¿Y los niños chilenos?

El informe preliminar de la Contraloría General sobre el ingreso de menores haitianos al país ha instalado una crisis que Chile todavía está procesando.

Pero el caso haitiano plantea una pregunta más amplia que vale la pena responder con honestidad: ¿Es esta una expresión visible de un problema institucional? La evidencia sugiere que sí. Porque Chile tiene cientos de miles de niños fuera del sistema escolar. 

1. Un problema de información, no solo de voluntad.

El problema profundo es de diseño: un sistema que no produce información confiable, lo que impide que el Estado pueda protegerlos eficazmente, independientemente de la voluntad de quienes lo operan. 

Esto ocurre con la desescolarización. Chile no sabe con precisión cuántos niños están fuera del sistema escolar porque no tiene un mecanismo robusto para saberlo. Las estimaciones disponibles oscilan entre 139 mil y 358 mil niños y adolescentes, según la metodología utilizada. Esa brecha no es menor: refleja la ausencia de un registro nominal, actualizado y cruzado entre instituciones.

Sin información confiable, la política pública opera a ciegas. Y cuando opera a ciegas, los que caen por las grietas son siempre los más vulnerables. 

La lección no es que el Estado necesita más voluntad. Es que necesita mejores sistemas de información, trazabilidad e incentivos para actuar sobre las alertas que esos sistemas producen, y, además, capacidad de convertir esa información en acción y protección efectiva. 

2. El problema de los incentivos en el gasto educativo.

Chile destina un 5,9% del PIB a educación, por encima del promedio OCDE. Pero la distribución de ese gasto revela una lógica de incentivos que vale la pena examinar. Un 2,4% del PIB va a educación terciaria, mucho más que el promedio OCDE de 1,5%, mientras la educación media se financia por debajo de ese mismo promedio. La educación temprana, pese a los avances de la última década, sigue siendo el tramo con menor inversión relativa. 

Esta distribución no es accidental. Responde a una economía política predecible: los beneficiarios de la educación superior son votantes activos, organizados y con capacidad de presión. Los niños de tres años no votan. Los que abandonan la escuela a los catorce tampoco tienen voz en el debate presupuestario. 

El resultado es una asignación de recursos que privilegia sistemáticamente el final de la trayectoria educativa sobre su inicio y su continuidad, exactamente al revés de lo que indica la evidencia sobre retornos sociales. 

La investigación en economía de la educación es consistente en este punto: los retornos de la inversión temprana —en desarrollo cognitivo, habilidades socioemocionales y permanencia escolar— son significativamente mayores que los de la expansión de beneficios en la educación terciaria. Heckman lo demostró hace más de dos décadas.

Los datos chilenos no contradicen esa conclusión. El problema no es de conocimiento: es de incentivos políticos que empujan en dirección contraria.  

3. Revinculación escolar como política, no como programa.

La respuesta al problema de la desescolarización requiere algo más que recursos adicionales, requiere un cambio en la lógica de intervención. La política educativa chilena ha operado históricamente bajo el supuesto de que la demanda por escolarización es suficientemente robusta como para no requerir gestión activa de la permanencia. La pandemia demostró que ese supuesto no se sostiene bajo presión y que los efectos de la desvinculación se acumulan con rapidez. 

Una política efectiva de revinculación requiere, al menos, tres condiciones. Primera, información nominal: no basta saber cuántos niños están fuera del sistema; es necesario saber quiénes son, dónde están y por qué salieron. Eso exige cruzar registros de educación, salud, protección social y Registro Civil, algo que Chile no hace de manera sistemática. Segunda, capacidad territorial: los equipos que operan la revinculación deben poder llegar a los hogares, no esperar que las familias lleguen a las instituciones. Tercera, flexibilidad de trayectoria: un sistema que solo ofrece reingreso al mismo punto de salida tendrá tasas de retención bajas. Las trayectorias de retorno deben incluir apoyo psicosocial, nivelación y acompañamiento sostenido.  

El Mineduc reporta que más de 18 mil estudiantes desvinculados regresaron a las aulas en 2025. Es un avance real. El problema es que sigue siendo una operación de rescate puntual, no una decisión radical con metas, plazos y rendición de cuentas institucionalizada. 

4. Rendición de cuentas como mecanismo, no como reproche.

La pregunta relevante es por qué los mecanismos de corrección no funcionaron a tiempo. Los datos de desvinculación escolar se publican anualmente sin generar obligaciones concretas para ninguna institución. Lo que falta es el mecanismo que convierte esa información en acción. 

Eso es un problema de diseño institucional, no solo de personas. Un sistema bien diseñado no depende de que los funcionarios correctos estén en el lugar correcto en el momento correcto. Eso ayuda, pero se requiere más. Se requieren reglas que establezcan responsabilidades claras, plazos exigibles y consecuencias verificables cuando no se cumplen. El número de niños fuera del sistema escolar debiera ser un indicador de primer nivel en el debate presupuestario, con la misma visibilidad que la tasa de desempleo.  

Tenemos un Estado que no produce información confiable sobre los más vulnerables, que no tiene incentivos bien calibrados para actuar sobre esa información, y que carece de mecanismos robustos de rendición de cuentas cuando falla.  

Corregir eso no es una tarea emotiva. Es una tarea institucional. Y tiene un orden lógico: primero, encontrar a los niños que el Estado ha perdido de vista. Segundo, construir los sistemas que impidan perderlos de nuevo. Tercero, alinear el gasto público con la evidencia sobre dónde se generan los mayores retornos sociales. 

La primera obligación del Estado no es pretender administrar recursos. Es no perder de vista a quienes dependen completamente de su protección. Todo lo demás puede esperar. Esto, no.