La emergencia real que se vive en Chile y el papel de la izquierda en su superación

Todo gobierno que llega prometiendo salvar al país de una “emergencia” contrae una deuda extraña: debe demostrar, cada día, que el problema existe y que él es la solución. Mientras la gente crea esa historia, el dispositivo funciona; cuando deja de creerla, se vuelve en contra.

Es lo que muestran las cifras a poco más de cien días del nuevo gobierno. Según Cadem, el Presidente Kast partió en marzo con 57% de aprobación, a comienzos de julio marca 37%, con 60% de desaprobación; Criteria lo sitúa en 39% durante tres semanas seguidas de junio, con mayorías de rechazo sostenidas desde abril; y la encuesta La Cosa Nostra agrega que un 61% considera la gestión peor de lo que esperaba. Pero hay un matiz decisivo que conviene no perder: Kast pierde los votos prestados, no los propios. Entre quienes lo votaron en primera vuelta, la aprobación se mantiene alta: sobre el 70%, según Criteria. Es decir, conserva su piso, su base dura, mientras se evapora la mayoría circunstancial que lo llevó a La Moneda en la segunda vuelta.

Estos resultados son una señal de que estamos ante un gobierno que ganó la elección pero que, social y culturalmente, gobierna en minoría: gobierna para los suyos, y los suyos, claramente, no son todo Chile.

Las palabras con las que se gobierna generan percepciones, opiniones y, sobre todo, expectativas. Cuando se instala el concepto de “gobierno de emergencia”, la gente acepta la noción y empieza a mirar el país a través de él: qué es urgente, qué puede esperar y a quién hay que culpar.

Mientras permanece la idea, el gobierno no necesita justificar nada, porque la categoría trabaja por y para él. Esa es su fuerza, y también su fragilidad: el significante funciona mientras parece una descripción y deja de funcionar cuando empieza a parecer una excusa. Las encuestas registran ese cruce con claridad.

En mayo, según Cadem, un 64% no creía que existiera un plan de seguridad concreto, justo en el área que la ciudadanía identifica como el compromiso central del Presidente.

Su primera cuenta pública condensó la paradoja: fue la más vista desde 2010 —78% se informó de ella—, pero obtuvo la evaluación positiva más baja registrada para un primer discurso de este tipo. Atención máxima, adhesión mínima.

Y La Cosa Nostra midió el famoso concepto: el 53% considera que el “gobierno de emergencia” no representa la situación de Chile y sirve, más bien, para culpar a los gobiernos anteriores.

Quienes marcaron la agenda con la emergencia se han visto atrapados en su propia telaraña: acusaron al gobierno anterior de falta de experiencia y se presentaron como la administración en que destacarían la eficacia, la efectividad y el correcto mando de las instituciones, sobre todo en seguridad ciudadana.

Irónicamente, esa misma lógica hoy se vuelve contra su beneficiario: el relato que infló el nombre amplifica ahora, con idéntica avidez, cada evidencia de su vaciamiento. Y las evidencias abundan en la principal promesa del gobierno de emergencia. El Ministerio de Seguridad Pública que debía encarnar la emergencia resultó ser el más improvisado del gabinete.

Su primera titular, Trinidad Steinert, envió a las 48 horas de asumir un oficio reservado a la PDI solicitando información detallada sobre una investigación penal en curso, vinculada al equipo policial que la había acompañado en su cargo anterior como fiscal regional. A comienzos de julio, la Contraloría dictaminó que aquella actuación inaugural excedió las atribuciones legales del cargo y vulneró su deber de abstención frente a un conflicto de intereses.

La titular fue removida a los 69 días, tras reconocer ante la Cámara que no tenía un plan formal de seguridad que exponer. La cartera insignia, estrenada fuera del marco legal y para asuntos arrastrados de la trayectoria personal de su titular: es difícil imaginar algo más grave en el corazón de un gobierno autodenominado de emergencia.

Mientras tanto, la única agenda que avanzó con toda la maquinaria del Ejecutivo fue la tributaria: rebaja del impuesto corporativo e invariabilidad de hasta veinticinco años para las grandes inversiones. La asimetría dice más que cualquier discurso. Donde se prometió mando hubo improvisación e ilegalidad administrativa; donde no se prometió nada —la economía y las finanzas de los de arriba—, hubo eficacia completa al servicio de las grandes fortunas.

La seguridad fue el nombre; el alivio tributario a los de arriba, el contenido. Esa es, en el fondo, la anatomía de la vacante: el lugar de la conducción no fue perdido en el camino, sino que nunca estuvo verdaderamente ocupado.

Bajo la coyuntura corre algo más hondo. Hay momentos en que una sociedad no cambia de opiniones dentro del mismo marco, sino que cambia el marco: la tabla de valores con que juzga todo lo demás.

La serie larga de La Cosa Nostra sugiere que estamos en uno de esos momentos. La creencia en que la riqueza se explica por el mérito —ese sentido común que sostuvo treinta años de transición— cayó desde un techo cercano al 68% hasta 54% en pocos meses; la percepción del abuso como origen de la riqueza subió a 38%; y la igualdad volvió a empatar como el valor más elegido por los chilenos, por sobre el orden y la libertad.

