La energía nuclear en la matriz chilena: desafíos y prospectiva

La incorporación de la energía nuclear en la matriz eléctrica de Chile –como una alternativa libre de emisiones de gases de efecto invernadero– constituye una oportunidad estratégica para el desarrollo nacional. El reconocimiento efectivo de tal circunstancia se considera y construye con base en cuatro pilares.

Primero, la evaluación prospectiva de las necesidades del país en términos de energía y, particularmente, en su actual camino a energías limpias.

Segundo, la constatación que la diversificación lograda mediante la energía solar y eólica demuestra que Chile posee la capacidad de integrar fuentes distintas a la hidroelectricidad y la termoelectricidad fósil, lo que implica contrastar rigurosamente esa realidad con alternativas complementarias como la energía nuclear.

Tercero, el análisis profundo del estado del arte de las tecnologías nucleares, considerando las proyecciones globales del conocimiento y la industria respectiva, así como la viabilidad de una instalación sostenible en el contexto local.

Y, cuarto, la evaluación de la capacidad nacional para gestionar este emprendimiento tanto en el ámbito político como en el científico y técnico.

En este artículo, nos enfocamos en los dos últimos puntos, subrayando que cualquier decisión política debe abordar el análisis de manera sistémica e integral.

El desarrollo tecnológico reciente ha abierto un espacio viable para emprendimientos de mediana escala a través de los Reactores Modulares Pequeños (SMR). Estas tecnologías permiten ajustar la potencia a necesidades específicas, con la ventaja de una escalabilidad incremental.

Su despliegue no solo está pensado para insertarse en la red eléctrica nacional, sino que también resulta particularmente apto para suministrar energía a comunidades o industrias remotas, aplicaciones en faenas mineras, proyectos de desalinización o tratamiento de residuos.

Las tecnologías de los SMR integran los sistemas de seguridad y la infraestructura periférica dentro del diseño modular, aumentando los niveles de seguridad y confiabilidad de la instalación y reduciendo significativamente los costos de instalación, operación y mantenimiento respecto a las plantas convencionales.

Además, la construcción y ensamblaje off-site simplifican la logística, limitando las operaciones constructivas en terreno al transporte, la instalación del módulo y la puesta en marcha. Aunque los reactores modulares se encuentran en etapas avanzadas de desarrollo –siendo la central flotante Akademik Lomonosov en Rusia un referente operativo–, existen decenas de proyectos en curso en China, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá y Argentina, con rangos de potencia eléctrica entre 30 y 300 MWe.

La implementación de energía nuclear demanda una política de Estado de largo aliento. Un proyecto de esta naturaleza trasciende los ciclos gubernamentales, y las previsiones iniciales suelen enfrentar alteraciones en plazos y costos, una realidad documentada en la experiencia comparada. La crítica recurrente que observamos hoy entre administraciones sobre proyecciones fallidas en cuestiones que conllevan una alta incertidumbre subraya la necesidad de dotar a la política nacional de una robustez que supere la mera contingencia.

Un eje crítico es el marco legal y regulatorio. Ante la inexistencia de una industria energética estatal, el establecimiento de una planta nuclear requerirá de una ley de quórum calificado que defina el modelo de gestión, ya sea como empresa estatal o mediante una alianza público-privada.

Paralelamente, la capacidad regulatoria debe ser robusta. La experiencia internacional –hay ejemplos precisos y relevantes, entre ellos, un caso es Argentina– nos enseña que el marco regulatorio debe construirse de manera concurrente, o incluso adelantada, al diseño y construcción de una planta nuclear. Si bien Chile ha consolidado una legislación ambiental, aún existen vacíos normativos en la planificación del uso del suelo para fines nucleares, en las prescripciones para la operación de un reactor de potencia y en la gestión de material radiactivo.

Justamente, en este último punto, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), está concluyendo una propuesta para la primera política nacional para la gestión de residuos radiactivos y combustible gastado, un paso necesario en este camino.

Finalmente, aunque la construcción de una planta sea encargada a un proveedor internacional, el país debe garantizar la soberanía técnica. Esto exige un esfuerzo formativo ad hoc para desarrollar competencias en físicos, ingenieros nucleares y especialistas en gestión legal y ambiental. Chile cuenta con una trayectoria de más de 60 años en el manejo seguro de la energía nuclear, con reactores que han resistido eventos sísmicos severos y una autoridad regulatoria con estándares de la OECD.

Esta base es el punto de partida fundamental, con lo cual Chile se encuentra por encima de la línea de flotación para avanzar hacia el emprendimiento que aquí discutimos.

La decisión sobre la energía nuclear es una resolución política de envergadura sistémica, donde los factores técnicos, económicos y regulatorios convergen en una ecuación compleja. Confío en que, al igual que en otros momentos definitorios de nuestra historia, el país abordará esta resolución con la visión, la seriedad y la altura política que la importancia del desafío demanda.

• Documento presentado junto al exrector Dr. Carlos Saavedra, en la Comisión de Minería y Energía del Senado, el 06 de agosto de 2025: ver AQUÍ.