Seguridad económica: la lección que la paz no resuelve

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, cuyo fin fue anunciado hace pocos días, parecía haber abierto una etapa de distensión. Sin embargo, los recientes ataques de Israel al Líbano volvieron a tensionar el escenario internacional, llevando a Irán a comunicar el cierre del Estrecho de Ormuz. Este episodio vuelve a instalar una pregunta que ningún acuerdo de paz resuelve: ¿por qué América Latina sigue expuesta a decisiones que no toma, en conflictos que no controla, una y otra vez? Durante meses, los precios de la energía, los fletes, los seguros, los alimentos y el tipo de cambio se movieron al ritmo de decisiones adoptadas a miles de kilómetros de distancia, y todo indica que volverá a ocurrir.

Esa discusión no debería limitarse al mundo público. Para las empresas, estos episodios ya no son solo noticias internacionales: son riesgos que entran al balance, alteran costos, tensionan contratos, interrumpen suministros y modifican decisiones de inversión.

La OCDE define la seguridad económica como la capacidad de un país de fortalecer su resiliencia frente a amenazas externas e internas. En la práctica, eso supone primero anticipar y proteger —saber qué depende de quién y dónde está la exposición—, y después poder absorber el golpe cuando la amenaza se materializa y recuperarse sin quedar dañado de forma permanente. De poco sirve identificar una dependencia crítica si no existe capacidad de sustituirla o sostener la operación mientras dura la disrupción.

Esa exposición no es uniforme: la misma crisis produce efectos distintos según la estructura económica de cada país. A un exportador de hidrocarburos un alza del petróleo puede aumentarle los ingresos fiscales; a un importador neto le significa inflación y menor espacio fiscal. En ambos casos, la región queda expuesta a decisiones que no controla.

Chile es un caso ilustrativo. Economía abierta, dependiente del comercio marítimo, importador neto de energía, con sectores estratégicos insertos en cadenas globales. La minería depende de energía, agua, puertos e insumos importados; la logística, de rutas y combustibles; el turismo, de conectividad, combustibles y tipo de cambio. Cuando un conflicto lejano tensiona uno de esos eslabones, el problema deja de ser económico y se vuelve estratégico, porque funciones esenciales de la economía quedan expuestas a shocks externos.

Vale la pena mirar cómo distintos países han avanzado en seguridad económica, sin asumir que sus modelos sean directamente replicables para Chile. Japón la tradujo en 2022 en una ley marco sobre bienes críticos, infraestructura esencial y tecnologías sensibles. La Unión Europea combina screening de inversiones con exigencias de resiliencia industrial y diversificación en sectores estratégicos. Australia, mediante la Future Made in Australia Act, evalúa en qué áreas la capacidad doméstica resulta necesaria para la resiliencia y seguridad económica, con foco en minerales críticos, hidrógeno, metales verdes y manufactura limpia. Difieren en instrumentos, pero comparten una lógica: identificar dependencias relevantes y construir capacidades para reducir, absorber o gestionar sus efectos cuando fallan.

Chile debiera avanzar en esa dirección con una agenda público-privada. El Estado coordina, informa y regula; pero buena parte de las cadenas críticas —minería, energía, puertos, telecomunicaciones, banca— las opera el mundo privado, y sin su información cualquier diagnóstico estatal será incompleto. Para las empresas, esto es gestión de riesgo: revisar proveedores, rutas, contratos y exposición cambiaria, mirando la geopolítica como variable para la estrategia corporativa.

Chile necesita, al menos, dos avances, construidos con criterios objetivos y técnicos que no favorezcan ni perjudiquen a actores particulares. Primero, un mapa nacional de dependencias críticas, con participación pública y privada. Segundo, capacidad de resiliencia propiamente dicha —diversificación de proveedores y rutas, redundancia en infraestructura crítica, planes de continuidad que se testeen y no solo se documenten—. En esa misma lógica debe entenderse el actual debate sobre el screening de inversiones: no como una barrera a la inversión extranjera, sino como una herramienta que busca generar reglas claras, aportar certidumbre sin discriminación arbitraria, y evaluar operaciones en sectores estratégicos antes de que generen dependencias difíciles de revertir.

El acuerdo de paz alivia los mercados; no elimina la vulnerabilidad que reveló. La próxima interrupción no avisa, y prepararse para ella —Estado y empresas, juntos— no es un gasto: es la forma más concreta de ejercer soberanía en una economía abierta.