Baja natalidad y pobreza: ¿qué pasa con las infancias y adolescencias?

Chile registra una de las tasas de natalidad más bajas de su historia, con un promedio de 0,99 hijos por mujer.

Entre las razones más mencionadas en el país están los factores económicos y las dificultades para compatibilizar trabajo, cuidados y vida familiar. Sin embargo, esta discusión también invita a preguntarse por las condiciones en que niños, niñas y adolescentes están creciendo hoy.

Hace poco se publicó el Informe Report Card Innocenti de UNICEF, que analiza el bienestar de infancias y adolescencias en 44 países de la OCDE.

El estudio sitúa a Chile entre los países con peores resultados en educación y salud física y mental, evidenciando cómo las desigualdades económicas continúan marcando sus trayectorias. 

Con el paso de los años, esas desigualdades que marcaron sus primeros años no desaparecen. Quienes trabajamos con jóvenes que han infringido la ley, vemos con frecuencia cómo estas brechas se acumulan a lo largo de la vida y condicionan trayectorias marcadas por experiencias de exclusión, pobreza y vulneración de derechos desde edades tempranas. 

De acuerdo con la sistematización Datos en Perspectiva: Justicia Juvenil del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC del total de jóvenes que han cometido delitos, el 70% vivió ausencia de sus padres, el 56% presenció violencia en su comunidad, el 48% violencia intrafamiliar y el 45% vivió con una persona que estuvo privada de libertad.

Estas cifras, nos muestran que los y las jóvenes son -muchas veces- una expresión concreta de desigualdades e injusticias que nos atañen a todos y todas como sociedad.

Entonces, resulta válido cuestionarse: el Estado chileno, ¿está garantizando la posibilidad de vivir en familia a todos y todas? Asimismo, cabe preguntarse si la decisión de postergar o renunciar a la maternidad y la paternidad responde, al menos en parte, a las dificultades estructurales que impone una sociedad ampliamente desigual. 

La manera en que la disparidad económica y social se constituye como un factor de riesgo que impide el desarrollo integral en niños, niñas y jóvenes requiere de una mayor robustez estatal, con sistemas de protección social que garanticen el acceso a la educación, salud, vivienda, entre otros, ya que cada vez que ingresan jóvenes a centros de reinserción social del país, no es reflejo de una situación aislada, sino más bien nos recuerda que aún nos quedan derechos por restaurar y violencias que sanar. 

El lugar donde nace un niño o niña sigue condicionando fuertemente sus oportunidades de bienestar y desarrollo en la vida.

Comprender que la mejor política pública no es la que reacciona a la complejidad social, sino más bien la que se antepone y logra construir un proyecto basado en la dignidad humana es lo que requerimos en el horizonte de nuestro país y quizás de esta manera, la familia sí sea un derecho garantizado para todos y todas.