La transición energética atrapada en las deudas

El pasado 8 de julio, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto “Ordenemos la cuenta”, que busca enfrentar las deudas acumuladas en el sistema eléctrico.

El Ejecutivo espera que la iniciativa se convierta en ley durante este mes. Es una buena noticia que el Congreso haya avanzado con rapidez, pero la velocidad de la tramitación no debe ocultar que aún quedan preguntas de fondo.

Partamos por lo esencial. El congelamiento de las tarifas eléctricas implementado a partir de 2019 respondió a una necesidad social evidente. Pero la experiencia deja una lección que no debiera olvidarse: cuando un país decide congelar tarifas, debe hacerlo junto con un plan claro de descongelamiento y una hoja de ruta definida. De lo contrario, el alivio inmediato termina transformándose en una carga para el futuro, acumulando deudas con intereses, generando incertidumbre regulatoria y postergando decisiones que finalmente resultan más costosas.

La pregunta que sigue abierta es cómo se paga, con qué plazos y quién asume el riesgo si algo se desvía del cálculo original.

Durante estos años hemos ido hipotecando parte de los beneficios que la transición energética podía entregar a las familias. Chile realizó enormes inversiones en generación renovable y hoy cuenta con una matriz cada vez más limpia y con costos de generación inferiores a los de hace una década. Sin embargo, esos beneficios aún no se reflejan plenamente en las cuentas de la luz porque seguimos resolviendo obligaciones heredadas de decisiones políticas del pasado. Mientras el sistema eléctrico avanzó tecnológicamente, el sistema tarifario siguió mirando por el espejo retrovisor.

Es una paradoja incómoda: Chile lidera la transición energética, pero el ciudadano de a pie todavía no la ve reflejada en su boleta. Ordenar las cuentas atrasadas debería ser, también, la condición para que esa promesa finalmente se cumpla.

La semana pasada quedó en evidencia otra deuda pendiente. Los cortes de suministro provocados por el viento Puelche dejaron a más de cien mil clientes sin electricidad en La Araucanía y Los Ríos, muchos de ellos durante varios días. El proyecto incorpora medidas para fortalecer la fiscalización de la SEC y permite que las distribuidoras presenten planes de inversión. Sin embargo, sigue siendo insuficiente en el aspecto más relevante para la ciudadanía: asegurar inversiones concretas, verificables y oportunas en las redes de distribución.

Se debe ordenar el pago de la deuda y al mismo tiempo mejorar la infraestructura que provocó buena parte del problema.

Podemos tener una generación cada vez más renovable y abundante, pero si las redes no son más robustas y modernas, las familias seguirán enfrentando interrupciones que afectan diariamente su calidad de vida.

El país necesita abrir cuanto antes esa conversación. La modernización de la distribución no puede seguir postergándose.

También vale la pena recordar que el proyecto que ampliaba la cobertura del subsidio eléctrico, impulsado durante el gobierno del expresidente Boric e incorporando beneficios para los Servicios Sanitarios Rurales (ex APR), fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara en enero de 2025, pero nunca avanzó en el Senado. Esa mirada social del sistema eléctrico no debiera perderse.

La Cámara ya hizo su parte. Ahora el Senado tiene la oportunidad de perfeccionar esta iniciativa, fortaleciendo las exigencias de inversión en distribución y entregando mayor claridad sobre cómo los beneficios de la energía renovable finalmente llegarán a la cuenta de cada hogar.