Sobre las “carreras sin futuro” y el valor de la educación

El llamado del Ministro Quiroz a los estudiantes a no endeudarse para estudiar carreras “sin futuro”, sumado a anuncios de eventuales recortes en educación, gratuidad y becas, no son opiniones ni iniciativas aisladas. Se inscriben en una racionalidad que se ha consolidado en el debate público: aquella que evalúa la educación casi exclusivamente por su rentabilidad económica futura.

En la discusión política, pareciera que el único valor de la educación es aquel que se traduce en el potencial de aumentar los ingresos del educando, catalizando la tan deseada movilidad social. La educación se concibe, así, fundamentalmente como una inversión económica, ya sea a nivel individual, familiar o nacional.

En esta columna hacemos un llamado a detenernos a examinar las causas y consecuencias de esta valoración. Si la educación formal se comprende como una inversión en el presente cuyo valor radica principalmente en su capacidad de generar retornos económicos futuros, entonces, como advierte la politóloga Wendy Brown, los individuos dejan de ser ciudadanos para convertirse en “capital humano”: pequeñas empresas personales obligadas a maximizar su valor. Esta transformación no es inocua. Al someter la educación a la lógica del mercado, se debilita el vínculo entre educación y democracia, erosionando la idea de una ciudadanía crítica y formada. Y con ello, el peligro de socavar también uno de los pilares fundamentales de la vida democrática.

Nuestras investigaciones con niños, niñas y jóvenes de sectores marginados muestran que esta mirada resulta profundamente limitada porque invisibiliza otras dimensiones fundamentales de la educación: su rol como espacio de formación para la vida en común, de desarrollo de la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico. En contextos escolares diversos, por ejemplo, con estudiantes indígenas y migrantes, la escuela puede constituirse en un espacio clave para el fortalecimiento de la autoestima y la convivencia, mediante el reconocimiento y valoración de las historias y herencias culturales de sus comunidades. La educación, en este sentido, no solo transmite conocimientos, sino que también habilita formas de coexistencia que enriquecen a la sociedad en su conjunto.

Reducir el valor de la educación a su retorno económico tiene, además, consecuencias problemáticas. Entre jóvenes que enfrentan condiciones de exclusión social y económica, rápidamente aparecen deseos de alternativas más rentables que la educación para “salir adelante”, incluso cuando estas impliquen riesgos significativos para el bienestar colectivo. Tal como lo demuestran las investigaciones de Catalina Droppelmann sobre reclutamiento delictual, son más los jóvenes que buscan oportunidades de éxito económico en el crimen que las bandas que activamente los reclutan. En términos de inversión económica, bien lo comprenden muchos jóvenes, continuar y persistir con su educación no es siempre el mejor negocio.

Una tensión similar atraviesa el debate en torno al Crédito con Aval del Estado (CAE) y la rentabilidad de las carreras de educación superior. En el debate público, la conversación se ha centrado en la decisión económica individual del estudiante cuya credencial universitaria o técnica no recibe un retorno económico positivo en el mundo laboral, suficiente como para saldar su deuda. Más allá de las inversiones económicas de estudiantes y sus familias que apuestan sus anhelos en la educación superior, nuestro llamado es a repensar también su valor social.

Una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia del COVID-19 fue precisamente que aquellas profesiones y oficios más imprescindibles para el bienestar de la sociedad – como docentes, educadoras de párvulos, cuidadoras y trabajadores de la cultura – no son necesariamente las mejor remuneradas. Existe aquí un desafío pendiente para el Estado en cuanto a apoyar la formación de profesionales y técnicos cuyos aportes generan beneficios sociales que el mundo laboral no retribuye adecuadamente.

Por supuesto, esta crítica no exime la necesidad de una discusión rigurosa sobre el uso de recursos públicos en un contexto de restricciones presupuestarias. Pero precisamente por ello, es indispensable ampliar la conversación sobre el sentido de la educación. La pregunta es ineludible: ¿seguiremos sosteniendo que el valor de la educación se mide únicamente por su retorno económico, o seremos capaces de reconocer y fortalecer su valor para la formación ciudadana, el bienestar social y la convivencia democrática?