La seguridad que nos merecemos

El asesinato de un niño durante una encerrona en San Bernardo no es solo una tragedia familiar. Es, también, señal brutal de hasta dónde ha llegado la violencia criminal en Chile. A esa familia le debemos solidaridad sin condiciones. L o que ocurrió no es un hecho aislado ni una simple falla del sistema.

En la región de Valparaíso, lamentablemente, lo sabemos de cerca. El asesinato de dos jóvenes acribilladas en el cerro Rodelillo no deja margen para la indiferencia y nos recuerda que esta violencia ya no tiene fronteras geográficas ni respeta la vida.

Habla de organizaciones que han normalizado el terror como instrumento de control territorial, las que reclutan con creciente frecuencia a niños, niñas y adolescentes para ejecutarla.

La participación de NNA en delitos violentos ha aumentado de manera sostenida. Pero más preocupante que el número es el patrón de esta criminalidad: adolescentes de 14, 15 o 16 años, capturados en sus propios barrios por organizaciones compuestas por adultos, que los instrumentalizan como ejecutores.

No basta solo con reconocer que el Estado llegó tarde o simplemente no llegó a sus vidas. Las tasas de reincidencia en el sistema de responsabilidad penal adolescente superan el 60%.

Frente a esto, el endurecimiento penal a los NNA por sí solo resulta insuficiente. El Presidente dijo que ojalá pasaran su vida en la cárcel. Los gobiernos regionales sabemos quiénes son esos jóvenes en riesgo, qué barrios concentran la vulnerabilidad, qué programas han funcionado y cuáles no.

Entregarnos esas atribuciones no es un capricho regionalista, es la única forma seria de enfrentar el reclutamiento criminal con políticas que lleguen a tiempo y con pertinencia territorial.

En Valparaíso hemos invertido más de 56 mil millones de pesos entre 2021 y 2025 en seguridad pública: recuperación de espacios, televigilancia, equipamiento comunitario, programas para jóvenes. No somos la excepción, pues los gobiernos regionales del país han destinado en conjunto más de 400 mil millones de pesos a seguridad en el último quinquenio.

Lo hacemos porque conocemos el territorio. Y lo hacemos, en la mayoría de los casos, sin un marco legal que nos respalde, porque las atribuciones formales nunca llegaron en el gobierno anterior.

Ese es el nudo que hay que desatar. Hoy sigue durmiendo en el Senado el proyecto que crea la División de Prevención del Delito en los Gobiernos Regionales, una herramienta que nos permitiría diseñar e implementar programas sicosociales y situacionales dirigidos a NNA en riesgo, así como coordinar con los municipios y responder desde el territorio con la oportunidad que el nivel central no puede garantizar.

El proyecto que fue aprobado en la Cámara con 113 votos a favor, nació del compromiso explícito del Ejecutivo con la Asociación de Gobiernos Regionales (Agorechi) y hoy lleva meses esperando en el congreso.

Le pedimos al Gobierno del Presidente Kast que le otorgue urgencia.

Ningún niño debería morir a manos del crimen organizado. Ninguno debería ser reclutado por él. Esa convicción exige más prevención, más comunidad y más poder para los territorios.

La seguridad se construye también con presencia en los barrios que el Estado abandonó, con derechos sociales para quienes crecen sin ellos, y con la determinación colectiva de no rendirse ante la violencia ni ante el delito.