La paradoja de las migajas: el campo como contención y la burocracia del desgarro

La reciente columna titulada “Cuando el Estado abandona a las mujeres rurales” invita a una discusión que va mucho más allá de la mera permanencia de un programa gubernamental. Si bien levanta una alerta válida, el análisis se detiene justo donde empiezan los verdaderos problemas del territorio.

Es habitual que, cada cierto tiempo, voces arraigadas en la comodidad urbana miren hacia el campo con una empatía de vitrina, teorizando sobre una realidad que no padecen. Hablan de la ruralidad desde espacios climatizados, ajenos al frío implacable, a la incertidumbre climática o al aislamiento histórico que enfrentan nuestras familias.

Para esa tecnocracia, el campo parece reducirse a un escenario estético: una vez que la foto linda en el invernadero queda plasmada en sus redes o informes institucionales, dan la vuelta, cierran la tranca y el desamparo vuelve a ser herencia exclusiva de quienes nos quedamos a trabajar el suelo. Tras esa fachada de buenas intenciones, se esconde una desconexión estructural que es necesario revisar de frente.

Escribo estas líneas desde mi rol y responsabilidad como presidente de un gremio donde más del 50% de sus integrantes son mujeres rurales. Ellas no necesitan que les expliquen qué significa habitar la ruralidad; lo viven cada día en el rigor del clima y en el esfuerzo por hacer brotar nuestro territorio.

Como jóvenes que trabajamos y vivimos de lo que nuestras manos producen, sentimos una genuina distancia frente a los discursos de exautoridades que hoy critican al Estado, pero que en sus propios períodos de poder no empujaron un solo cambio estructural, utilizando históricamente a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) como el trampolín perfecto para sus tribunas políticas.

Ha pasado más de medio siglo desde la Reforma Agraria —su único salvavidas discursivo— y es desalentador constatar que no han sido capaces de proponer una sola idea nueva que sintonice con el siglo XXI. 

El verdadero dolor del campo no se soluciona con talleres de fomento ni con defensas corporativas en la prensa. El desgarro que la AFC sufre en total soledad es que los jóvenes se siguen yendo. El campo se está quedando sin relevo porque vivir de él se ha transformado en un acto de resistencia extrema. Y frente a esa hemorragia histórica, la respuesta de la tecnocracia es el lamento por el diseño o la modificación de un programa burocrático. 

Hay que decir las cosas con la propiedad de quienes habitamos el territorio: programas como Prodemu, Prodesal o PDTI no han sido políticas de desarrollo real ni de fomento agrícola genuino. Son, en su definición más cruda, políticas de contención de la miseria. 

La evidencia que constata este fracaso es inapelable: apenas entre un 10% y un 12% de estos programas impacta directamente a los jóvenes. El grueso de los usuarios son personas que llevan 10, 20 o más años amarrados a las mismas glosas institucionales. Si un programa requiere mantener a un productor bajo su tutela durante dos décadas sin lograr que despegue, no estamos ante una política de movilidad social; estamos ante la prueba rotunda de que el sistema solo busca administrar la pobreza, congelándola en el tiempo para que no moleste a los centros urbanos. 

Sustentar a una familia entera en el campo con un millón de pesos al año en subsidios e insumos es un alivio para la billetera fiscal. Con esa módica suma, el Estado se asegura de que esa familia produzca las calorías mínimas para subsistir y, sobre todo, de que permanezcan allí, invisibles.

Si esa población migrara a las ciudades, el gasto público se multiplicaría de golpe en vivienda, salud y servicios sanitarios. Estos programas no defienden el arraigo; defienden el presupuesto estatal a costa de nuestro estancamiento. 

Cada año se inyectan millones de dólares en el aparato rural, pero la pregunta incómoda que nadie quiere responder es cuánto de ese dinero impacta realmente en el surco y cuánto se queda financiando una maquinaria voraz de funcionarios, consultoras y, de manera muy relevante, municipios. Porque es en las arcas municipales donde aterriza una enorme cantidad de estos recursos públicos, utilizándose para engrosar plantas, financiar estructuras locales y mover un aparataje que depende estrictamente de la existencia del pobre rural para justificar sus propios presupuestos y sueldos. Al final, el impulso económico rebota y se diluye en ese ecosistema burocrático, dejando al productor final rezagado al último eslabón de la cadena.

Estos programas no le han mejorado la vida a la gente del campo; le han asegurado el bienestar a quienes viven de asesorar al campo.

Por eso, la discusión no puede quedarse en llorar el fin de un diseño institucional que jamás movió la aguja del desarrollo rural. Es cosa de acercarse a las agrupaciones de mujeres que hoy están liderando la producción real en la Araucanía y preguntarles directamente si sus aspiraciones se limitan a esa agricultura de subsistencia a la que el Estado las quiere encasillar por décadas. Ellas están levantando proyectos, innovando y gestionando el suelo con una visión de futuro que sobrepasa por completo el asistencialismo de oficina. Nosotros no queremos movimientos diseñados en la urbe que contaminen nuestro entorno con ideas ajenas. 

Lo que el campo necesita por parte de la cartera de agricultura es abandonar, de una vez por todas, esa lógica de asistencia social y terminar con la pantomima de disfrazar como fomento productivo lo que en realidad son programas de contención. Para el desarrollo social ya existe un ministerio específico; como gremio de jóvenes, exigimos que dejen de mentirnos usando la agricultura como fachada.

La otra pregunta incómoda es qué pasa con los demás ministerios, cuya ausencia en la ruralidad es absoluta. El campo chileno parece haberse convertido en el patio trasero e incómodo de una sociedad en auge, un territorio invisible donde las instituciones solo entran para sacarse la foto de rigor y, acto seguido, darnos la espalda y cerrarnos la collera.

Revertir la realidad de un sector hoy desarraigado, decaído y vaciado de juventud exige multiplicar la apuesta con recursos serios y con una presencia estatal real y multisectorial. No queremos programas para seguir dependiendo crónicamente del Estado; exigimos las herramientas para conquistar un desarrollo autónomo, próspero y digno para las familias que decidimos quedarnos a trabajar nuestro suelo.