Contribuciones: cuando ayudar también cuesta

Hay una ecuación simple que explica mejor que cualquier discurso técnico lo que está en juego con las contribuciones: Patrimonio Municipal = Municipios – Gobierno Central.

No es una fórmula contable oficial, sino una forma de entender que la capacidad de los municipios para sostener servicios y obras depende, en gran medida, de decisiones que se toman desde el nivel gubernamental. Cuando esas decisiones restan recursos sin compensación, el patrimonio municipal se debilita: calles que tardan más en repararse, consultorios con menos insumos, proyectos que se postergan.

Eso fue lo que los alcaldes y alcaldesas llevaron al Encuentro Nacional de la ACHM, realizado en La Serena entre el 2 y el 5 de junio, al que asistió el presidente José Antonio Kast. La pregunta que plantearon no tuvo una respuesta coherente: ¿Cuánto le costará a cada municipio la exención de contribuciones para los adultos mayores?

La discusión llega en mal momento. Según la Revista SINIM 2025, los ingresos municipales crecieron 47,8% entre 2021 y 2024, pero los “gastos devengados” (compromisos de compra o servicio que los municipios ya han recibido y deben pagar) subieron 54,65% en el mismo período. Los municipios chilenos, en conjunto, ya gastan más de lo que ingresan.

El sistema de financiamiento municipal descansa en tres pilares: los ingresos propios permanentes, el Fondo Común Municipal (FCM) y las transferencias del nivel central. El Impuesto Territorial (las contribuciones) alimenta dos de los tres: un 40% queda en la comuna como ingreso propio, y el 60% restante va al FCM, que la Tesorería redistribuye automáticamente hacia las comunas con menos recursos. Por eso, eximir del pago a los mayores de 65 años no afecta solo a un municipio: golpea simultáneamente la recaudación propia, la torta del FCM y, de paso, arrastra el cobro de aseo domiciliario, que comparte el mismo sistema de cobro.

El golpe no lo siente Las Condes ni Providencia. Según la propia SINIM, mientras la Región Metropolitana depende del FCM en solo 40,19% de sus ingresos propios, La Araucanía depende en 77,76% y Ñuble en 77,28%. Cuando se contrae la base que alimenta el fondo, el golpe lo absorbe Temuco, lo absorbe Chillán, lo absorbe Coyhaique.

Hoy, de las 394 mil personas que pagan contribuciones en Chile, un 48% ya tiene rebajas de entre 50% y 100% si su ingreso mensual es menor a 2,1 millones de pesos. Varios alcaldes propusieron algo distinto a la exención universal: subir ese umbral a 3 ó 4 millones. Una salida focalizada, que protege a quien realmente no puede pagar sin regalarle el beneficio a quien sí puede, y que (según estimaciones municipales) reduciría el impacto en el ingreso propio hasta en 75% respecto de la exención universal.

El problema de fondo es que nadie en el gobierno ha entregado todavía una cifra que resista el escrutinio técnico. La Subdere dio una estimación, el ministro Quiroz otra, el presidente Kast otra distinta, y los alcaldes (que administran el territorio y conocen las cuentas desde adentro) manejan un número diferente a todos los anteriores. Los jefes comunales salieron del encuentro más confundidos de lo que llegaron.

Mientras eso ocurra, la ecuación seguirá abierta: el patrimonio municipal se fortalece cuando hay recursos suficientes para sostener servicios e inversión local, y se debilita cada vez que el nivel central resta ingresos sin un mecanismo claro de compensación.

La exención puede tener sentido como política social. Lo que no tiene sentido es aprobarla sin saber, con números reales, quién paga la diferencia.