El costo de las soluciones fáciles: registro de vándalos y escuelas protegidas

Si observamos con detención los recientes proyectos de ley impulsados por el actual gobierno, Escuelas Protegidas y el Registro de Vándalos e Incivilidades, vemos que ambos comparten un mismo patrón: generan un importante impacto comunicacional, sin garantizar si quiera un mínimo de eficacia. En cierta forma, se asemejan a pintar la fachada de un edificio cuyos cimientos están agrietados.

La intención estatal es visible, genera una sensación momentánea de tranquilidad e incluso puede resultar políticamente rentable; sin embargo, deja intactas las causas estructurales del problema. La consecuencia es que el edificio no reparado seguirá deteriorándose y, tarde o temprano, terminará por derrumbarse.

Uno de los principales problemas que comparten ambos proyectos es que descansan sobre la ilusión de que, mediante sanciones especialmente severas o consecuencias particularmente estigmatizantes, las personas modificarán automáticamente su comportamiento. Se trata de una premisa atractiva desde el punto de vista político, pero considerablemente débil cuando se contrasta con la evidencia empírica disponible.

Desde hace décadas, la criminología y la política criminal comparada han demostrado que la capacidad disuasiva del derecho penal es, por decirlo mucho, limitada. Ello se explica porque las personas rara vez cometen delitos después de realizar un cálculo racional y detallado sobre las consecuencias jurídicas de sus actos.

Por el contrario, muchos comportamientos asociados a la violencia, las incivilidades o la delincuencia juvenil responden a factores mucho más complejos que la mera amenaza de una sanción.

Sin embargo, mientras los beneficios esperados de estas políticas de amedrentamiento suelen ser inciertos o marginales, sus costos sí son reales. Costos que no solo se expresan en términos de libertades individuales o garantías fundamentales, sino también en presupuesto fiscal.

La experiencia comparada demuestra que pocas decisiones resultan tan costosas como consolidar trayectorias de marginalidad. Porque cada persona que queda fuera del sistema educativo, laboral o social no genera ahorros, sino costos crecientes para el Estado y para la comunidad. Costos policiales, judiciales, penitenciarios y asistenciales que se proyectan no por años, sino por décadas.

Quizás allí radique el principal problema de estas iniciativas que, en lugar de favorecer mecanismos menos populares más efectivos, orientados a la reinserción e integración, terminan construyendo herramientas que facilitan la exclusión permanente de determinados grupos de personas, especialmente jóvenes, con el evidente riesgo de transformar una infracción en una etiqueta difícil de remover, dejando de resolver un problema para, a contrario sensu, crear uno mayor, que deberá administrar indefinidamente.

Pensar únicamente en el efecto inmediato de estas medidas es, en definitiva, pan para hoy y hambre para mañana, y llama la atención que pareciera no importar a nadie. Al fin y al cabo, los gobiernos duran apenas cuatro años y el problema se hereda a la siguiente administración, olvidándonos de que las consecuencias trascienden gobiernos y generaciones, generando un costo social y económico que no hemos calculado y que difícilmente podremos afrontar.