Recorte de oportunidades: el retroceso que Chile no merece

El oficio circular N.º 16 del Ministerio de Hacienda, que propone evaluar la descontinuación de 15 programas educativos y reducir al menos en un 15% otros 42 como parte de la formulación del Presupuesto 2027, abrió un amplio debate e instaló incertidumbre en la comunidad educativa.

Un ejemplo claro es el programa Beca Vocación de Profesor, una de las pocas políticas orientadas para abordar la crisis global de escasez de docentes.

En Chile, el déficit actual es de aproximadamente 25.000 docentes, y se proyecta que para el 2030 falten alrededor de 33.000 educadores en el sistema educativo. Justamente la Beca Vocación de Profesor busca atraer a estudiantes destacados para que estudien pedagogía, y luego se incorporen en el sistema educativo público.

La incertidumbre provocada por este tipo de anuncios, constituyen una amenaza sobre todo en contextos educativos regionales.

Por ejemplo, la región de La Araucanía es la segunda región del país con mayor cantidad de escuelas rurales (12%), y precisamente es en estas escuelas donde se requieren más y mejores docentes.

El desafortunado oficio incluye reducir el Fondo de Educación Pública del cual depende la Nueva Política de Educación Pública, es decir, los servicios locales de Educación Pública, que operan justamente en territorios rurales.

Está demás analizar los efectos que tendría una modificación presupuestaria en el Programa de Alimentación Escolar, Beca Indígena, Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), Sistema Nacional de Inducción y Mentoría a docentes principiantes, entre otros programas que afectan de manera directa a estudiantes de todos los niveles, en especial a aquellos de regiones con mayores índices de pobreza multidimensional. 

En el caso de la educación superior, programas como el PACE que desde el 2014 ha democratizado el acceso a la educación superior, y como consecuencia ha viabilizado la movilidad social de estudiantes de contextos socioeconómicos desfavorecidos. Su contribución está directamente asociada a las trayectorias educativas mediante la retención de estudiantes talentosos en el sistema de educación superior. En esto participan una red de más de 600 establecimientos educacionales, 29 universidades, y más de 470 mil estudiantes que han participado de este programa.

Uno de los principales logros evidencia que los estudiantes PACE logran equiparar la calificación final de sus pares durante el primer año, mayor compromiso académico, menores conductas disruptivas, entre otros aspectos.

Con estos efectos, las expectativas académicas de los estudiantes y sus familias se ven mejoradas, lo que se traduce en una oportunidad de construcción de proyectos de vida tanto para los estudiantes y sus familias.

En definitiva, programas como el PACE actúan como un mecanismo de desconcentración del capital cultural y mitigación de la reproducción de desigualdades.

La invitación siempre será a corregir y mejorar todo aquello que nos permita fortalecer la educación pública, pero en ningún caso se debe retroceder en aquellas políticas que han mejorado la calidad de vida de las personas. Esto requiere, por supuesto, un diálogo regional que implique a todos los actores de la comunidad educativa.

Siempre tendremos la convicción de que la dirección de las políticas educativas debe lograr proyectos de sociedad cada vez más inclusivas.

Finalmente, ante la intención de recortar programas en educación, surge una pregunta de interés público: ¿Qué proyecto de sociedad se busca con las medidas recientemente anunciadas?