Fronteras cerradas, puertos abiertos: la nueva geografía del poder

En el Chile de hoy, la soberanía parece tener dos velocidades. En tierra, el discurso es de fronteras cerradas, controles reforzados y una narrativa de protección frente a amenazas externas. Pero en el mar la práctica es otra: puertos abiertos, fiscalización insuficiente y una sorprendente tolerancia hacia flotas industriales que operan al borde (y a veces dentro) de nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Esta asimetría revela una nueva geografía del poder: una soberanía estricta en la cordillera y difusa en ese mar que tranquilo nos baña.

La evidencia reciente lo deja claro. El pasado 10 de julio de 2026, la autoridad negó la presencia de embarcaciones asiáticas dentro de la ZEE, asegurando que “no hay registros de ingresos a aguas jurisdiccionales”. Sin embargo, ese mismo día, investigaciones internacionales recogidas por medios nacionales revelaron seis reportes de ingreso de buques extranjeros, detectados por sistemas satelitales y alertados por organizaciones especializadas en pesca ilegal. Dos relatos, dos versiones, un mismo mar.

Este contraste no es anecdótico: es estructural, y desnuda una gobernanza pesquera chilena atrapada entre la retórica soberanista y una ceguera administrativa que raya en el cinismo. Mientras públicamente se insiste en que nuestras aguas están blindadas, la realidad nos estalla en la cara con denuncias que apuntan a que la propia Armada de Chile ha prestado servicios de reparación y logística en sus astilleros a barcos de la flota china vinculados a la pesca ilegal.

Ya no estamos hablando solo de una fiscalización insuficiente que no logra anticipar, verificar o sancionar a tiempo el asedio constante en el borde de nuestra Zona Económica Exclusiva: estamos ante una paradoja ética brutal, donde las mismas instituciones encargadas de la defensa nacional terminan dando soporte técnico y vital a los depredadores de nuestro océano.

Es el colmo de la soberanía de papel: custodiar la frontera marítima con discursos solemnes, mientras se mantienen las llaves del taller abiertas para quienes destruyen nuestro propio ecosistema.

Y mientras en Chile se debate si los ingresos ocurrieron o no, en Europa ya se mira el mismo fenómeno con preocupación estratégica. Esta semana, el sector pesquero europeo pidió formalmente a la Unión Europea que refuerce la vigilancia sobre la entrada de calamar asiático, alertando que la competencia desleal y la falta de trazabilidad están afectando sus mercados internos.

Europa entendió que la presión de estas flotas no solo erosiona ecosistemas: también distorsiona precios, desplaza la producción local y debilita industrias enteras. Chile, en cambio, todavía discute la precisión de un GPS.

Mientras tanto, nosotros, desde el mundo artesanal, enfrentamos un escenario cada vez más incierto. El retiro del proyecto de ley que buscaba ordenar el sector dejó un vacío normativo que hoy abre la puerta a retrocesos impensados, como la amenaza del regreso del arrastre para la jibia, una práctica que ya creíamos superada por consenso técnico y social.

A esto se suma la reciente nulidad de los registros pesqueros artesanales derivados de la ley de fraccionamiento, que ha dejado a miles de pescadores en un limbo administrativo: sin claridad sobre su estatus, sin seguridad jurídica y sin garantías para seguir operando.

Para nosotros, la discusión sobre la presencia de flotas industriales no es ideológica ni abstracta: es la diferencia entre tener futuro o perderlo.

Lo más llamativo es que esta continuidad de fronteras líquidas abiertas no depende del color político del gobierno de turno. Cambian los discursos, cambian los slogans y cambian los énfasis ideológicos, pero la política de puertos abiertos y la tolerancia logística hacia flotas externas permanece intacta.

En esa preocupante continuidad, algunos de los sectores que más llenan sus discursos con la palabra “soberanía” terminan defendiendo, en la práctica, una apertura que beneficia a actores externos mucho más poderosos que cualquier pescador artesanal chileno.

Quizás ha llegado el momento de sincerar el debate. No basta con discursos de identidad nacional si, al mismo tiempo, seguimos abriendo nuestros puertos y nuestras rutas logísticas a flotas que operan con estándares que Chile no controla.

La soberanía no se declama: se ejerce. Y ejercerla implica reconocer que la política marítima chilena necesita una revisión profunda, una fiscalización robusta y una coherencia que hoy, lamentablemente, no existe.