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Dos exoficiales de la PDI condenados por vender datos a narcos
Ambos eran parte de una asociación criminal, según la justicia, dado que entregaban datos del sistema informático de la policía civil a traficantes de ketamina. Otros dos detectives dados de baja están a la espera de ser llevados a juicio, acusados de ser parte de una célula del Tren de Aragua.
El Juzgado de Garantía de Arica dictó sentencias condenatorias en contra de dos exoficiales de la Policía de Investigaciones, por su participación en una red de apoyo a una organización dedicada al tráfico de ketamina, cuyas detenciones ya fueron informadas anteriormente por El Mostrador.
Ambos exfuncionarios, uno de los cuales estaba en servicio activo cuando fue arrestado, fueron condenados por delitos como asociación criminal y cohecho, además de varios otros hechos en cada caso.
En efecto, el exsubcomisario Leoncio Fernando Oporto Duhart, quien era de dotación de la Brigada Investigadora de Robos Oriente (BIRO Oriente) fue condenado por los delitos de asociación criminal, cohecho pasivo impropio, revelación de secreto, tenencia ilegal de partes de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones.
Según la investigación realizada por la propia PDI y la Fiscalía de Arica, Oporto utilizó su clave institucional para acceder al sistema informático denominado BRAIN, desde un computador ubicado en la comuna de La Reina.
La indagatoria determinó que el exoficial realizó consultas sobre las órdenes de detención vigentes de quienes fueron sindicados como los líderes de la banda conocida como “Los Kussy Boys”, Felipe Orellana Sánchez y Khrishna Vega Ramírez, informando el resultado a través de canales de mensajería.
Además, Oporto Duhart envió fotografías de evidencias correspondientes a una causa de robo con intimidación bajo su cargo, que incluían registros de incautación de dinero, a cambio de beneficios económicos, según el Ministerio Público. Por estas gestiones, el exfuncionario recibió depósitos que sumaron 2.200.000 de peso en su cuenta bancaria personal. En el momento de su detención, se hallaron en su poder, además, 13 municiones calibre 9 milímetros y un cargador de pistola Sig Sauer para los cuales no poseía autorización legal de tenencia.
El segundo exoficial implicado, el comisario en retiro Claudio Rafael Solans Marchant, perteneció en su momento a la Brigada Investigadora de Asaltos (BIA), unidad tristemente célebre por una serie de escándalos, en función de los cuales a mediados de los años ’90 fue rebautizada como “BIRO”. De acuerdo con la investigación, este actuó como intermediario entre la organización criminal y el funcionario activo.
Solans, identificado en las comunicaciones internas de la banda como “Tío Rafa”, solicitó la información a Oporto, con el fin de alertar a los narcotraficantes sobre la persecución penal en su contra. La fiscalía determinó que el excomisario poseía un listado de precios relativo a lo que él cobraba por obtener datos policiales (el mínimo eran 300 mil pesos).
Durante el registro de su domicilio en La Cisterna, la policía incautó dos armas de fuego; una de ellas, una pistola marca The Best Automatic Pistol, no se encontraba inscrita, por lo cual fue condenado por asociación criminal, cohecho activo y tenencia ilegal de arma de fuego.
Debido a todo lo anterior, la semana pasada el Juzgado de Garantía de Arica dictó sentencias condenatorias en contra de ambos, luego de que los dos aceptaran un procedimiento abreviado, reconociendo los hechos de la acusación. Así, Oporto recibió múltiples penas por su implicación directa en la red criminal, las que suman casi cinco años, mientras que Solans fue condenado a poco más de cuatro años en total.
“Los Kussy boys”
Según la acusación respectiva, la organización criminal a la cual los expolicías prestaron servicios era dirigida por Felipe Alexander Orellana Sánchez, quien coordinaba la importación de ketamina granulada desde Tacna, Perú. El método de operación consistía en el uso de “burreros”, quienes ingresaban la droga a Chile adosada al cuerpo mediante fajas elásticas. De esta forma, entre agosto de 2024 y abril de 2025, internaron más de 220 kilos de esta sustancia, la cual era distribuida posteriormente en las comunas de Conchalí y La Granja. La logística de los viajes, que incluía la compra de más de 30 pasajes aéreos y el pago de alojamientos, era gestionada por María José Reyes Silva y financiada por Orellana Sánchez, según el mismo documento.
