Adopciones forzadas: Chile se aísla de las orientaciones internacionales

Almirante J. T. Merino: “Entre las condiciones de los solicitantes, debe estar que sean de raza blanca, porque no podemos mandar un chileno donde un chino , un negro, un filipino o un taiwanes” 

General Matthei señala: “No, dirán que somos racistas. No se puede poner en la ley” 

Merino : “ Pero es una realidad absoluta y la es de forma absoluta.”

Matthei: “Hay señores, por ejemplo, en Suecia, que adoptan negros o camboyanos” 

Almirante Merino:  ¡Allá ellos!

Stange: El Juzgado puede decidir eso. 

Ministro de Justicia: Aparte de eso, aunque no sea obligatorio para el juez, en estos casos informa el Servicio Nacional de Menores. 

Merino: claro. 

Ministro de Justicia: Es un antecedente bastante vigoroso que evite este tipo de adopciones a que se ha aludido. 

Merino: Sería práctico ¿no creen ustedes? Un niño de dos años que sale de aquí y lo envían a Etiopía. En todo caso, los jueces tienen que fijarse en esto de las fotografías recientes de los solicitantes, que sean por lo menos de raza caucásica. (ACTA N° 7/88 Fecha: 19 de abril de 1988.) 

Las palabras de Merino no solo implicaba un anhelo para las adopciones internacionales en el futuro, sino daban cuenta de un sesgo racial que ya se implementaba al momento de identificar los países receptores de miles de niños  y niñas chilenos, que salieron del país con pasaporte y autorización de las autoridades de la época con fines de adopción.  

Este diálogo se inscribe en el contexto de la discusión sobre la modificación de la Ley de Adopción en Chile, al final de la dictadura civil y militar.

Una de las transformaciones introducidas fue la regulación de la adopción internacional, medida que daba cuenta, al mismo tiempo, de la magnitud del problema y de la creciente condena pública frente a la salida masiva de niños y niñas chilenos al extranjero.

En este marco, el Plan Nacional de Menores (1978-1982), impulsado por el dictador Augusto Pinochet, se propuso “ampliar significativamente el número de adopciones”, para lo cual flexibilizó los trámites, promovió campañas de difusión y acortó los tiempos de gestión. Este mandato incidió de manera decisiva en la expansión de las adopciones, principalmente hacia el extranjero, las que se desarrollaron de forma sistemática e intensiva durante ese período de la dictadura. 

La salida masiva de niños y niñas chilenos, se desarrolló, tal cual lo expresa Merino, principalmente hacia países del primer mundo en Europa y EEUU. Lo que responde al contexto de circulación sur – norte de las adopciones internacionales, pero también al objetivo político que estas cumplieron para el régimen: reducir la cantidad de niños en situación irregular, reubicándolos en familias en el extranjero, reduciendo con ello el gasto público en la protección y atención a las familias de extrema pobreza. Es decir, las adopciones a través de mecanismos forzados se transformaron en una herramienta de reducción de gasto fiscal y de regulación de las familias, principalmente de sectores populares. 

Los diversos testimonios, las fuentes y las evidencias históricas contenidas en “El Informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados en Chile sobre irregularidades en procesos de adopción e inscripción de menores” del año 2018,  el Informe Anual del INDH del 2023, el “Informe recomendaciones sobre adopciones forzadas o irregulares. Mesa Interinstitucional de Trabajo sobre Adopciones Forzadas o Irregulares” del año 2025, los diversos informes internacionales de Francia, Holanda, Noruega, entre otros, dan cuenta de la responsabilidad de agentes e instituciones del Estado en el desarrollo de estas prácticas sistemáticas de secuestro de niños y niñas con fines de adopción internacional. 

Recientemente, el gobierno decidió cerrar la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), una medida que resulta abiertamente contraria a las agendas internacionales que buscan fortalecer la institucionalidad para avanzar en verdad, justicia y garantías de no repetición. La eliminación de esta instancia deja a miles de familias sin el respaldo institucional que, por derecho, les corresponde por parte del Estado, profundizando así una búsqueda marcada por el dolor, la incertidumbre y la prolongada ausencia de respuestas institucionales. 

En este escenario, las organizaciones existentes en el país, entre ellas una de las más representativas, Hijos y Madres del Silencio, continuarán levantando la voz por verdad y justicia.

Del mismo modo, las agrupaciones internacionales que reúnen a miles de chilenos y chilenas adoptados en el extranjero seguirán presionando para que se garantice el ejercicio efectivo del derecho a la identidad, apelando a los tratados y estándares del derecho internacional.

Las demandas sociales por los derechos humanos no desaparecen por decreto ni por decisiones de carácter ideológico; por el contrario, persisten mientras no exista verdad plena, reparación y responsabilidad efectiva de quienes resulten culpables.