¿Quién no ha hecho la tarea? La inclusión pendiente en Chile

Durante las últimas semanas en Chile se ha vuelto a evidenciar una realidad incómoda. Esto ya que pese a los avances normativos y discursos que giran en torno a la inclusión, se han presenciado diversas situaciones vinculadas a la discriminación, caricaturización y vulneración de los derechos de las personas en situación de discapacidad.

Ha sido de conocimiento público el trato hostil, revictimizante y peyorativo que nuestra autoridad, la senadora, Sra. Fabiola Campillai Rojas, ha vivido en el Congreso.

Discursos que promueven el odio, que generan fake news y desvalidan a persona en situación de discapacidad no son ajenos a la realidad que viven otras autoridades (independiente del sector político) y personas en nuestro país.

El diputado Gustavo Gatica Villarreal también ha sido víctima de estas situaciones, que no solo promueven discursos que relativizan la discapacidad, sino que los posiciona en un lugar en el que de una u otra forma, deben dar explicaciones o educar a sus pares y a la sociedad en estas materias.

El ministro de las Culturas, las Artes y los Patrimonios también ha sido caricaturizado por su situación de discapacidad. Obviando, la masa crítica, una evaluación vinculada a gestiones y llevándolas a un plano de su vida personal.

También una concejala en Osorno tuvo que vivir una situación en la que la primera autoridad comunal, tuvo una actitud no acorde al cargo y a sus funciones en torno a requerimientos solicitados.

Una situación similar se vivió en una sesión del concejo municipal de Concepción, espacio en el que un concejal interpreta a otro en términos caricaturescos y discriminadores por su situación de discapacidad visual.

Los acontecimientos antes descritos llevan a problematizar en algo más de fondo, sean estas acciones realizadas de manera directa o indirecta, con o sin intención, puesto que son acciones consumadas.

Aquí es cuando debemos preguntarnos por qué existe esa vulneración y actitudes segregadoras respecto a las personas en situación de discapacidad. La respuesta requiere mirar más allá de los hechos aislados.

En Chile hablamos de un paradigma asociado a la inclusión social, que se norma bajo la Ley 20.422, en la que se establecen principios y cambios en torno a la forma de concebir la discapacidad, pues esta ya no es abordada desde una condición biológica, sino que es la interacción entre la persona y las barreras presentes en su entorno social la que genera situaciones de discapacidad y limita su participación plena en la sociedad. Por lo que hablamos del modelo social de la discapacidad.

Sin embargo, pese a estos modelos que hoy suenan como normas que estructuran comportamientos sociales y establecen las formas en la que debemos relacionarnos en sociedad, pareciera ser que alguien no ha hecho la tarea.

Esto, debido a que estos discursos, reacciones o actitudes demuestran que aún se concibe la discapacidad desde una perspectiva biológica, donde lo que es funcional y responde a los parámetros de “normalidad” establecidos por la sociedad es lo que puede aportar o ser parte de.

Entonces, si tenemos un marco normativo, suscribimos convenios internacionales y nos emocionamos colectivamente con la inclusión una vez al año, debemos preguntarnos ¿Quién entonces no ha hecho la tarea?

Ante esta interrogante, la respuesta más simple sería apuntar a quienes han generado este tipo de situaciones, sin embargo, el problema es estructural y mucho más profundo.

Cuando se caricaturiza a la discapacidad desde un lugar de autoridad, se relativizan situaciones de agresión que derivaron en una discapacidad o cuando instituciones públicas permiten que sus autoridades incurran en conductas no adecuadas al cargo sin sanciones sociales o políticas claras, no estamos frente a hechos aislados. Se está observando la manifestación, producción y reproducción de una cultura que no ha logrado comprender el significado de la inclusión.

Entonces, podemos plantear que no han hecho la tarea las instituciones públicas y servicios técnicos especializados en la materia, pues no han logrado transformar de manera efectiva las prácticas sociales, políticas, educacionales y culturales de nuestro país.

No han hecho la tarea los medios de comunicación, pues la discapacidad se posiciona como un elemento de espectáculo, compasión o confrontación política.

No ha hecho la tarea el sistema de educación, el cual concibe la discapacidad como una excepción y no como parte de la diversidad humana.

Y, tristemente, tampoco la ha hecho la sociedad, porque se observan estas situaciones con indiferencia, promoviendo la inclusión discursivamente pero no garantizando espacios libres de violencia y discriminación simbólica.

Tampoco han hecho la tarea las autoridades, pues hoy pese a tener dos personas en situación de discapacidad liderando ministerios del actual gobierno, existe un silencio en términos absolutos en torno a este tipo de situaciones.

La verdadera inclusión no se mide por la cantidad de normas o modificaciones a las leyes, conceptos políticamente correctos incorporados en los discursos ni tampoco por generar una rampa de acceso (que es una condición mínima).

La inclusión se mide por la capacidad que tiene la sociedad de reconocer a las personas en situación de discapacidad como sujetos de derecho, como ciudadanos, autoridades y personas que pueden participar y desarrollarse plenamente en los diferentes contextos de sus trayectorias de vida, sin dar explicaciones ni justificaciones.