La acusación también señala que los ingresos derivados del narcotráfico fueron objeto de maniobras de lavado de activos para ocultar su origen ilícito. Así, Khrishna Charlotte Vega Ramírez, pareja de Orellana Sánchez, adquirió vehículos de lujo, incluyendo un Audi Q5 por 41 millones de pesos, pagados en efectivo, y un BMW X3, por 26 millones de pesos. Vega también pagó una cirugía estética de un modo muy peculiar, como indica el documento, que señala que esta “fue cancelada con fecha 26 de agosto del 2025, en billetes de baja denominación por un monto de $10.260.000 mil pesos (entregado en una caja de zapatos)”. En otras palabras, pagó al contado y con billetes de mil y cinco mil pesos.
Asimismo, se acusa a Diego Bustos Guerrero de haber actuado como testaferro para la comprar una propiedad en Renca, valorada en 25 millones de pesos. En los procedimientos policiales se incautaron además artículos de marcas de alta gama, joyas y un anillo de oro blanco que había sido reportado como robado en forma previa.
En este caso, el Ministerio Público presentó acusaciones contra los miembros que no optaron por procedimientos abreviados. Así, para Felipe Orellana Sánchez se solicitan penas que suman 10 años por asociación criminal, 15 años por tráfico de drogas y 10 años por lavado de activos, entre otros delitos.
Alexis Broggi Pardo, John Reyes Carroza y Michel Córdova Marileo, en tanto, enfrentan solicitudes de cuatro años por asociación criminal y 15 años por tráfico de drogas. La audiencia de preparación de juicio oral para estos acusados fue fijada para el 10 de septiembre próximo.
Los detectives del Tren de Aragua
Otros dos sujetos que fueron detenidos siendo detectives en servicio activo de la PDI son Nicolás Ortega Castro y Sebastián Peredo Vera, quienes están presos desde 2023 y próximamente enfrentarán un juicio oral en el cual la fiscal especialista en trata de personas Carolina Suazo está pidiendo cadena perpetua simple para ambos expolicías, debido a que según los antecedentes indagados por la Brigada de Trata de Personas de la PDI ambos eran parte de una célula del Tren e Aragua que explotaba sexualmente mujeres en distintas partes del centro de Santiago, incluyendo la Plaza de Armas.
Ortega funcionario de la BIRO Oriente, la misma unidad en la cual se desempeñaba hasta hace poco tiempo el subcomisario Rodrigo Silva, quien mencionó al primero mientras se encontraba parapetado en una oficina de Las Condes, al tiempo que gritaba por la ventana que lo querían asesinar o detener, el 9 de julio pasado.
Según reportó Mega, este gritó que “me quieren tomar detenido. Hay otro colega que está detenido, a quien le hicieron lo mismo, se llama Nicolas Ortega”, en referencia al exoficial imputado por su vínculo con el TDA.
Sin embargo, los antecedentes en contra de Ortega y Peredo, quien era funcionario de Policía Internacional, son bastante fuertes, pues existen videos que los muestran de shopping en un mall de la zona oriente con los jefes de la célula del TDA y en el reciente juicio a que fue sometida parte de esta (proceso que terminó con ocho condenas a cadena perpetua) se indica que ambos, igual que en el caso de la ketamina, entregaban información a los delincuentes, llegando incluso a informarles acerca del paradero de una niña de 17 años que era obligada a ejercer el comercio sexual en la plaza de Santiago, desde donde fue rescatada por la Britrap.
De hecho, el fallo indica que ambos recibían dinero al informar “acerca de procedimientos propios de la policía, del lugar donde se encuentran las víctimas y de obtener información desde los sistemas que mantiene la policía sin justificación“.
De ambos se acusa también que su rol es que promovían y facilitaban “la captación, traslado, acogida y explotación sexual de las víctimas”, las cuales eran captadas en el extranjero, y que recibían “dinero, especies y transferencias de otros integrantes de la organización criminal”.
Los dos, además, aparecen realizando transferencias de dinero con la cuenta que manejaba otra de las imputadas, Aura Villalobos, quien lavaba dinero por medio de un salón de belleza.
