mundo ya hizo ese experimento, con resultados disponibles. El problema es que cada vez que Chile está a punto de tomar una decisión estructural, el debate se tranca, el gobierno cambia y volvemos a fojas cero.