Quien gobierna con los valores del ciclo anterior no está simplemente equivocado: habla un idioma que la sociedad está dejando de hablar.

Aquí conviene introducir el matiz que complica el cuadro: este gobierno en minoría social está en mayoría legislativa. En la Cámara, el oficialismo quedó a un par de votos de la mayoría absoluta, y esa diferencia la cubre el Partido de la Gente, instalado en lo que sus propios parlamentarios llaman “oposición transaccional”: apoya a cambio de concesiones, amaga con restarse cuando el precio social no le acomoda —como ocurrió durante la tramitación de la megarreforma, que terminó votando a favor— y vuelve a la mesa cuando mejora la oferta. Una forma inusual si la comparamos con gobiernos anteriores. Es una mayoría formal sin respaldo social detrás, y ahí está su debilidad, porque las leyes aprobadas contra el sentir mayoritario no producen orden sino desafección.

Los datos son elocuentes: 92% pide mayor regulación estatal frente a los abusos empresariales (La Cosa Nostra), 73% cree que lo mejor para el país es subir los impuestos a las grandes empresas (Criteria, abril), y una mayoría —53%, según La Cosa Nostra— rechazaría la reforma insignia del gobierno, que hace exactamente lo contrario.

Cada ley despachada así ensancha la brecha entre lo que el Congreso vota y lo que el país quiere, y esa brecha termina debilitando a cualquier gobierno. La mayoría prestada tiene, además, fecha de vencimiento: un socio cuya brújula es el cálculo se alejará cuando la cercanía con un gobierno impopular empiece a costarle votos, y es razonable esperar que se convierta en su opositor más ruidoso cuando se acerque el nuevo ciclo electoral.

La tarea de las oposiciones democráticas no es imitar esa transacción, sino hacer visible lo que ella oculta: hoy quien presta los votos comparte la autoría de las leyes, y así se produce una mayoría legislativa que no representa a la mayoría del país.

Perder votaciones bien elegidas también es acumular: cada proyecto de protección rechazado deja un registro público de quién protegió a quién, y ese registro se cobra con el ciclo electoral.

¿Dónde está, entonces, la primera oportunidad? En una renuncia. La tentación obvia de las izquierdas es convertirse en el espejo invertido del gobierno: alimentar la polarización, medir el éxito por la intensidad del grito. Eso le sirve al oficialismo, porque la polarización cohesiona a su base —ese piso que no se mueve— y le permite postergar la rendición de cuentas; mientras el PDG rehúye esa polarización con su premisa “ni facho ni comunacho”, porque su base es menos ideologizada y más difusa. La oportunidad real es otra: volver a ocupar el lugar que el gobierno dejó vacante desde el primer día.

Volver a reivindicar el orden, pero no mediante su conducción autoritaria ni desde el simple castigo, sino desde la conducción democrática de una crisis que es real. Real en la vida cotidiana dañada por sistemas que administran nuestra vulnerabilidad —la seguridad, la pensión, la salud, el crédito, el peaje inevitable—, donde el ciudadano no elige sino que queda atrapado.

Las izquierdas perdieron el gobierno, en buena medida, porque fueron percibidas como incapaces de esa conducción. Lo recuperarán cuando vuelvan a ser creíbles precisamente ahí.

Nada de esto alcanza si la disputa se queda en el Congreso y en los platós de los programas. La ciudadanía que impugna a las fuerzas políticas sin proyecto claro vive en plataformas diseñadas para capturar la atención, no para establecer vínculos: la indignación circula pero no se organiza, conecta soledades sin crear comunidad y premia a quien grita mejor. Las izquierdas no van a derrotar esa maquinaria en su propio terreno, y tampoco necesitan demonizarla.

La tarea es ofrecer una forma de comunidad distinta —no antagónica— de la que ofrecen las plataformas: volver a los territorios, a la junta de vecinos, al club, a la escuela, a la feria, al municipio. Muchos de esos lugares conservan una alta densidad política, pero una comunidad a la que todavía le falta cuerpo. Reconstruirla es darle casa al malestar antes de que lo capture una oferta aún más reaccionaria, dispuesta a sostener el apoyo popular debilitando las bases institucionales que lo hacen posible. Lo digital convoca; el territorio retiene. Necesitamos una fuerza que entienda ambas cosas a la vez.

En definitiva, la tesis del momento es que la caída del gobierno de Kast irá in crescendo, y no porque Chile haya girado ideológicamente hacia la derecha radical —la serie de La Cosa Nostra muestra más bien lo contrario: su ventaja en la autoubicación ciudadana se desinfló hasta empatar con la izquierda, mientras el centro crece—, sino porque llegó primero a un lugar que las izquierdas habían dejado vacío, el de “hacerse cargo”, y nunca llegó a ocuparlo de verdad.

Improvisó donde prometió mando y fue eficaz solo donde nadie se lo pidió, y llamó emergencia a la seguridad, cuando su verdadera prioridad era la agenda económica. Quien conduzca la emergencia real gobernará el próximo ciclo. Quien se conforme con ser el espejo del gobierno heredará, apenas, su reflejo.